El video dio la vuelta al mundo. En él se ve a un elemento del Ejército Mexicano torturar a una mujer que las autoridades aseguraban que pertenecía a una organización criminal. En los cuatro minutos de duración de la grabación se aprecia a una oficial del Ejército amenazando y agrediendo a la detenida en presencia de un elemento de la Policía Federal y de otros elementos castrenses. Tras la difusión de las imágenes en abril de 2016, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de México informó que los hechos habían ocurrido en febrero de 2015 en Ajuchitlán del Progreso, municipio perteneciente a la violenta región de tierra caliente del estado de Guerrero y que habían derivado en la consignación de cuatro militares.
Casi un año después de la repercusión que tuvieron las imágenes, el Ejército aceptó la recomendación emitida a inicios de este mes por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en la cual se acreditó que el 4 de febrero de 2015 soldados ingresaron a un domicilio particular sin contar con mandato judicial y extrajeron de forma arbitraria a una mujer y dos hombres, a quienes llevaron a instalaciones militares, donde fueron torturados.
A la par de que la Sedena reconoció este martes la participación de elementos castrenses en los actos violatorios de los derechos humanos ocurridos en Ajuchitlán del Progreso, el general José Carlos Beltrán, director general de derechos humanos de la Defensa Nacional, dio ese mismo día una inusual conferencia de prensa en la que rechazó los señalamientos que involucran a las filas de esa dependencia en violaciones a derechos humanos y exhortó a quienes acusen a las Fuerzas Armadas de la comisión de estas prácticas a presentar las pruebas ante las autoridades correspondientes.
“Actores de la sociedad recientemente han afirmado o publicado señalamientos de que integrantes de las Fuerzas Armadas violentan indistintamente derechos humanos, especulando sobre la responsabilidad de los miembros del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos sin que se cuente con elementos de convicción que así lo demuestren… Si alguna persona considera contar con pruebas que sustenten las supuestas quejas y acusaciones de las que se ha especulado ante los medios de comunicación, se le hace una atenta invitación para que las presente ante la autoridad competente para que esta proceda conforme a derecho en contra de quien o quienes puedan ser responsable”, dijo Carlos Beltrán como parte de un discurso que se extendió a lo largo de 20 minutos y en el cual se habló sobre la preparación que han tenido militares en el respeto a los derechos humanos.
El posicionamiento de la Defensa Nacional, dependencia que preside el general Salvador Cienfuegos Zepeda, se dio tras el señalamiento que hiciera en Washington el dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y uno de los aspirantes a la Presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador, en contra las Fuerzas Armadas, a quienes acusó de tener un rol en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en Iguala, Guerrero, hace más de dos años. “El reclamo [en el caso Ayotzinapa] es al Estado, no a nosotros, el reclamo es al régimen, el reclamo tiene que ser a Peña, a las Fuerzas Armadas, a quienes intervinieron en ese crimen”, dijo el líder de Morena.
Si bien la información que ha proporcionado la CNDH sobre las violaciones a derechos humanos refiere una disminución importante en las quejas presentadas contra las Fuerzas Armadas en la presente administración, también es cierto que en las 190 recomendaciones emitidas por ese organismo autónomo entre 2007 y 2015 referentes a casos de tortura y malos tratos los primeros lugares son ocupados por el Ejército, la Marina y la Policía Federal.
Además de las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional en casos que abarcan tortura, homicidios y violaciones sexuales, distintos organismos internacionales han dado cuenta de cómo la participación de las Fuerzas Armadas en las labores de seguridad civil ha repercutido en un aumento en los casos de las violaciones en la materia. Los mismos reportes de organismos internacionales también han dado cuenta de un uso constante de la tortura y otros tratos crueles.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) refirió en su más reciente informe sobre la “Situación de Derechos Humanos en México”, presentado en marzo de 2016, que como respuesta al incremento de la violencia, las autoridades han optado por aumentar el rol de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, incluyendo una política de confrontación contra el crimen organizado y el despliegue de operativos conjuntos entre las fuerzas armadas y las instituciones de seguridad estatales y municipales. “Esta situación ha desatado aún mayor violencia así como violaciones graves a los derechos humanos en la que se observa una falta de rendición de cuentas conforme a los estándares internacionales”.
