ERA UN MOMENTO de gran alegría, la cual se convirtió en miedo. Ammi Arévalo descubrió que estaba embarazada a principios de febrero, poco después de que el presidente Donald Trump firmara dos órdenes ejecutivas para impulsar la aplicación de las leyes de inmigración y las deportaciones. Su primera reacción fue de felicidad, combinada con un poco de nerviosismo financiero de bajo nivel, pero casi de inmediato una oscura aprehensión se apoderó de sus pensamientos. Como inmigrante indocumentada, Arévalo teme que, una mañana, los agentes de inmigración toquen a su puerta. Por ello, ahora investiga sobre comadronas y planea dar a luz en su departamento, igual que una amiga que recientemente tuvo a su hijo varón en su propia casa por la misma razón. “Solo trato de esconderme del ICE (Immigration and Customs Enforcement), porque en el momento en que vaya al hospital van a preguntarme mi nombre”, dice Arévalo, llorando suavemente frente a su taza de té verde en el patio de un Starbucks de la zona este de Houston. “Con las nuevas leyes que Trump firmó, tengo miedo de ser arrestada”.
Arévalo salió de El Salvador hace 14 años, huyendo de un miembro de su familia abusador y de uno de los índices de asesinatos más altos del mundo, y navegó a través del Río Grande con un coyote cuando tenía 16 años. Fue detenida por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos poco después de cruzar al territorio estadounidense cerca de la pequeña ciudad de Texas, y fue liberada con la instrucción de presentarse ante la corte de inmigración. Luego, se reunió con su madre y su hermano menor en Houston. Nunca acudió a la corte. Ahora, esta mujer de treinta años dirige un pequeño café; se levanta diariamente a las cuatro de la mañana para hacer emparedados y tostadas junto con sus tres empleados (uno de ellos tiene documentos, pero los otros dos no). Arévalo se casó con un ciudadano estadounidense y paga celosamente sus impuestos. Ella aprecia instituciones texanas como Whataburger y su equipo local de la NFL, los Texanos de Houston. Muestra una brillante sonrisa cuando confiesa que se siente un poquito atraída por el jugador defensivo estrella del equipo, J. J. Watt.
Sin embargo, desde que Trump fue elegido en noviembre, vive en constante temor de que los oficiales de Inmigración toquen su puerta. Sabe que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas [ICE, por sus siglas en inglés] tiene su nombre desde que fue detenida en la frontera, y supone que tiene una orden de deportación porque no se presentó ante la corte de inmigración hace más de una década. El matrimonio de Arévalo no le da ninguna protección, pues los inmigrantes no se vuelven legales mágicamente cuando se casan con un ciudadano estadounidense.
De esa manera, ella vive en las sombras tanto como le es posible. Compra en línea, usa Uber cuando necesita entregar comida a sus vecinos de raza blanca y nunca abre las persianas de su casa, de manera que puede ocultarse más fácilmente si los agentes de inmigración van a buscarla. El día anterior a nuestra entrevista, ella navegaba en Facebook cuando vio una noticia sobre la deportación de un salvadoreño indocumentado que había vivido en Houston durante 16 años. “Él vino aquí cuando tenía 15 o 16 años”, dice. “Estoy prácticamente en el mismo caso”.
La deportación del salvadoreño la asustó tanto que se comió nerviosamente una bolsa grande de Cheetos picantes ese día. “Tengo esperanzas de que se trate de un mal momento por el que tenemos que pasar, y que el presidente abra los ojos y vea que no somos criminales”, dice, mirando el bolso Coach que compró en un mercado de ofertas. “Yo le diría: ‘Sr. Trump, me llamo Ammi. No soy una criminal. Solo soy una joven en busca de una oportunidad’”.
TIPOS DUROS: Un agente estadounidense explora la frontera entre Estados Unidos y México, en Río Grande, Roma, Texas. Los alguaciles de la región afirman que enfrentan un flujo constante de traficantes que transportan drogas hacia el norte. Foto: JOHN MOORE/AFP
LA GUERRA COMIENZA AQUÍ
Arévalo y 11 millones de personas como ella están en el centro de una prolongada lucha que provoca protestas periódicas y amenaza con subir de intensidad en los primeros días de la presidencia de Trump. A la cabeza de uno de los bandos en guerra se encuentran las organizaciones que defienden a los inmigrantes indocumentados e incluso enseñan tácticas para evitar y subvertir las leyes de inmigración. Estas organizaciones desean que personas como Arévalo vivan en Estados Unidos sin una distinción legal real entre ellas y los ciudadanos estadounidenses. Dirigiendo al otro bando está el presidente, muchos políticos y alguaciles de Texas y organizaciones que impulsan una aplicación más estricta de la ley y la realización de millones de deportaciones.
