LAS TRES PALABRAS más aburridas del idioma inglés deben ser “congreso”, “presupuestario” y “oficina”, aunque algunas personas han votado por la frase “valiosa iniciativa canadiense”. A pesar de su somnoliento nombre, la Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés) está en el centro de un rencoroso debate relacionado con el intento del presidente estadounidense Donald Trump de revocar y reemplazar el programa Obamacare. La CBO, una rama independiente y bipartidista del Congreso, llena de economistas y otros ratones de biblioteca, analiza la legislación, calculando cuánto costará una ley al gobierno federal y a las personas afectadas por ella.
En el caso de la Ley Estadounidense de Atención a la Salud, o Trumpcare, como algunas personas han comenzado a llamarle, la CBO llegó a algunas conclusiones sorprendentes. Lejos de cumplir la promesa de Trump de dar cobertura a todas las personas con un costo menor, el organismo descubrió que habría 24 millones más de estadounidenses que se quedarían sin un seguro médico para 2026 que si el país se hubiera quedado con el Obamacare. Los precios se irán a las nubes para los estadounidenses de mayor edad, quienes perderían los subsidios que se les proporcionan según el sistema actual, junto con las protecciones que limitan lo que las aseguradoras pueden cobrarles antes de ser elegibles para Medicare al cumplir los 65 años de edad.
La CBO concede algunos elogios al plan. Las primas para algunos estadounidenses, en especial para aquellas personas que tienen alrededor de veinte años, se reducirán. Otra ventaja: el gobierno federal terminaría ahorrando 337,000 millones de dólares durante los próximos nueve años.
El gobierno de Trump no esperó la publicación del informe para comenzar a atacar a la CBO. Mick Mulvaney, por ejemplo, era representante estadounidense de Carolina del Sur hasta principios de este mes, cuando fue confirmado por el Senado como el director de la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés) de Trump. En el Congreso, Mulvaney era un diputado conservador de alto nivel, miembro del Partido del Té y del Comité Electoral de la Libertad, que con frecuencia criticaba a Paul Ryan, vocero de la Cámara, por tener una línea insuficientemente dura. Pero como director de la OMB, Mulvaney elogió el proyecto de ley del Trumpcare, el cual es impulsado por Ryan. Asimismo, ha contraatacado a algunos de sus aliados conservadores que se oponen al plan, pero concentró su desdén hacia la CBO, diciendo que “a veces les pedimos que hagan cosas que no son capaces de hacer”.
Se trató de un astuto, aunque absurdo, desaire trumpiano, ya que la CBO está diseñada precisamente para evaluar presupuestos. Y si la falta de respeto de Mulvaney no hubiera quedado lo suficientemente clara, el funcionario apareció en varios programas de televisión matutinos, con la ciudad de Washington helada y cubierta de nieve detrás de él, y proclamó burlonamente: “Bienvenidos a Washington, donde la CBO dice que estamos a 23° C y que es un día soleado”.
Este tipo de toma y daca podría ser desestimado como una serie de trucos ingeniosos por parte de Washington, pero es importante por dos razones. En primer lugar, la lucha por esas cifras determinará lo que habrá de ocurrirles a muchos estadounidenses y a sus planes de atención a la salud. Un debate que comenzó con proyecciones altamente técnicas de tasas de aseguramiento tendrá resonancia en los consultorios médicos y en las salas de emergencia. Otra razón importante: la CBO es uno de los muchos grupos no partidistas a los que Trump ha denunciado como “deshonestos”, “injustos” o, en el caso de la prensa, “enemigos del pueblo estadounidense”.
Todos los presidentes han criticado a los medios de comunicación y han chocado con sus organismos de inteligencia. Thomas Jefferson afirmó alegremente que no podía creerse “nada” que hubiera sido publicado en un periódico, y John F. Kennedy se enfureció con la CIA tras el fiasco de Bahía de Cochinos. Pero estos fueron desplantes excepcionales. El hombre de Monticello también alabó a la prensa, y Kennedy se volvió muy cercano a los espías de Langley.
La retórica de Trump está más allá de lo que hemos visto en este país; es una táctica devastadora que perjudica sus objetivos y su propia credibilidad. Cuando un juez federal suspendió su prohibición de viajar a las personas provenientes de varios países de mayoría musulmana, condenó al Noveno Circuito de la Corte de Apelaciones como “el grupo de personas más deshonesto que haya existido”. Más tarde, presentó la afirmación, actualmente desmentida, de que el presidente Barack Obama ordenó la intervención de los teléfonos de la Torre Trump, impugnando al expresidente y al FBI. ¿Qué ocurrirá si llega a convencer al mundo de que Irán no está cumpliendo con el acuerdo nuclear?
En 1974, el Congreso creó la CBO para evitar esa falta de credibilidad, apenas un mes antes de que el presidente Richard Nixon renunciara debido al escándalo Watergate. En una batalla sin ninguna relación, Nixon se enfrentó con el Congreso con respecto a la Ley de Aguas Limpias de 1972, la cual fue aprobada por los legisladores pasando por alto el veto presidencial. Nixon rehusó gastar los fondos, incautándolos, según el lenguaje legal, lo cual condujo a una batalla que llegó hasta la Suprema Corte. Para evitar crisis similares en el futuro, el Congreso aprobó la Ley de Presupuesto de 1974, que le dio un control mucho mayor sobre el gasto federal. Creó también la CBO, de manera que los legisladores pudieran tener un equipo económico que pudiera competir con la OMB de la Casa Blanca, que es de mucho mayor tamaño. La rama legislativa ya no tendría que depender de la evaluación económica, realizada por la rama ejecutiva, acerca de los efectos que pudiera tener una legislación.
