Theresa May, primera ministra del Reino Unido, envió una carta recientemente a Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, donde anunciaba que el Reino Unido se retiraría de la Unión Europea de acuerdo con los procedimientos descritos en el Artículo 50 del Tratado de Lisboa.
En su carta señaló que, aunque el retiro era irrevocable, el Reino Unido busca forjar el acuerdo más cercano y de cooperación que fuera posible con la Unión Europea a partir de ese momento.
Aunque el Artículo 50 evita que la Unión Europea pueda bloquear el Brexit, ofrece pocos elementos de orientación sobre cómo deben realizarse las negociaciones de salida.
El tratado establece que si las partes no logran llegar a un acuerdo en un lapso de dos años, los tratados de la Unión Europea “deberán dejar de aplicarse” al Reino Unido, a menos que ambas partes acuerden una extensión. Si no es así, todas las relaciones con la Unión Europea serán interrumpidas, aun si otras obligaciones, como las establecidas de acuerdo con la Organización Mundial de Comercio, permanecen vigentes.
Sin embargo, el Artículo 50 del tratado contempla que el retiro de la Unión Europea no constituye un rompimiento total de las relaciones, dado que al establecer los términos de la salida, las partes podrían tomar en cuenta “el marco para la futura relación [del Reino Unido] con la Unión Europea”.
El tratado también establece que la Unión Europea encomendará su parte de las negociaciones al director de su equipo de negociación, que en este caso es Michel Barnier, un político francés. En este punto, todo está en juego.
El proceso del Brexit ya se ha puesto en marcha, y las diferentes actitudes asumidas por ambos bandos ante las negociaciones son, en verdad, sorprendentes. En su bien escrita carta, la primera ministra May buscó preservar una buena relación con la Unión Europea tras la separación.
Por supuesto, es innegable que el Reino Unido dejó la Unión Europea debido a su inconformidad con la postura dominante que la Comisión Europea en Bruselas tenía sobre distintos asuntos económicos y sociales en ese país; la Comisión Europea tenía la capacidad, en muchas áreas importantes, como las leyes laborales, de exigir a cada Estado miembro que armonizara sus leyes con las de los directivos de la Unión Europea.
Ese control directo desde el centro contrastaba enormemente con el plan original de una Comunidad Económica Europea más pequeña, en el que se hacía énfasis en cuatro libertades relacionadas con el movimiento de bienes, servicios, capital y personas a través de las fronteras nacionales.
En junio de 2016, el Reino Unido votó a favor de salir de la Unión Europea, en gran medida para evitar el control de la Unión en temas de regulaciones económicas y el movimiento de personas, especialmente inmigrantes, a través de las fronteras nacionales.
En ese momento, varios comentaristas alarmistas pensaban que la salida del Reino Unido mostraba que fuerzas populistas y aislacionistas llevarían a la nación hacia el ensimismamiento. Sin embargo, el mensaje conciliador de May asumió un enfoque completamente opuesto: hizo énfasis en la importancia de mantener y, de hecho, expandir, las relaciones de Libre Comercio con la Unión Europea mientras que el Reino Unido busca, sin ningún impedimento por parte de la Unión Europea, expandir sus relaciones comerciales con el resto del mundo.
La primera ministra escribió acerca de “la profunda y especial asociación” entre el Reino Unido y la Unión Europea, y esta última, continuó May, es “el amigo y vecino más cercano” del Reino Unido. Finalmente, propuso que “es necesario llegar a un acuerdo [sobre] los términos de nuestra futura asociación junto con aquellos de nuestra salida de la Unión Europea”.
Por desgracia, Barnier, de la Unión Europea, haciendo eco de Angela Merkel de Alemania, asumió un tono más frío. Desde luego, reconoció que ambas partes perderían si no se llega a un acuerdo en el período de dos años. Pero luego adoptó una postura de negociación innecesariamente dura que aumenta las posibilidades de un rompimiento.
Hizo énfasis en que la Unión Europea debía mostrar “unidad” al hacer frente a la crisis, y luego culpó al Reino Unido de incorporar “incertidumbre” en las relaciones actuales con los estados miembros de la Unión Europea. De manera más importante, anunció que sería “muy arriesgado” para ambas partes negociar los términos de su futura relación en tanto no se hayan establecido los mecanismos de la salida.
Al actuar así, rechazó explícitamente la propuesta de May de realizar negociaciones paralelas sobre ambos temas. Su dudosa afirmación de que la Unión Europea no estaba legalmente en una posición para negociar con un estado que aún es miembro (debido a que no es un país externo), parecería contradecir los términos del Artículo 50.
Para completar el procedimiento de divorcio, insistió en que las partes primero debían establecer, hasta el último centavo, las sumas que el Reino Unido debe a la Unión Europea por las obligaciones en las que incurrió previamente como Estado miembro. Luego, estableció esa cifra en 60,000 millones de euros (63.9 mil millones de dólares) para cubrir los elementos clave de la cuenta: compromisos de presupuesto, deudas de pensiones, garantías de préstamos y gastos de la Unión Europea en proyectos del Reino Unido.