Ambos bandos son poderosos, y los dos utilizan estrategias políticas y tácticas al nivel de calle para impulsar sus programas. Texas es un importante campo de batalla gracias a su frontera sur, su política y la inherente independencia e irascibilidad de las personas que viven ahí.
Hay seis millones de personas distribuidas por todo Houston y sus crecientes suburbios salpicados de tiendas que venden todo por un dólar y camiones de tacos, brillantes edificios de oficinas construidos con dinero derivado del petróleo, elegantes cafeterías que venden infusiones en frío a precios regulares y estacionamientos repletos de autos BMW. Asimismo, en ese condado viven y trabajan alrededor de 400,000 inmigrantes indocumentados, de acuerdo con el Instituto de Política de Inmigración. Si te diriges hacia el sur sobre la carretera 59 (la frontera se encuentra a poco más de 560 kilómetros), verás que la ciudad rápidamente da paso a campos abiertos, puestos en la orilla del camino donde se venden nueces y miel, y estaciones de gasolina donde podrás convertir tu jabalí o tu ciervo de cola blanca en tasajo por solo 50 dólares. Existen algunos buenos cálculos sobre el número de inmigrantes indocumentados en los condados rurales de Texas que se encuentran entre Houston y la frontera, pero la sensación que prevalece es que una aplicación más estricta de la ley y las deportaciones en masa serían positivas para la región y para Estados Unidos. “Me he dedicado a la albañilería por 12 años, y ellos hacen que me resulte bastante difícil ganar dinero”, señala Justin Pack, un enjuto trabajador de caminos que viste una playera de Batman al hablar acerca de los inmigrantes. Recargado en un camión blanco sobre un tramo de la autopista en el que los motociclistas escupen tabaco mascado en los orinales de la estación de gasolina, Pack está a favor de una aplicación de la ley mucho más rigurosa contra los indocumentados. “Deben salir del país”.
EL EMBUDO MORTAL
El viento silba a través de los campos de maíz y algodón mientras el alguacil A. J. “Andy” Louderback carga su Colt .45 en el campo de tiro de Jackson County, cerca de la autopista 59, justo al lado del rebaño de cabras que pastan cerca del basurero del condado. Louderback es director legislativo de la Asociación de Alguaciles de Texas, y dice que los líderes locales de aplicación de la ley deben seguir las leyes tal como están escritas en lo relacionado con la frontera y la inmigración ilegal. Para él, eso significa poner en práctica la ley Federal de inmigración y colaborar con los oficiales del ICE que realicen detenciones cuando el organismo federal pida a las autoridades locales que retengan a un prisionero a su nombre. Esta colaboración es tema de un intenso debate, en el que ciudades como Nueva York, Los Ángeles y Austin rehúsan hacerlo. “No quiero que este país sea como otros, donde no existen las leyes”, afirma Louderback, y menciona a Sudamérica como un ejemplo mientras acomoda varios cartuchos en un cargador.
A finales de febrero, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) publicó dos memorandos donde se explicaban los planes de Trump para los inmigrantes indocumentados, entre los que se incluye la construcción de un muro fronterizo, deportaciones más expeditas y la contratación de miles de agentes de la Patrulla Fronteriza (incluso si los requerimientos de contratación se reducen para acelerar el proceso, se requerirán cinco años y 2,200 millones de dólares para cumplir con la cuota de Trump, informa Política Exterior). Una sección de los memorandos se centraba en la expansión de un programa federal en el que se subordina la aplicación de las leyes locales para impulsar la aplicación de las leyes federales de inmigración.
Louderback ya ha sido aprobado para ese programa, y más de una docena de alguaciles de la región han mandado una solicitud al Departamento de Seguridad Nacional. El programa, conocido como Sección 287(g), otorga a los oficiales locales acceso a las bases de datos federales para que puedan verificar nombres, huellas digitales y fotografías, y también les concede autoridad para interrogar a sospechosos sobre su estatus migratorio, acusar a las personas de violaciones a las leyes de inmigración y transportarlas a un centro de detención aprobado por el ICE.
