La organización México Evalúa ha encontrado evidencia que apunta a una posible manipulación en las cifras de homicidios dolosos que aportan las entidades al registro estadístico que muestra la incidencia de este delito en un país que desde hace una década libra una “guerra” contra los cárteles de la droga.
El organismo dedicado al análisis, la evaluación y el monitoreo de la operación gubernamental precisa en su estudio “Cada víctima cuenta: hacia un sistema de información delictiva confiable” como la calidad y veracidad de los datos con base en los cuales se construyen las políticas de prevención de la violencia y seguridad pública son centrales para entender la naturaleza del delito en México.
“De no medirse imparcial y correctamente la prevalencia e incidencia delictiva, los diagnósticos de las políticas públicas para prevenir y combatir la violencia y delincuencia, y por ende su efectividad y su financiamiento, no corresponderán a la realidad. Hasta ahora, prevalecen incentivos perversos que impiden medir con precisión estos fenómenos”, dice el estudio.
En la labor de definir y analizar el concepto de manipulación delictiva, a partir de las definiciones de fraude y con base en la información sobre incidencia delictiva del fuero común publicada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), México Evalúa concentró su atención en dos clases de manipulación: subregistro y clasificación incorrecta.
Tras un análisis estadístico y forense de los homicidios realizado para detectar posibles casos de manipulación en la modalidad de subregistro la investigación encontró que probablemente 23 de 136 gobiernos estatales (se analizaron distintas administraciones de un mismo estado) dejaron algún rastro de manipulación, puesto que la frecuencia acumulada en el último dígito de las cifras de homicidios dolosos “no concuerda con los criterios de uniformidad y aleatoriedad. En tales entidades, generalmente las terminaciones 1, 2 y 3 de sus respectivos homicidios fueron las más frecuentes”.
Al aplicar para el mismo caso de subregistro tres condiciones derivadas de experimentos psicológicos y conductuales los resultados sugirieron que 28 por ciento de las administraciones analizadas fueron catalogadas como posibles focos rojos en términos de subregistro delictivo.
En otro análisis enfocado a la probable reclasificación de homicidios dolosos (o intencionales) por culposos (no-intencionales) se encontró en 31 de 96 administraciones estudiadas evidencia de posibles casos de reclasificación delictiva.
La organización investigó además el posible efecto de los periodos previos a las elecciones para gobernador sobre esta reclasificación hallando que la posible manipulación de homicidios puede presentarse antes de las elecciones, aunque es más probable que suceda cuando el margen de victoria entre el primero y segundo lugar fue más cerrado.
En ese sentido, el reporte concluyó que si bien parte de las anomalías de los homicidios pudieron deberse a cuestiones aleatorias, a la falta de capacidades locales para clasificar y resolver delitos, y a posibles casos de subregistros y clasificación incorrecta, “estas pruebas deberían considerarse como diagnósticos para identificar focos rojos y complementarse con la construcción de auditorías físicas de información delictiva que permitan validar o no nuestros resultados”.
En segundo lugar, se precisó que aunque no se puede asegurar que ha ocurrido algún grado de manipulación del homicidio en los gobiernos que presentaron ciertas anomalías, como tampoco se puede comprobar que no hubo manipulación en el resto de las administraciones, los hallazgos deben servir para determinar, de manera más fina, los periodos en cada estado donde sería conveniente revisar y verificar los registros delictivos que éste envía al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
La organización dijo que los resultados de su reporte deben generar un llamado a la acción para iniciar un debate democrático al respecto a la par que propuso fortalecer la confianza ciudadana hacia las autoridades ministeriales y capacitar continuamente a éstas.
De la mano de las recomendaciones, el reporte concluyó en la necesidad de institucionalizar un comité que audite y valide la calidad y veracidad de las estadísticas delictivas del fuero común. “Por tanto, es necesario iniciar un diálogo constructivo y democrático entre ciudadanos y autoridades sobre la relevancia de contar con registros delictivos de calidad y veraces”, dijo.