DEBORAH CUTKELVIN es una estilista de Brooklyn que siempre tiene a mano los datos de su dermatólogo. Lo hace por sus clientes pues, con los años, ha visto muchas mujeres angustiadas quejándose de pérdida de cabello, así como cueros cabelludos que requieren más atención médica que retoques. El médico suele tratar a sus clientes por alopecia, consecuencia de una vida de abusos capilares: trenzar, planchar y relajar el cabello con galones de lociones y cremas formuladas con más productos químicos de los que utilizaría un fontanero durante un mes para desatascar drenajes.
Seymonnia’s Hair Salon, el negocio de Cutkelvin, es uno de los miles de establecimientos de Brooklyn que atienden las necesidades y preferencias específicas de las mujeres de raza negra. Y como el salón tiene mucha competencia local, Cutkelvin tiende a usar productos que producen los resultados que esperan sus clientes, quienes pagan 50 dólares para “relajar” su cabello. Esos productos contienen lejía, un líquido que deshace el rizado del cabello como por arte de magia; sin embargo, también es una sustancia química muy eficaz para desengrasar hornos, desatascar desagües y disolver cadáveres de animales, e incluso algunas agencias funerarias la utilizan en la cremación química. La lejía —también llamada cloro o lavandina— ha sido la piedra angular de los relajantes capilares desde principios de la década de 1970, y muchas mujeres negras que desean alisarse el cabello han llegado a asimilar el dolor y la sensación urente de los relajantes capilares como parte de la experiencia rutinaria del salón de belleza.
Algunas compañías para el cuidado capilar intentan minimizar el papel de la lejía en sus fórmulas para relajantes, pero Cutkelvin asegura que es una artimaña. “No importa que la etiqueta diga ‘sin lejía’, ‘menos lejía’ o ‘manteca de karité’”, previene. “Aunque afirmen que no tiene lejía, es mentira”. Cutkelvin es una de una multitud de peluqueros que cuestionan la seguridad de los productos capilares para las mujeres negras.
“Si se trata de sustancias químicas, esto es como el Salvaje Oeste”, afirma Nourbese Flint, directora de política en Black Women for Wellness, una organización no lucrativa para defensa y educación. “La Administración de Alimentos y Medicamentos no tiene poder de regulación alguno”. Desde hace casi ochenta años, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) ha mantenido eminentemente intactos sus reglamentos sobre cosméticos y productos de belleza y, en consecuencia, las compañías de belleza han tenido un poder virtualmente ilimitado para fabricar y comercializar lo que les venga en gana sin aprobación de la dependencia federal. A diferencia de los fármacos, la FDA no aprueba productos cosméticos y de belleza, y la administración tampoco tiene autoridad para ordenar la requisa obligatoria de cualquier producto sospechoso de ocasionar efectos secundarios nocivos.
Este problema afecta todo el espectro de productos de belleza en Estados Unidos. Si las mujeres desean una cabellera más lisa, una piel más suave, labios más rojos, pestañas más largas o uñas más brillantes (o la sociedad sugiere que debieran aspirar a esos estándares de belleza), las compañías responden a esas ambiciones adicionando a sus productos diversas sustancias que pueden ser alergénicas, tóxicas o carcinógenas. No obstante, esos químicos no causan una irritación cutánea cualquiera: algunos expertos aseguran que los ingredientes comúnmente hallados en los productos cosméticos y de belleza están vinculados con el cáncer y diversos trastornos endocrinos. Otras investigaciones sugieren que la exposición a ciertas sustancias químicas de los productos de belleza y capilares puede incrementar el riesgo de complicaciones durante el embarazo, como aborto espontáneo y niños de bajo peso al nacer. Se sospecha que el uso prolongado de algunos cosméticos tiene graves repercusiones en la salud, pero muchos de los esfuerzos de la industria para responder a este problema se basan en declaraciones científicas infundadas y en montones de mercadotecnia falsa.