Louderback y los alguaciles de los condados vecinos afirman que no tienen ningún interés en aplicar las leyes federales de inmigración en las calles, y sus solicitudes de la Sección 287(g) les permitirán aplicar las leyes de inmigración únicamente en sus cárceles y con personas que hayan arrestado. Pero su incorporación al programa 287(g), así como su apoyo a Trump, los convierten en aliados para presionar a favor de una mayor aplicación de las leyes y de un incremento en las deportaciones. Una mayor verificación sobre el estado migratorio realizada por más niveles de los organismos de aplicación de la ley, así como el incremento en los poderes otorgados por el programa 287(g) significará que habrá más personas detenidas y deportadas. “Debemos vigilar estrechamente a las personas que viven aquí”, señala el alguacil Raul “Pinky” Gonzales, del Condado de Refugio, a quien le agrada el incremento en sus poderes de aplicación de la ley establecido en los memorandos del Departamento de Seguridad Nacional.
Gonzales plantea otra queja común en Refugio, dirigida a la misión española de Nuestra Señora del Refugio, construida en ese lugar en 1791: los inmigrantes indocumentados no pagan impuestos y estafan a los servicios de seguridad social y bienestar. “Se aprovechan del sistema y nosotros pagamos por ello. Hemos escuchado al respecto”, dice, agitando una mano con cicatrices de la vez en que un caimán al que había capturado con su lazo se soltó y lo mordió.
“¡Hey, acabo de ver a una persona aquí [en la tienda de abarrotes] pagando con una tarjeta de Lone Star [vales de alimentos], y tenía un maldito Cadillac!” (De acuerdo con la Cámara de Comercio de Estados Unidos, los inmigrantes indocumentados pagaron 1,500 millones de dólares en impuestos en Texas en 2013 y no son elegibles para recibir beneficios federales como la seguridad social o los vales de alimentos.)
Los alguaciles de la región también dicen que enfrentan un flujo constante de traficantes que transportan drogas, armas y personas hacia el norte de la frontera, dejándoles la responsabilidad de aplicar la ley con poca asistencia federal. “La inmigración y la seguridad fronteriza están en quiebra, y han estado así durante mucho tiempo”, señala T. Michael O’Connor, alguacil del Condado de Victoria, a quien Texas Monthly definió como un multimillonario heredero de una fortuna familiar en ganado, petróleo y tierras que se extiende por cinco generaciones. Su oficina está decorada con carteles de Texas A&M, así como con varias docenas de pipas de agua confiscadas en operaciones contra las drogas, algunas de ellas en forma de dragones y hongos.
O’Connor dice que el corredor que va de la frontera hasta Houston es el “embudo mortal”, y cuando se le pregunta cuál es la razón por ese nombre tan tétrico, responde efusivamente. “¡Muerte! ¡Muerte! Muerte sin justificación. Y tenemos que hacerle frente. Tenemos que hallar familias”, dice O’Connor mientras recuerda el terrible día de 2003 cuando 19 hombres, mujeres y niños muertos por el calor fueron encontrados atrapados en un remolque en las afueras de Victoria. “Tenemos una fosa común donde tenemos que enterrar a las personas porque nunca podemos ponernos en contacto con ninguno de los consulados de Houston o de otras partes para que nos ayuden a identificar a las víctimas”.
Recargado en la puerta trasera de su camión después de pasar un tiempo en el campo de tiro, Louderback manifiesta su apoyo a una aplicación estricta de las leyes, como la detención de inmigrantes indocumentados que se realiza cuando el ICE identifica a un criminal indocumentado (lo que se conoce como “colaterales”) y la deportación de padres indocumentados. Se muestra particularmente desdeñoso al hablar de los alguaciles que ignoran a los oficiales federales que realizan detenciones. “Tenemos algunas personas en los organismos de aplicación de la ley que hacen eso, fomentar y promover la ilegalidad”.
