Los 800 integrantes de la comunidad Choréachi, situada en el municipio de Guadalupe y Calvo, en la sierra Tarahumara, se encuentran en peligro inminente ante agresiones, hostigamientos y amenazas que se han dado en su contra en un contexto en el cual sostienen una disputa legal del territorio con otra comunidad y ante la presencia de grupos criminales vinculados al narcotráfico con intereses en el uso de la tierra.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ante esta situación ha ordenado al Estado mexicano la adopción de medidas urgentes de protección a favor de esta comunidad “a fin de garantizar su vida, integridad personal, así como la seguridad colectiva de todos sus miembros”. Se trata de la primera vez que el tribunal interamericano otorga medidas colectivas para una comunidad entera en México.
Las medidas provisionales fueron otorgadas tras la solicitud presentada el pasado 18 de marzo por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a raíz de denuncias presentadas por cuatro organizaciones de la sociedad civil que representan a la comunidad ante los órganos del Sistema Interamericano. La Comisión había dictado en 2014 medidas cautelares a favor de tres miembros de Choréachi, las cuales se extendieron posteriormente a toda la comunidad.
En su planteamiento ante la CorteIDH, la Comisión refirió cómo desde 2013 se han generado episodios de violencia contra los pobladores de esta comunidad los cuales se han ido incrementando al grado de que en febrero de este año fuera asesinado Juan Ontiveros, comisario de policía de la comunidad. El homicidio de Ontiveros se sumó a los de Jaime Zubías Cevallos y Socorro Ayala Ramos, perpetrados en 2013 y a raíz de los cuales se inició la petición de medidas cautelares.
La Comisión reportó además que desde 2015 se han dado reportes sobre la presencia de grupos de hombres armados que han amenazado a la población y que han obligado a algunos pobladores al abandono de su comunidad. Ante estos hechos, los representantes de la comunidad informaron en febrero pasado a la CIDH que existía “una extrema situación de riesgo de las personas beneficiarias y la continuidad en los hechos de amenazas, hostigamientos y otros hechos de violencia ocurridos en la región por la presencia de actores del crimen organizado, los conflictos del territorio y otros factores generadores de la situación de la violencia denunciada”.
Los representantes destacaron adicionalmente “la falta de medidas de protección adecuadas por parte del Estado pese al tiempo de vigencia de las medidas cautelares.” La CIDH por su parte indicó que si bien el Estado mexicano ha respondido a las medidas cautelares, no se han adoptado medidas “adecuadas y efectivas” para atender la situación de seguridad de la comunidad y por lo tanto pidió a la CorteIDH que ordene la implementación de medidas en favor de los habitantes de Choréachi.
En ese sentido, la Corte Interamericana tomó nota “del contexto de violencia que se presentaría en la región de la Sierra Tarahumara en la municipalidad de Guadalupe y Calvo con la posible presencia de ‘grupos del crimen organizado’ así como el recrudecimiento de la situación que se habría presentado desde el año 2015 hasta la fecha que incluye amenazas a miembros de la comunidad así como la muerte de uno de ellos con heridas de armas de fuego”. A criterio del tribunal, “tales hechos reflejarían una clara situación de extrema gravedad y urgencia y la posibilidad razonable de que continúen materializando daños de carácter irreparable”.
En ese sentido la CorteIDH determinó que el Estado mexicano continúe implementado las medidas de protección ya dispuestas además de adoptar las acciones necesarias para proteger y garantizar el respeto a la vida de los integrantes de la comunidad, a la par de que le ordenó la presentación de un informe, a más tardar el 25 de abril de 2017, sobre las actuaciones realizadas para dar cumplimiento a las medidas provisionales.