Los negros representan una cantidad desproporcionada del gasto en la industria cosmética y de belleza de Estados Unidos. Aunque solo 13 por ciento de la población del país es negra, este grupo demográfico sostiene 22 por ciento de la industria de cosméticos, valuada en 42 000 millones de dólares, según el Environmental Working Group (EWG), grupo de investigación que vigila la seguridad de los productos de consumo y cabildea por regulaciones más estrictas. En un informe de reciente publicación, el EWG halló que alrededor de tres cuartas partes de los productos dirigidos específicamente a mujeres negras contienen altas cantidades de sustancias químicas peligrosas y tóxicas, como parabenos y formaldehído.
En los últimos cinco años, el EWG ha gastado unos 600,000 dólares para construir una gran base de datos pública sobre productos de belleza y cosméticos, conocida como “Skin Deep”, la cual ofrece sus valoraciones de seguridad sobre casi 65,000 productos comercializados bajo más de 2000 marcas. Hace poco, EWG publicó un informe centrado, específicamente, en los 1177 productos de belleza y para el cuidado del capilar dirigidos a mujeres negras.
Dicho análisis se basó en 1177 artículos para belleza y cuidado personal. De manera particular, el informe analizó la inocuidad de los ingredientes de 15 relajantes capilares disponibles en el mercado, otorgándoles una puntuación promedio de 8.1, que los situó en el rango de alto riesgo (el EWG revisa las investigaciones existentes sobre aditivos y sustancias químicas, y califica cada compuesto con una escala que oscila entre 1 y 10). Según el nuevo informe, aunque muchos productos para el cuidado capilar estaban etiquetados como “sin lejía”, los investigadores encontraron que sus fórmulas contenían otros ingredientes cáusticos, como parabenos, así como conservadores que soltaban formaldehído.
RIZAR Y MORIR: Tecnicismos del etiquetado permiten que las compañías vendan productos aun cuando conocen los riesgos para la salud. Foto: ARNOLD TURNER/INVISION FOR DEVACURL/AP
EWG también encontró sustancias químicas tóxicas en las formulaciones de cosméticos estudiadas en el informe, incluidos labiales, bases de maquillaje y correctores. Por ejemplo, el conservador metilisotiazolinona se identificó como componente en 118 productos analizados. Esta sustancia química es un alérgeno conocido, y está prohibido parcialmente en Europa por instrucción del Comité Científico para Seguridad de los Consumidores, dependencia de la Comisión Europea. En cambio, en Estados Unidos, la FDA autoriza que las empresas de cosméticos utilicen dicho aditivo en pequeñas dosis, bajo supervisión limitada.
“La FDA necesita más autoridad; debe poder requisar productos si causan daño”, dice Nneka Leiba, subdirectora de investigación en EWG y coautora del informe. “No debiéramos ser cobayas de esos productos”.
En los últimos años se han registrado numerosos casos que justifican las inquietudes de los consumidores. En 2016, la FDA emitió una alerta de seguridad sobre productos para el cuidado capilar producidos por la empresa WEN by Chaz Dean, luego de recibir quejas de consumidores acerca de incidentes de pérdida y quebradura de cabello, alopecia y sarpullidos, todos asociados con una línea de acondicionadores para limpieza. En julio, la FDA anunció que había recibido 127 informes de consumidores sobre efectos adversos con el uso del acondicionador WEN; para noviembre, la cifra aumentó a 1386. Cuando la FDA al fin decidió lanzar una investigación sobre la compañía, descubrió que WEN había atendido cerca de 21,000 quejas, pero jamás informó a los funcionarios de salud acerca de los efectos adversos del producto, ya que la legislación actual no lo exige.
Debido a tecnicismos en el etiquetado del producto, con solo un pequeño ajuste en las prácticas de comercialización las empresas pueden seguir vendiendo sus productos, aunque conozcan los riesgos para la salud. En 2011, la FDA envió una carta al presidente de Brazilian Blowout, señalando que su producto para alisar el cabello contenía metilenglicol, un compuesto que se produce por reacción química al combinar formaldehído con agua. Al año siguiente, la compañía llegó a un arreglo en una demanda colectiva por 4.5 millones de dólares, y como parte del trato, ofreció que no seguiría comercializando su producto con la etiqueta “sin formaldehído”.