SUEÑOS: Las órdenes ejecutivas de Trump sobre inmigración, que van desde expandir el muro fronterizo hasta acelerar las deportaciones, han enfurecido a los activistas, y muchos de ellos tratan de contraatacar. Foto: DREW ANTHONY SMITH/AFP
CRIMINALIZACIÓN DE LA PATERNIDAD
Las oficinas en Queens del grupo de defensa de los derechos de los migrantes Make the Road New York (Se hace camino Nueva York) manifestaban una gran actividad en una mañana reciente. La sala de espera estaba llena de miembros listos para abordar un autobús hacia Elizabeth, Nueva Jersey, para protestar en las afueras de un centro de detención de ICE, un gran salón de clases estaba lleno, con dos docenas de adultos aprendiendo inglés, y en el cuarto del fondo, varios niños pequeños comían bollos. Natalia Aristizabal, una de las organizadoras principales con una deslavada línea verde en el cabello, que nació en Colombia y llegó a Estados Unidos sin documentos cuando tenía 12 años, entra a las nueve de la mañana e inmediatamente comienza a conducir a los miembros y organizadores hacia el interior de un autobús escolar de color amarillo.
Una vez que el autobús está en camino, ella tiene tiempo para charlar. “Los inmigrantes nos sentimos atacados en una forma que nunca había ocurrido”, dice. Aristizabal, que pudo obtener un permiso de residencia y la ciudadanía estadounidense, utiliza las palabras más incendiarias del español para describir la exaltada retórica que utilizan las personas que están a favor de una mayor aplicación de la ley y un incremento en las deportaciones (una de las personas que iban en el autobús, mostrándose cautelosa ante quien pudiera verla, puso su nombre en la hoja de firmas, escribiendo Julia X). “La protesta es para subrayar esta guerra que las personas están luchando”.
Cuando el autobús pasa frente al estadio de los Yanquis de Nueva York en el Bronx, Aristizabal camina hacia delante y atrás del camión para asegurarse de que todos tienen el número telefónico y el código de acceso para una llamada en conferencia en la que se explicarán los memorandos del Departamento de Seguridad Nacional, publicados dos días antes. Los pasajeros de este y otros autobuses y camionetas de Make the Road que se dirigen a las protestas en Brooklyn, Staten Island y Long Island escuchan atentamente. “También se habla de procesar a las personas que, supuestamente, han traficado con personas hacia Estados Unidos”, dice un abogado de Make the Road en la llamada, haciendo una pausa para que Aristizabal pueda traducir sus palabras al español. “Y algo particularmente preocupante es la forma en que esto podría aplicarse a los padres que traen a sus hijos a Estados Unidos”, añade el abogado, haciendo surgir la preocupación de que los padres podrían ser enjuiciados por llevar a sus hijos indocumentados al país. Cuando Aristizabal termina de traducir, el abogado también señala que muchas de las medidas son infundadas. “Gran parte de este memorando es extremadamente atemorizante y preocupante, pero es importante tener en cuenta que su aplicación requerirá un gran financiamiento por parte del Congreso”.
El autobús se detiene fuera de lo que alguna vez fue un almacén de cemento, pero que ahora es un centro de detención del ICE con capacidad para 300 camas y dirigido por CoreCivic, que recientemente cambió su antiguo nombre de Corrections Corporation of America (Corporación de correccionales de Estados Unidos) y ha visto cómo el precio de sus acciones ha aumentado 140 por ciento desde la noche de la elección. Las enormes ventanas de vidrio de la instalación cubren la calle, dando una impresión de luz y apertura, pero unos centímetros detrás de los videos hay gruesos bloques de concreto colocados sobre la abertura. “Piensan que pueden ganar dinero con los cuerpos de personas negras y morenas, dice Aristizabal.
La ruta de Aristizabal hacia la ciudadanía estadounidense (su entrada ilegal, seguida por un lento camino hacia un estatus legal) destaca las contradicciones inherentes a una queja común contra la inmigración ilegal: “¡Yo no tengo ningún problema con la inmigración, pero tienen que hacerlo en forma legal!”. De hecho, a menos de que un esperanzado inmigrante tenga una maestría en ciencias computacionales, es prácticamente imposible mudarse legalmente a Estados Unidos. Los permisos de inmigración basados en el empleo, conexiones familiares o por razones humanitarias tienen estrictos requisitos y restricciones numéricas, haciendo que muchos inmigrantes sean inelegibles para “formarse en la fila”, de acuerdo con la organización proinmigración sin fines de lucro American Immigration Council (AIC).
