Una iniciativa presentada en la Cámara de Diputados para reformar diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales ha alertado a expertos en la materia ante los cambios que permitirían a las autoridades a armar un caso con base en declaraciones o testimonios de terceros y que abre la puerta para que autoridades diferentes al Ministerio Público preserven vestigios del delito.
La autoría de la propuesta corresponde al diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), César Camacho Quiroz, responsable de una de las polémicas iniciativas sobre la Ley de Seguridad Interior que fue presentada en noviembre pasado y la cual ha sido rechazada por organismos de la sociedad civil que han alertado sobre las consecuencia de legalizar la presencia de las fuerzas armadas en las labores de seguridad que corresponden a las policías.
En el caso de la iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, destaca la disposición respecto a la “declaración por referencia de terceros” la cual pretende que la información proporcionada por policías y que provenga de terceras personas puede ser desahogada como medio de prueba.
“El desahogo se hará en la audiencia del juicio oral mediante la testimonial del policía que haya recabado la prueba, para que el juez pueda realizar el ejercicio de valoración a partir de los indicios que le aporten para fundar su fallo”, dice la propuesta.
Otro punto destaca la ausencia de una previsión que faculte a los miembros de las instituciones de seguridad pública, sus coadyuvantes y a las Fuerzas Armadas a disponer de indicios, huellas o vestigios del delito con la finalidad de garantizar su preservación, ante situaciones extraordinarias ya que se configuraría una violación del debido proceso, así como una causa de responsabilidad penal o administrativa.
“Por lo anterior, resulta importante facultar a las instituciones con funciones de seguridad pública o sus coadyuvantes a que, en casos extraordinarios, puedan disponer de indicios con la finalidad de preservarlos a fin de cumplir con dos fines constitucionalmente legítimos: el primero, que las instituciones del Estado mexicano cumplan con el mandato de garantizar la función de seguridad pública… el segundo, garantizar, en lo conducente, el cumplimiento del objeto del proceso penal…. esclarecer los hechos y procurar que el culpable no quede impune”, dice la iniciativa.
El diario estadounidense The New York Times ha publicado una radiografía sobre esta propuesta y ha señalado que los cambios propuestos al código penal han sido tan poco publicitados que muchos legisladores, jueces y abogados defensores los desconocen, a la par que implica un “desmantelamiento sigiloso” de las protecciones legales para los mexicanos.
Académicos jurídicos han dicho al medio estadounidense que la propuesta permite al gobierno mexicano detener a sospechosos durante años antes de que empiece un juicio y que permite que fiscales usen evidencia obtenida por medio de la tortura.
Según los expertos consultados por el Times la iniciativa, que no ha sido avalada por el congreso, también fuerza a quien es acusado a ofrecer la evidencia que lo exculpe, en vez de que se le considere inocente hasta que se compruebe lo contrario.
“No solo es una contrarreforma, sino que contiene normas que incluso contravienen el derecho a la defensa… La quieren pasar porque es más fácil que preparar a fiscales y policías, más fácil que limpiar el sistema y romper con el uso de la tortura como una herramienta para investigar”, dijo Alejandra Ramos, jueza en el estado de Chihuahua al diario neoyorquino.
No obstante, el argumento presentado por el diputado César Camacho en la redacción de la iniciativa es que se busca “fortalecer el proceso de implementación del sistema de justicia penal derivado de la reforma constitucional de 2008, y responder a nuevas necesidades… pues a pesar de los avances aún se enfrentan retos en la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Penales a nivel nacional”.