Es difícil imaginar una apuesta inicial más contraproducente. El llamado a la unidad de Barnier es una afirmación apenas disfrazada de que los restantes 27 miembros continúan estrechamente unidos como cualquier otro cártel. Al hacerlo, es probable que Barnier tratara de prevenir una situación en la que otros miembros de la Unión Europea también desearan negociar una salida de la misma.
De manera más modesta, quizás también haya tratado de evitar una recaída hacia una “Europa de múltiples velocidades”. Esa idea ha adquirido cierto impulso dentro de la Unión Europea. La postura de múltiples velocidades parte de la premisa de que una armonización obligatoria podría no ser conveniente para todos los 27 miembros. A partir de ahí, contempla un conjunto de acuerdos en los que distintos miembros de la Unión Europea podrían tener acuerdos más o menos cercanos con el centro.
El enfoque, que podría hacer que la Unión Europea volviera en dirección de una zona de libre comercio, ha sido sugerido en parte para reducir la probabilidad de que otras naciones miembros pudieran sentirse tentadas a abandonar la Unión.
Esa idea tan intrigante parece muerta por el momento. Barnier, al igual que Angela Merkel, insiste que la Unión Europea no puede “seleccionar cuidadosamente” entre las cuatro libertades de movimiento (de bienes, servicios, capital y personas) “debido a que eso tendría consecuencias desastrosas para los otros 27 países miembros”.
Sin embargo, fue este dogmatismo intransigente lo que impulsó el Brexit en primera instancia. Un enfoque más sensible daría la bienvenida a la decisión de otros miembros de la Unión Europea de disminuir el control de Bruselas sobre sus asuntos internos debido a que, a largo plazo, la Unión Europea es más estable como una zona de libre comercio que como una organización piramidal.
El reciente y prolongado estancamiento en la Unión Europea es producto de las mismas tácticas de armonización que dañan la competencia entre estados dentro de ese organismo.
La secuenciación de las negociaciones siempre es muy importante para su éxito a largo plazo. Con respecto a esto, ninguna parte del Artículo 50 exige la postura de Barnier con respecto a la realización de acuerdos secuenciales. De hecho, una mejor interpretación del texto indica que las futuras negociaciones se deberán negociar al mismo tiempo que la salida.
El hecho de avanzar paralelamente a lo largo de dos líneas deberá hacer que cualquier transición resulte menos dolorosa. Pero la postura intransigente del francés Barnier es un ejemplo clásico de arrojar piedras sobre el propio tejado.
La virtud de la Unión Europea fue la integración económica mediante el retiro de las barreras comerciales, y no un control piramidal de mano dura. Al decidir posponer las negociaciones hasta que la separación esté completa, Barnier ha hecho que resulte más difícil restablecer la integración económica del comercio que obrará en beneficio de ambas partes.
Evidentemente, los miembros de la Unión Europea se benefician de la excelencia de los servicios financieros y bancarios del Reino Unido, y también resulta claro que la Unión Europea se beneficia de su acceso a la Unión Europea para la venta de bienes y servicios del continente. La primera prioridad debería ser analizar en qué medida esos acuerdos pueden salvaguardarse tras la conclusión del Brexit.
El hecho de colocar el divorcio en primer lugar complica todos estos acuerdos comerciales. En particular, resulta poco claro si el Artículo 50 autoriza el pago de cualesquier sumas entre miembros en el momento de su salida, y si es así, en qué medida. Sin embargo, aún si esos pagos colaterales son obligatorios, aún no está claro si el Reino Unido puede exigir a la Unión Europea que le devuelva cualesquier sumas pagadas en exceso.
Independientemente de si los pagos colaterales están fuera de la negociación, es seguro que el Reino Unido exija el derecho a poner en tela de juicio cada una de las afirmaciones de Barnier en un proceso que podría requerir legiones de peritos experimentados para analizar detalladamente cualquier proceso judicial. Esas obligaciones, independientemente de cómo se determinen, son más o menos fijas a la fecha de la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
Un procedimiento sensible consistiría en realizar, en caso de ser necesario, algún pago anticipado, después del cual podría pagarse el saldo más intereses. El retraso no es un gran problema para los pagos monetarios. Pero sí que es un enorme problema si los acuerdos comerciales ordinarios se dejan en espera durante años hasta que se resuelve la disputa sobre la transferencia de pagos.
Por ello, Barnier tiene sus prioridades de cabeza. En términos generales, debe ser relativamente fácil resolver la mayoría de los problemas económicos y sociales siempre que la Unión Europea, Barnier and y la canciller Merkel relajen su postura de “todo o nada”.
La pregunta más espinosa hasta ahora es la forma en que los problemas de los refugiados y de la inmigración interactúan con el principio de libertad de movimiento de personas a través de la Unión Europea. Debido en parte a la decisión de Merkel de permitir la entrada a Alemania a alrededor de un millón de refugiados, la ampliación del número de miembros de la Unión Europea ha complicado el problema.
Una forma sensible de hacer frente a esta materia es separar el problema de los refugiados del movimiento de ciudadanos a través de las fronteras para los propósitos usuales de negocios, viajes y jubilación. Por desgracia, eso podría no ocurrir si los partidarios de la línea dura de la Unión Europea se salen con la suya.