Un representante del Departamento de Estado declaró a Newsweek que el retraso en la inmigración legal es de poco más de 4.5 millones de personas. Las nuevas visas se limitarán a 366,000 para solicitantes con preferencias familiares o de empleo, por lo que el proceso le tomaría más de 12 años a cualquier persona que ya haya solicitado migrar legalmente (también se otorgaron 315,000 visas en 2016 a personas con familiares inmediatos que son ciudadanos estadounidenses). Y la espera por esas visas suele ser mucho más larga, incluso para las personas que son elegibles para formarse en la fila debido a que tienen la suerte de contar con un ciudadano estadounidense en su árbol genealógico. Los hijos de ciudadanos estadounidenses provenientes de México pueden esperar más de veinte años para obtener una visa, y los hijos filipinos de ciudadanos estadounidenses esperan alrededor de 25 años, de acuerdo con AIC.
Los miembros de Make the Road New York se bajan de los autobuses y se reúnen entre barricadas de metal en el centro de detención mientras llegan más manifestantes de las oficinas de Make the Road en Nueva Jersey, Connecticut y Pennsylvania, así como el Sindicato Internacional de Empleados de Servicio y organizaciones locales progresistas. “Dios los bendiga”, dice un policía mientras vigila a los manifestantes. De pie junto a su Harley-Davidson, afirma que Elizabeth siempre ha actuado básicamente como una ciudad santuario. Las cosas se han vuelto un poco difíciles porque la ciudad realmente no desea cooperar con ICE”, dice, ilustrando la amplia variedad de actitudes y enfoques con respecto a la inmigración ilegal entre los distintos organismos locales de aplicación de la ley.
La protesta crece y logra reunir a unas 150 personas, y hay discursos en los que los oradores despotrican contra los políticos locales por no proteger a las personas de la deportación. Luego, en una pieza de teatro político cuidadosamente coreografiada, cinco manifestantes se sientan para bloquear la entrada del centro frente a una gran pancarta negra que dice: “No más deportaciones”. Aristizabal se arrodilla para enderezar la pancarta mientras los fotógrafos y camarógrafos de noticias graban la escena. Un policía se acerca y le dice que están obstruyendo el tránsito, pero los manifestantes permanecen sentados, y en menos de un minuto, más policías llegan para esposarlos suavemente y arrestarlos.
Un indocumentado mexicano llamado Simón que trabaja como mecánico durante el día y en una tienda de embutidos por las tardes me dice que utilizó su único día libre para venir a protestar. “Todo el mundo está asustado”, dice, de pie junto al tipo de centro de detención en el que estaría preso si lo atrapan. “La gente tiene miedo de que la policía de ICE llegue y arreste a los padres, ¿y entonces qué pasará con los niños? Toda la gente [está] preocupada por sus hijos”.
‘ESTÁN MATANDO ESTADOUNIDENSES’
Sam Herrera, director de servicios sociales de Stop the Magnet, una organización antiinmigración ilegal de Houston, abre la puerta de su departamento mientras sorbe una botella de agua mineral Topo Chico. El agente de seguros hispano compara la enorme población indocumentada de su ciudad con un cáncer y dice que el problema exige una cura igualmente dramática. “Uno va al médico y este dice: ‘Oye, sabes, vas a tener que someterte a quimioterapia y radiación para curar ese cáncer’. Bueno, nadie desea oír esa noticia. Pero es un paso necesario para curarse. No hay quimioterapia ‘light’”. Herrera sonríe. “Si no eres ciudadano de este país, no tienes derecho a nada. Tienes derecho a un agradable viaje de vuelta a casa si así lo deseas”, señala el veterano de la Marina.
Los republicanos de Texas impulsan un proyecto de ley, conocido por la abreviatura SB4, con el que se recortarían los fondos destinados a las ciudades que no obedezcan a los oficiales del ICE encargados de realizar las detenciones y que incluso hace que una falla en la aplicación de las leyes federales de inmigración constituya un delito penal y civil. Trump también dijo en una orden ejecutiva que las ciudades que no cumplan con las leyes federales de inmigración no recibirán fondos federales. Greg Abbott, gobernador de Texas, bloqueó la asignación de fondos a Austin a principios de febrero cuando la alguacil dijo que su ciudad ya no obedecería a los oficiales federales de inmigración encargados de realizar las detenciones. Cuando se le preguntó por qué convertiría el proyecto de ley en una de sus prioridades legislativas, el vicegobernador Dan Patrick declaró a Newsweek: “De junio de 2011 a enero de este año, hemos encerrado a más de 212,000 extranjeros criminales en nuestras cárceles de Texas. Cometieron 1143 asesinatos, cerca de 500 secuestros, 6001 ataques sexuales”.
