El grupo reconoció mediante un comunicado que la filial local, que pertenecía entonces al grupo francés Lafarge, “entregó fondos a terceros con el fin de alcanzar acuerdos con un determinado número de estos grupos armados, incluidos algunos sometidos a sanciones”.
LafargeHolcim dijo que debido a la guerra civil, “el deterioro de la situación política en Siria supuso desafíos muy difíciles en cuanto a la seguridad, las actividades de la fábrica y los empleados”.
“Esto incluye amenazas para la seguridad de los colaboradores así como desórdenes en los aprovisionamientos necesarios para hacer funcionar la fábrica y distribuir los productos”, precisó.
Ante esa situación, la filial local de Lafarge intentó relacionarse con las “facciones armadas” que controlaban o intentaban controlar la zona de la cementera.
Una investigación interna “no ha podido establecer con certeza quiénes eran los destinatarios finales de los fondos”, añade.
Según el diario Le Monde, que destapó el caso en junio pasado, esa política benefició al grupo yihadista Estado Islámico (EI).
El medio francés indicó que Lafarge había designado un intermediario para obtener que el Estado Islámico otorgara salvoconductos a sus empleados. La misma información indica que la dirección de Lafarge en París estaba al corriente de esa decisión.
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Con información de AFP