El estado de Veracruz fue “sede de interconexiones políticas y criminales” durante los gobiernos de Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa lo cual aceleró el descenso de la entidad hacia la inseguridad extrema, refiere un reporte de la organización International Crisis Group.
En el informe “Veracruz: reformar el estado de terror mexicano” se plantea cómo durante estas administraciones el crimen organizado en Veracruz mutó del narcotráfico a un diverso conjunto de actividades delictivas, incluidas la extorsión, el secuestro extorsivo, el tráfico de personas y el robo de petróleo, en algunos casos bajo la protección de las autoridades.
“El tercer estado más poblado de México no ha sufrido solamente una ola de asesinatos y desapariciones sin precedentes, sino que ha sido gobernada con la intención de ocultar o negar estos crímenes, y de asegurar que los culpables tengan rienda suelta”, dice el documento publicado este martes.
Crisis Group llevó a cabo investigaciones para este informe en la Ciudad de México y en las ciudades de Veracruz de Xalapa, Veracruz y Córdoba entre octubre y diciembre de 2016 así como entrevistas a periodistas, activistas, funcionarios y ex funcionarios estatales quienes ayudaron a develar el diseño del aparato estatal de Veracruz para crear, proteger y ocultar los intereses criminales.
“A lo largo de los últimos doce años, Veracruz ha encarnado la combinación de una
transición democrática defectuosa y el creciente poder del crimen organizado. La virtual ausencia de mecanismos de control eficaces, ya sea mediante controles y contrapesos formales o controles informales por parte de las autoridades federales, permitió
que líderes políticos corruptos capturaran las instituciones públicas de Veracruz
para su uso y beneficio privado”, dice.
El reporte refiere el que una entidad rica en recursos naturales y producción agrícola además de estar marcada por una “gran desigualdad”, tenga que cargar con una malversación de miles de millones de dólares en fondos públicos ocurrida durante la administración del gobernador Javier Duarte, ahora prófugo de la justicia.
“La canalización de fondos de contratos públicos hacia una serie de empresas ficticias, establecida desde el comienzo del mandato de Duarte en 2010 y revelada por investigaciones mediáticas y judiciales, ha sido la manifestación más obvia de la corrupción en Veracruz”, menciona el informe de Crisis Group a la par que destaca la colusión y la debilidad de los mecanismos de control que no detectaron “una sola anomalía durante el mandato de Duarte ni el de su predecesor Herrera”.
La organización no gubernamental reconoce la creación de una Comisión de la Verdad de Veracruz, creada en noviembre de 2016, para establecer las causas y responsabilidades de las atrocidades criminales del estado a la par que pide al gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares una mayor colaboración con la federación así como admitir e investigar la participación del estado en crímenes de lesa humanidad.
De igual forma recomienda que la comunidad internacio- nal debería ejercer presión sobre los líderes políticos para que aborden los déficits democráticos y judiciales y colaboren con la sociedad civil.
“A medida que avanzan los esfuerzos para enjuiciar a las figuras emblemáticas del aparato estatal criminalizado de Veracruz, es fundamental recordar que las atrocidades del estado no son ninguna anomalía en México. La historia reciente de Veracruz, los espantosos detalles que están comenzando a salir a la luz, subrayan la crisis no de una administración estatal, sino del sistema político mexicano en su conjunto”, menciona el informe.