Mientras que los grupos a favor de la inmigración sostienen que los inmigrantes indocumentados cometen crímenes a una escala menor que los ciudadanos nativos, Patrick insiste en que eso no importa. “Han asesinado a mil personas en los últimos cuatro años. Esas personas no debieron haber muerto”, dice, y añade que, en su opinión, el número real de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos es probablemente de veinte millones (el Instituto de Política de Inmigración calcula esa cifra en 11 millones). “Actualmente, esto es una puerta giratoria; los atrapamos, los deportamos y regresan 24 horas después de su deportación. Y están matando estadounidenses”.
Esta supuesta ola de crímenes es un tema central para los políticos conservadores de Texas, así como para el presidente y organizaciones nacionales como el Proyecto Remembranza, que presenta en su sitio web fotografías de niños asesinados por “extranjeros ilegales”. María Espinosa, directora nacional de esa organización, estuvo detrás de Trump en la Oficina Oval cuando él firmó sus órdenes ejecutivas sobre la inmigración ilegal a finales de enero. Cuando Trump compareció de manera conjunta ante el Congreso el 28 de febrero, presentó a cuatro personas cuyos hijos o maridos habían sido asesinados por inmigrantes indocumentados. “Estos valientes hombres fueron cruelmente asesinados a tiros por un inmigrante ilegal con antecedentes criminales y dos deportaciones previas”, dijo Trump, y presentó a las viudas de dos policías de California asesinados. “Esa persona nunca debió estar en nuestro país”. Luego, anunció la creación de una nueva oficina del Departamento de Seguridad Nacional, que se llamaría VOICE, la cual ayudará a las víctimas de crímenes cometidos por inmigrantes indocumentados.
De pie en su departamento de una sola recámara, cerca de un rosario que cuelga de una lámpara y de una pintura que quedó de su divorcio, Herrera dice cómo explica la inmigración ilegal a sus críticos: “Cómo se sentirían si más tarde por la noche, un extraño fuera a su casa y, por cierto, iría a dormir en el cuarto de su hija. ¿Cómo se sentirían al respecto?… En este caso, la hija es mi país. Y lo que ocurra en esa habitación perjudica a mi país. Ustedes están perjudicando a su hija”.
RÍO DE DOS CORAZONES: Gran cantidad de personas cruzan el Río Grande que separa a México y Estados Unidos en pequeñas embarcaciones. El Instituto de Política de Migración calcula que hay 11 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Foto: JOHN MOORE/AFP
‘TODOS ESTAMOS JODIDOS’
En Houston, los organizadores de United We Dream (UWD), un grupo que está a favor de los derechos de los inmigrantes, trabaja con Make the Road y cuenta con 55 afiliados en 26 estados y más de 100,000 miembros, enseñan a los indocumentados a prepararse para la detención o la deportación dando validez notarial a un documento que otorga algunos derechos de paternidad a un miembro de la familia o amigo, de manera que esa persona pueda cuidar a su hijo, recogerlo en la escuela y proporcionarle atención médica. “No les importa si tienes un niño en tus manos”, dice Adonias Arévalo, organizador de UWD, al hablar acerca de los agentes de ICE en las oficinas del grupo en Houston. Vestido de tirantes y una elegante playera H&M, Arévalo dice que el número de padres que piden ayuda para preparar dichos documentos ha aumentado marcadamente desde la elección de Trump.
Desde noviembre, el grupo ha expandido por todo Texas su educación y sus tácticas sobre “defensa contra la deportación”, que incluyen tarjetas de “Conoce tus derechos”, impresas en color naranja y en idioma árabe, chino, coreano, español e inglés. Los indocumentados, principalmente mujeres, también se reúnen en grupos de alrededor de diez miembros para aportar dinero en una unión de crédito local para contar con un fondo de reserva; si los miembros son detenidos o deportados, el grupo puede pagar su fianza, ayudar a la familia a hacer frente a la pérdida de ingresos o ayudarle a volver a Estados Unidos.
Arévalo, el hermano menor de Ammi Arévalo, cruzó el Río Grande a bordo de un flotador amarillo cuando tenía 12 años con su madre y un coyote. Más tarde, calificó para una política de Obama, conocida como Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), la cual posponía la deportación para los inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos siendo menores de edad, pero DACA no ha proporcionado ninguna defensa contra la detención o la deportación desde que Trump asumió el cargo.
