El crimen en Veracruz parece imbatible y ya obligó al gobierno del recién llegado Miguel Ángel Yunes a solicitar formalmente la intervención de la Fuerzas Federales ante los niveles de violencia que azotan el estado.
Durante los últimos años, la estrategia de seguridad del gobierno veracruzano parece haber consistido en armar con equipo de alta gama militar a la policía estatal y dejar de lado la estrategia integral de combate al crimen, un error que ya coloca a Veracruz entre los estados más violentos del país.
Un contrato otorgado por adjudicación directa a la empresa EPEL S.A. DE C.V., fechado en 2011, al que tuvo acceso Newsweek en Español, revela cómo el gobierno de Veracruz, entonces encabezado por Javier Duarte de Ochoa, adquirió cuatro vehículos militares “Sand Cat”, con valor de 1 millón 380 mil dólares, para la Fuerza Especial de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.
Los “Sand Cat” son vehículos todoterreno de uso táctico militar, con un nivel de blindaje capaz de soportar ataques directos de armas calibre 50. Están montados en un chasís de Ford 550 y cuentan con escotillas donde el personal puede disparar con seguridad. En su interior pueden ir hasta nueve elementos y poseen sistemas de comunicación avanzados como cámara térmica y conexión GPS. Son utilizados principalmente para operaciones de alto riesgo como el patrullaje en zonas de conflicto y rescate de secuestrados.
El gobierno del prófugo Javier Duarte decidió invertir recursos en cuatro vehículos blindados y artillados, los cuales pudo haber utilizado en la compra de aproximadamente 95 patrullas para la policía estatal. No lo hizo, y dotó de artillería militar a pequeñas unidades de policías que en un 46 por ciento reprobaron las pruebas de confianza.
La política de “blindar” con equipo táctico de uso militar a las corporaciones policiacas para enfrentar al crimen organizado y a la delincuencia común, derivó en una fallida estrategia que disparó las cifras de delitos en el estado.
A finales de 2016 las cifras de robo se dispararon en 84 por ciento, los homicidios 113 por ciento, los secuestros 142 por ciento y las violaciones 280 por ciento, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Estos números impactaron en las estadísticas de seguridad no obstante que dos años antes, en 2014, se anunció la creación de la Fuerza Civil Veracruz, un grupo supuestamente de elite compuesto por 2 mil elementos dotados de los artillados “Sand Cat” y vehículos Gurkha Nivel 6, capaces de soportar ataques de proyectiles calibre 50 y lanzagranadas.
El Secretariado informó en 2014 que 46 mil elementos policiacos de todo el país fueron dados de baja en el periodo que va de enero de 2010 al 30 de octubre de 2014, debido a que reprobaron los exámenes aplicados en los centros de control de confianza.
En Veracruz, de los 12 mil 595 policías con los que contaba la entidad durante ese periodo, fueron reprobados 5 mil 818 elementos, lo que representó el 46 por ciento de todos los policías de la entidad.
De los 9 mil 34 policías estatales, el 47 por ciento no pasó las pruebas (4 mil 273); mientras que de los 3 mil 549 policías municipales, el 43 por ciento reprobaron las pruebas de confianza (1 mil 545).
“Armar a corporaciones policiacas que han reprobado todos los exámenes de confianza es contraproducente, y parte del problema es precisamente ese, pues todo lo que se refiere al tema de la seguridad ha quedado en manos, en muchos casos, de personal corrupto. Entonces vemos que al final los recursos del Estado se usan para atacar al propio Estado”, comentó Pablo Monzalvo Pérez, profesor del Diplomado de Seguridad Pública de la Universidad Iberoamericana, a Newsweek en Español.
El académico indicó que el uso de las armas no es la solución al tema de la inseguridad, pues este problema debe combatirse con conocimiento. “El punto no es tener más armas sofisticadas sino tener estrategias inteligentes para hacer frente a la delincuencia”, señaló.
“En la medida en que los gobiernos se armen con equipo militar más potente, la delincuencia organizada lo hará con armas aún más letales”, advirtió Monzalvo Pérez.
Según documentos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, de 2011 a 2016 se llevaron a cabo un total de 132 enfrentamientos entre elementos de esa dependencia contra miembros de la delincuencia común y crimen organizado, con un saldo de 186 presuntos delincuentes abatidos, 53 delincuentes detenidos, 171 armas y 679 cartuchos útiles asegurados, así como 88 vehículos incautados.
El costo económico para la entidad derivado de la lucha contra la delincuencia es uno de los más altos del país, según el Observatorio de la Finanzas públicas (OFP) de la Universidad Veracruzana, pues aumentó 70.4 por ciento en los últimos años, pasando de 7 mil 213 millones en 2012 a 12 mil 288 millones de pesos en 2015.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló en su informe de la cuenta pública 2015 que el gobierno de Javier Duarte desvió y malversó un total de 873 millones 740 mil pesos.
Algunas de las anomalías detectadas fueron el incumplimiento del pago a algunos proveedores, entre los que se encuentra la empresa EPEL S.A. DE C.V., la misma que le vendió en 2011 los cuatro vehículos “Sand Cat” a la Secretaría de Seguridad Pública del estado, a la que el gobierno le adeuda hasta la fecha poco más de 8 millones de pesos.