La red de funcionarios que habría ayudado al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, al desvío millonario de recursos públicos sigue impune, mientras el exmandatario se encuentra próximo a enfrentar a la justicia mexicana a raíz de su detención en Guatemala.
Duarte de Ochoa es acusado de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal. En el mismo expediente son señalados Moisés Mansur, Javier Nava Soria, Rafael Gerardo Rosas Bocardo, Santa Bartolo Acuña y Miguel Velázquez Nieva, todos ellos prófugos de la justicia.
También se encuentra la esposa del exmandatario, Karime Macías Tubilla y sus familiares, que se encontraban con Duarte de Ochoa en Guatemala y a quienes la PGR ha investigado en el marco de la red de lavado de dinero que, se acusa, encabezó el exgobernador Veracruzano.
Las autoridades mexicanas han informado que Karime Macías no tiene ninguna solicitud para ser detenida con fines de extradición, por lo que no fue detenida durante el operativo en el que fue aprehendido Duarte de Ochoa.
Karime Macías, sus papás, su hermana y su cuñado son indagados dentro de la carpeta de investigación FED/SEIDF/UEIDFF/VER/001653/2016, refiere el diario Reforma. La misma información indica que se les señala por la adquisición con recursos del erario de Veracruz al menos 4 residencias en Estados Unidos, así como tres lujosos departamentos en Veracruz.
El concuño de Duarte, José Armando Rodríguez Ayache, fue detenido en el Aeropuerto de Toluca el viernes pasado cuando viajaba hacia Guatemala con los hijos de Duarte y con 11 mil euros en efectivo, situación por la cual tuvo que pagar una multa ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México. Fue a raíz de su detención que las autoridades mexicanas habrían dado con el paradero del exgobernador veracruzano.
Alberto Elías Beltrán, subprocurador jurídico y de asuntos internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), informó que el proceso de extradición del exgobernador podría tardar “de seis meses a un año”.
“En Guatemala, todas las resoluciones dentro del proceso de extradición son recurribles y vía amparo también, entonces es un proceso que lleva un tiempo”, explicó el subprocurador en entrevista con Televisa, quien refirió que en caso de que Duarte opte por no dar batalla legal, el proceso podría completarse en “dos o tres meses”, precisó.