Daniela Vargas, aspirante a profesora de matemáticas de 22 años, fue arrestada en Misisipi a principios de marzo inmediatamente después de hablar en una conferencia de prensa sobre los derechos de los inmigrantes indocumentados. El ICE planeaba deportar a Vargas, aunque ella había solicitado la renovación de su estatus DACA y esperaba su aprobación. Arévalo revisó recientemente su archivo en línea y encontró que se había emitido una orden de deportación contra él. “Con el nuevo gobierno —dice— todos estamos jodidos”.
Karla Pérez, organizadora de derechos de los inmigrantes, y ella misma una inmigrante indocumentada, se sienta en una mesa en las oficinas generales de UWD en Houston. Pérez, estudiante de segundo año de leyes y de voz suave, repentinamente habla en voz alta cuando se le pregunta si piensa que las órdenes de Trump y el proyecto de ley SB4 de Texas están motivados por el racismo. “¡Claro! Son proyectos de ley con un sesgo racista”, dice Pérez, cuyo marido le propuso matrimonio en estas oficinas. “Las personas se sienten incómodas con personas que se ven como yo en sus comunidades. Nos perciben como una amenaza, como un peligro, simplemente por el color de nuestra piel, por la forma en que nos vemos”.
TOMATES DE 10 DÓLARES
Robert Rutt se retiró del ICE hace cinco años, pero cuando se estaciona en una elegante cafetería de Houston aún encarna la imagen estereotipada del organismo: un fornido hombre blanco en una enorme camioneta hecha en Estados Unidos. “Cuando hablo con mis colegas, en activo y jubilados, percibo en ellos la sensación y el espíritu de estar desatados y desencadenados para hacer su trabajo y aplicar las leyes según cómo están escritas”, dice Rutt, que dirigió la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) de ICE en Houston hasta 2012.
Bajo las nuevas órdenes, los oficiales del ICE que realizan operaciones de aplicación de la ley y retiro (ERO, por sus siglas en inglés) y encuentran inmigrantes indocumentados cuando buscan a un criminal indocumentado o a alguien con una orden de deportación ahora pueden detener también a esas personas. “En el gobierno anterior, la política indicaba que no tenían permitido arrestar a colaterales a menos de que tuvieran una aprobación previa”, dice Rutt, que supervisó investigaciones entre las que se encontraba la introducción ilegal de inmigrantes y el tráfico de personas durante su trabajo en HSI. Añade que los oficiales ERO que formaban equipos para operaciones relacionadas con fugitivos dan prioridad a los criminales violentos, pero también trabajan para arrestar personas con órdenes finales de deportación (como Adonias Arévalo). “Se espera que capturen una cantidad equis de fugitivos por mes, por trimestre”, dice.
Pero encerrar a más personas cuesta dinero. El Congreso concede al ICE un presupuesto para la detención de 34,000 personas al día, pero la población diaria promedio para el año fiscal de 2017 es de 41,047, señala un funcionario del ICE. Este organismo proyecta que el aumento en el número de detenidos provocará un déficit de 600 millones de dólares este año, obligándole nuevamente a redirigir fondos de HSI, de acuerdo con un documento que un exfuncionario del Departamento de Seguridad Nacional entregó a Newsweek. (ICE también saqueó el presupuesto de HIS el año pasado para dar 34.5 millones a ERO para pagar camas en los sitios de detención, lo que significó que HSI no pudo reemplazar vehículos armados en el extranjero, chalecos antibalas o equipos de primeros auxilios, se señala en el documento.) Rutt afirma que HSI debería separarse de ICE para convertirse en un organismo autónomo debido al estigma negativo de ICE. “La retórica de las incursiones y el encierro de personas tiene un impacto en la capacidad de HSI de trabajar con socios estatales y locales de aplicación de la ley”, dice.
Rutt se identifica con los inmigrantes indocumentados que huyen de sus países de origen para ir a Estados Unidos. Conoce los altos índices de criminalidad en El Salvador, Belice y Honduras, así como la ausencia de una clase media estable en México, pero afirma que Estados Unidos necesita aplicar de manera agresiva sus leyes federales de inmigración. “Imagina que vives en Honduras, que tu hija cumple 13 años y que los pandilleros le han echado el ojo y quieren que se convierta en su concubina”, dice. “Piensas: ‘Carajo, voy a llevarme a mi hija de aquí. Amo a mis hijos. Voy a llevarlos a Estados Unidos’”. Rutt también señala lo mucho que los inmigrantes indocumentados aportan a la Seguridad Social sin recibir ningún beneficio (15,000 millones de dólares cada año, de acuerdo con CNNMoney), así como la imposibilidad de deportarlos a todos y la importancia de su trabajo en la economía estadounidense. “El pueblo estadounidense no está listo para pagar 10 dólares por un tomate”.