Con todo, la mayoría de los expertos de la industria y muchos legisladores coinciden en que no hay suficiente supervisión federal para proteger adecuadamente a los consumidores de las sustancias químicas dañinas que contienen los productos cosméticos. Según los lineamientos vigentes, las empresas son las responsables de llevar a cabo las pruebas de seguridad, lo cual les brinda un margen de maniobra muy amplio para formular los productos que quieran, acusa Tina Sigurdson, defensora general adjunta en EWG. Sigurdson agrega que, cuando los consumidores informan de los efectos adversos de los productos químicos, la FDA no tiene el poder para emprender acciones legales significativas por cuenta propia. Para hacer algo, tendría que recurrir al Departamento de Justicia de Estados Unidos, una dependencia que, normalmente, no tiene tiempo para ocuparse del champú.
Los reglamentos vigentes para la industria de la belleza se establecieron en 1938, cuando el Congreso aprobó la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos de Estados Unidos. Bajo esta legislación, las empresas de cosméticos son responsables de garantizar la seguridad de sus productos, pero están obligadas a presentar pruebas de seguridad ante la FDA solo cuando los funcionarios de salud tienen que intervenir.
Desde 1938, solo se ha aprobado otra legislación que protege a los consumidores de productos potencialmente peligrosos: la Ley de Envasado y Etiquetado Justos, promulgada en 1967. Esta legislación exige que las empresas de cosméticos enumeren todos los ingredientes del producto en las etiquetas. Pero persisten algunos tecnicismos: quedan exentas las formulaciones de fragancias, pues están consideradas “secretos comerciales”. Y también están exentos los productos destinados a usos profesionales, como los utilizados en salones de belleza.
Para muchos miembros del Congreso, es evidente que las leyes actuales requieren de una revisión sustancial. En abril de 2015, las senadoras Dianne Feinstein (California) y Susan Collins (Maine) presentaron el proyecto de ley Seguridad para Productos de Cuidado Personal, el cual otorgaría a la FDA la autoridad necesaria para requisar productos. Si la legislación es aprobada, la dependencia federal tendría la obligación de investigar, anualmente, cinco sustancias químicas potencialmente peligrosas, las cuales son ampliamente utilizadas en la industria de la belleza, incluidas metilenglicol y parabenos.
“El público de veras cree que, si compra productos para el cabello, estos han sido aprobados por la FDA; pero no es cierto”, comenta Frank Pallone Jr., representante demócrata de Nueva Jersey, quien copatrocinó un proyecto de ley que daría a la FDA la autoridad para requisa obligatoria y la capacidad para recopilar datos sobre las sustancias químicas utilizadas en productos cosméticos. La legislación también exigiría que las instalaciones de producción se registraran ante la FDA y pagaran cuotas de usuario, las cuales servirían para financiar la regulación de la industria. Según Pallone, la propuesta generaría alrededor de 20 millones de dólares.
Los dos proyectos de ley gozan del apoyo bipartidista; en parte, porque hasta los líderes de la industria abogan por normas más consistentes. En este momento, cada estado de la federación determina sus propios esquemas de regulación, lo que, en última instancia, dificulta la operación de las empresas de cosméticos, pues los distribuidores necesitan mantenerse al tanto de las sutilezas legislativas de los cincuenta estados del país, y eso puede resultar costoso; amén de ser una pesadilla logística.
Linda Loretz, jefa de toxicología en el Consejo de Productos del Cuidado Personal —organización comercial del sector integrada por compañías que representan, por lo menos, a 85 por ciento de la industria—, concuerda en que hace falta más supervisión. Sin embargo, Loretz duda de los informes de EWG pues, en su opinión, se basan en investigaciones a menudo hechas fuera de contexto, como los estudios que evalúan la seguridad de una sustancia química en ratones o en investigaciones realizadas con tubos de ensayo en un laboratorio. “Tienes que determinar su relevancia para los seres humanos reales, vivos; cuál es su relevancia en condiciones de vida real”, enfatiza. “Se trata de ingredientes que se han utilizado ampliamente, que se han estudiado a fondo, que han evaluado organismos expertos de Estados Unidos y también de Europa”.
Publicado en cooperación con Newsweek/ Published in cooperation with Newsweek