La publicación del informe elaborado por el organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), el cual concluía que “México atraviesa una crisis de violencia y seguridad” desde hace varios años, llevó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a rechazar su contenido asegurando que no reflejaba la realidad del país.
La reacción del gobierno del Estado mexicano ante esta información fue criticada, sobre todo porque un año antes la respuesta había sido similar ante el informe que presentó el entonces relator especial de Naciones Unidas sobre la tortura, Juan Méndez, quien concluyó tras una visita al país que la tortura y los malos tratos se practican de forma “generalizada” en México “durante los momentos que siguen a la detención y antes de la puesta a disposición de la justicia”, y “ocurren en un contexto de impunidad”.
“El patrón de conducta en el momento de la detención se repetía sobre todo en casos de acusaciones de crimen organizado, ya fuera que interviniera la Marina, el Ejército, la Policía Federal, la Procuraduría General de la República”, dijo el relator en marzo de 2015. Un seguimiento de dicho informe ha concluido que la práctica de la tortura aún es generalizada. En tanto, el ahora exrelator Juan Méndez ha advertido del error que implicaría “involucrar a Fuerzas Armadas que están entrenadas para el combate (…) en tareas de orden interno y especialmente de la persecución del delito”.
Junto a la ONU y la CIDH, Amnistía Internacional ha expuesto en su más reciente informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo que en México el uso de personal militar en operaciones de seguridad pública, y la violencia en el país continuaba siendo generalizada a la par que seguían recibiéndose informes de tortura y otros malos tratos, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias. El mismo documento expuso que la investigación sobre los homicidios de 22 personas a manos de soldados en Tlatlaya, en Estado de México en 2014, uno de los casos que más ha afectado la imagen del Ejército, todavía no había arrojado resultados concretos. “Las autoridades no asumieron la responsabilidad por la orden de ‘abatir delincuentes’ (en este contexto, con el sentido de ‘matar’) que guió las operaciones militares en la zona en 2014, ni investigaron a los oficiales con corresponsabilidad de mando”.
Otro informe que evaluó la misma situación que guardan los derechos elementales de la personas a nivel internacional, éste elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, concluyó que los problemas más importantes relacionados con los derechos humanos en México incluían la participación de la policía y los militares en abusos graves, como los homicidios ilegítimos, la tortura y las desapariciones.
El documento estadounidense, también de reciente difusión, consignó que en abril, un tribunal federal acusó al comandante del 97º Batallón de Infantería y a otros tres oficiales del Ejército de la detención ilegal y extrajudicial de julio de 2015 de siete presuntos miembros de un grupo delictivo organizado en Calera, Zacatecas. También incluyó el caso de el excabo Juan Ortiz Bermúdez, quien apeló una condena de 18 años de prisión por el homicidio intencional de dos civiles desarmados ocurrido en 2010 en Nuevo León.
El organismo internacional Human Right Watch ha planteado a su vez que aún cuando el presidente Enrique Peña Nieto ha reconocido que la “guerra contra el narcotráfico” iniciada por su predecesor, Felipe Calderón, ha propiciado graves abusos por parte de miembros de las fuerzas de seguridad, “el gobierno ha obtenido avances limitados en el juzgamiento de numerosos asesinatos, desapariciones forzadas y hechos de tortura perpetrados por soldados y policías en el marco de acciones contra la delincuencia organizada, incluso durante la presidencia de Peña Nieto”.
En ese sentido, Freedom House advertía en su informe de Libertad en el Mundo de 2016 que en México pese a que la autoridad presidencial sobre las Fuerzas Armadas es amplia, los militares históricamente han operado más allá del escrutinio público. “Los defensores de los derechos humanos se han quejado desde hace tiempo de la falta de rendición de cuentas por los abusos de los derechos, como la tortura, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales”.
No obstante, las alertas también han provenido de interior del país. Sobre todo a partir de que en el Congreso mexicano iniciara la discusión de una Ley de Seguridad Interior que prevé legalizar la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad que corresponden a policías. Frente a esta iniciativa organizaciones civiles y académicos mexicanos han advertido que regular la presencia del Ejército y la Marina en las calles para combatir el narcotráfico podría acabar protegiendo a militares que violen los derechos humanos.