Pero aun con esas salvedades, está a favor de una aplicación de la ley más rigurosa. Compara a los inmigrantes indocumentados con las personas que roban un banco para alimentar a su familia: aun en ese caso, es necesario arrestar a los ladrones. “Somos un país de leyes. Tenemos que aplicar la ley”.
CONTRA LA PARED: Barrera a lo largo de gran parte de la frontera. El organismo de Inmigración y Control de Aduanas proyecta que el incremento en el número de detenidos provocará un déficit de 600 millones de dólares en su presupuesto de este año. Foto: YURI CORTEZ/AFP
‘¡NO ABRAN LA PUERTA!’
Mientras el autobús de Make the Road se dirige a Queens, Aristizabal reparte emparedados de jamón mientras la joven organizadora Luba Cortés explica las tácticas específicas que Make the Road utiliza para proteger a los inmigrantes indocumentados y frustrar a ICE. Desde que Trump fue electo, Cortés ha estado impartiendo foros de “Conoce tus derechos” en preparatorias y universidades públicas locales, en los que utiliza una presentación de PowerPoint. (Make the Road también organiza foros de “Conoce tus derechos” para adultos.) “Hacemos role-playing, por ejemplo, ¿qué harías si fueras una persona detenida por el ICE?”, dice Cortés, que tiene dos argollas en la nariz y llegó a Estados Unidos desde México sin documentos, pero ahora cuenta con un permiso de residencia.
En los foros, los organizadores de Make the Road aconsejan a los indocumentados que no abran la puerta a los agentes del ICE a menos de que estos lleven una orden firmada por un juez. Los organizadores cuentan la historia de una mujer de Nueva Jersey que se salvó de los agentes del ICE que habían ido a su negocio a arrestarla; la hija de la mujer rehusó abrirles la puerta. No digan nada a las autoridades de migración, excepto su nombre. Lleven una identificación, pero no el pasaporte expedido en su país de origen, pues eso hará que su deportación por parte de las autoridades resulte más fácil. “Si tienen una orden, déjenlos que derriben la puerta y entren”, dice Cortés, que creció acompañando a su madre indocumentada en trabajos de limpieza de casas.
Cortés también aconseja a las personas que establezcan pequeñas redes de unas cinco personas en el programa de mensajería WhatsApp, que utiliza encriptación de punto a punto y es más seguro que la mensajería de texto convencional, de manera que puedan ponerse en contacto rápidamente unos con otros cuando haya actividad del ICE en su vecindario. (“A los latinxs les encanta WhatsApp”, dice Cortés, usando la palabra de género neutro para referirse a los latinos). Cada red también está en contacto con otras, y algunas de ellas están en contacto con organizadores como Cortés y Aristizabal, de manera que los líderes y las personas puedan intercambiar información rápidamente sobre las operaciones del ICE, aunque los organizadores se han vuelto más paranoicos con respecto a la vigilancia, y actualmente usan una aplicación todavía más segura llamada Signal.
Make the Road también instruye a las personas para que filmen las operaciones y detenciones del ICE, de manera que la grabación pueda entregarse a los abogados defensores con la esperanza de reforzar los argumentos del detenido. “Es lo mismo que la vigilancia a la policía, pero se trata de una vigilancia al ICE o a la migra”, dice Cortés. Ella también alienta a las personas a dar refugio a sus amigos y vecinos indocumentados si saben que el ICE los busca. “Puedes abrirles las puertas de tu casa para darles protección”, dice. Al preguntársele si compararía esa táctica con los trenes subterráneos que usaban los esclavos para escapar hacia estados libres, ella asiente.
“Trump heredó este sistema de violencia, y va a ponerse peor”, dice, formando un abanico con los boletos y haciendo sonar las monedas que ha recolectado con los demás pasajeros como propina para el conductor del autobús. “Debemos continuar con estos entrenamientos porque no sabemos qué va a pasar después. Resulta muy claro que debemos estar preparados y volvernos militantes”.