En los 43 años que han pasado desde aquella fecha, la CBO se ha convertido en una institución ampliamente respetada. Su director es nombrado por los líderes del Congreso, a veces demócratas, a veces republicanos. Algunos de los economistas más distinguidos de Washington la han dirigido, entre ellos Alice Rivlin, demócrata, que fue su primera directora y posteriormente fue una aclamada lideresa de la OMB, así como Douglas Holtz-Eakin, posiblemente el más importante economista republicano de la actualidad.
PERJUDICADOS: Los estadounidenses de mayor edad y los de la clase media baja serán los grandes perdedores, de acuerdo con el plan republicano de atención a la salud. Foto: TOM WILLIAMS/CQ ROLL CALL/AP
Para ser justos, los presidentes e incluso los miembros del Congreso han atacado antes a la CBO. June O’Neill, que dirigió la oficina en la década de 1990, en el periodo del vocero de la Cámara Newt Gingrich, solía ser regañada periódicamente por Gingrich, cuya furia resultaba mucho peor por la cabeza gigante de T. rex que había en su oficina. “Tengo un expediente de todas las veces que amenazó con despedirme, pero nunca lo hizo, y usualmente era muy cortés”, señala O’Neill, para quien trabajé en la década de 1980. Obama y Bill Clinton manifestaron su profundo desacuerdo con la forma en que la CBO criticó sus respectivos planes de salud. Pero nadie en la Casa Blanca había cuestionado si la CBO era “capaz” de analizar proyectos de ley, como lo hizo Mulvaney.
Lo que la CBO conjeturó acerca del plan de atención a la salud de Trump establecerá los parámetros para el debate de los próximos meses. Esto es así aun si el proyecto de ley se reescribe, lo cual parece probable, ya que la medida está siendo atacada por todos los demócratas y por grandes sectores del Partido Republicano (los republicanos conservadores piensan que se parece demasiado al Obamacare, mientras que a los demócratas y a los republicanos moderados les preocupa que los estadounidenses más pobres pierdan su cobertura de salud según el plan).
El incisivo análisis de la CBO identifica el problema básico de la atención a la salud según el característicamente estrafalario tejido de dinero público y aseguramiento privado en Estados Unidos. El plan republicano tenía varios objetivos: disminuir las primas de seguros, proporcionar más opciones a los consumidores y mantener, o de ser posible, expandir, la cobertura de seguros con muchas menos regulaciones y gastos federales. Pero el informe de la CBO esencialmente indica que el Partido Republicano ha fracasado. Al reducir dramáticamente la expansión de Medicaid, que constituye una parte integral del Obamacare, dejaría a millones de personas sin la capacidad de pagar su atención a la salud, según se muestra en el informe. El plan republicano ofrece créditos fiscales con base en la edad para ayudar a las personas a adquirir un seguro, pero esto no es suficiente, ni de lejos, para compensar los recortes a Medicaid y la reducción de las regulaciones que limitan lo que las aseguradoras pueden cobrar a los estadounidenses mayores. El resultado: de acuerdo con el plan del Partido Republicano, una persona común de 64 años pagaría la exorbitante cantidad de 13,000 dólares más al año por su seguro de salud en 2026 que lo que pagaría según el Obamacare.
A los estadounidenses más jóvenes les iría mejor. Según el plan republicano, ya no se les exigiría adquirir un seguro, y si lo hacen, pueden obtener el tipo de plan altamente deducible y solo para casos de catástrofe que quedó prohibido con el Obamacare. Para 2026, una persona de 21 años pagaría, en promedio, mucho menos dinero por su seguro. Si agregamos otros elementos del plan republicano, como la eliminación del mandato a los grandes empleadores de proporcionar seguro de salud, descartar las sobretasas impuestas a los ricos que ayudaron a pagar el plan Obamacare, etcétera, obtenemos lo siguiente: los ricos obtienen un enorme descuento fiscal, a los jóvenes les irá mejor, los estadounidenses de mayor edad pagarían más, y la clase media baja quedará muy perjudicada.
El cálculo de los costos de la atención a la salud no es una ciencia exacta, y existen preguntas sin responder acerca de las ramificaciones del plan republicano. ¿Las aseguradoras saldrán de ciertos mercados? ¿Los jóvenes abandonarán el sistema una vez que el Congreso revoque el mandato individual? La CBO no lo sabe con seguridad. Pero sus antecedentes con respecto a la Ley de Atención Sanitaria Accesible son sólidos, de acuerdo con un informe de Commonwealth Fund, un grupo de analistas no partidistas. Y sigue siendo el mejor organismo de pronóstico en Washington para este tipo de juego.
Todos los planes de salud producen ganadores y perdedores, y si la CBO tiene razón, entre los perdedores del Trumpcare estarán muchas de las personas que votaron por el presidente. En lugar de tratar de cambiar su plan de manera significativa, la Casa Blanca parece contenta con acosar a los nerds matemáticos de D Street. Pero cuando la abuela se ponga furiosa porque sus primas se fueron a las nubes, es posible que los nerds cobren venganza.