Tras la descripción que hizo esta semana el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), los proyectos del presidente Donald Trump para incrementar drásticamente las deportaciones están desatando el pánico en las comunidades inmigrantes de todo el país. No obstante, esta agresiva iniciativa también debería horrorizar a los funcionarios responsables del presupuesto federal, quienes tendrán que encontrar la manera de pagar el enorme incremento de personal e infraestructura contemplado en dos memorandos que emitió, el martes, el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly; ya que es muy probable que sumen varios miles de millones de dólares a la factura para la represión inmigratoria de Trump, adicionales a los 21 mil millones de dólares que –según cálculos de los funcionarios de DHS- costaría el muro que el mandatario desea construir en la frontera con México.
“Si de veras quieren hacer esto usando agentes de DHS… tendrán que conseguir fondos significativamente mayores para lograrlo, o cambiar las prioridades de DHS”, dice Ben Gitis, director de políticas para el mercado laboral en American Action Forum, centro de estudios económicos de centro derecha. El año pasado, Gitis redactó un informe sobre lo que haría falta para expulsar a los cerca de 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos, en un plazo de dos años, como propuso Trump durante su campaña. El costo total oscila entre 400 mil millones y 600 mil millones de dólares.
En sus lineamientos más recientes, la presidencia de Trump no propone deportaciones de semejante escala, aunque sugiere expandir tanto al personal dedicado a la captura y detención de inmigrantes indocumentados como la autoridad que tendrán para sacar personas del país. Entre los elementos más costos de los “memorandos de implementación” de Kelly –dirigidos a implementar la orden ejecutiva de Trump para la observancia de las leyes inmigratorias, firmado en enero-, se cuenta la contratación de miles de agentes adicionales para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la Patrulla Fronteriza. Kelly escribió que ha “instruido a ICE para que contrate 10,000 oficiales y agentes de manera inmediata, sujetos a la disponibilidad de recursos”, con la finalidad de llevar a cabo acciones de observancia legal. Dicha cifra casi duplica la plantilla de 5,700 oficiales de deportación que emplea, actualmente, la oficina de Operaciones de Detención y Deportación de ICE. El memorando de Kelly también requiere que el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza empiece a contratar otros 5000 agentes para la Patrulla Fronteriza, departamento que, a la fecha, emplea unos 21,000 agentes.
Para darnos idea del costo que tendrá todo esto, demos un vistazo al presupuesto solicitado el año pasado para Seguridad Nacional: cuando la presidencia de Obama presentó su solicitud presupuestal para el año fiscal 2017, reservó 6.6 millones de dólares para DHS con la finalidad de contratar a 100 oficiales adicionales que “apoyarán a ICE en la detención y deportación de objetivos extranjeros prioritarios”. Hay que multiplicar esa cifra por 100, a fin de que el departamento reciba una suma de 660 millones y pueda pagar los salarios de los 10,000 oficiales adicionales que quiere emplear. Entre tanto, DHS, solicitó 3.8 mil millones de dólares para cubrir el presupuesto de los 21,000 agentes de la “plantilla operativa” que integra a la Patrulla Fronteriza. Con base en esa cifra, la contratación de otros 5,000 agentes costaría unos de 900 millones de dólares adicionales.
Y esas sumas no cubrirán todos los incrementos de personal que describió Kelly. Sus memorandos también solicitan 500 agentes fronterizos adicionales de la Fuerza Aérea y la Marina, así como un incremento indeterminado de oficiales para detección de fraude y asilo destacados en instalaciones de detención cerca de la frontera mexicana. Además, Kelly también pidió un “aumento” en la contratación de jueces de inmigración y funcionarios de asilo para el Departamento de Justicia, quienes evaluarán los casos de inmigración. Así que, dependiendo de cuántas personas contrate el gobierno para cubrir estas funciones, el costo podría elevarse otros cientos de millones de dólares.
Gitis señala, así mismo, que los memorandos de Kelly no dan cuenta de la presión que ejercería este incremento de la observancia legal en las fuerzas de policía locales. “Casi toda la inquietud manifestada actualmente proviene de los oficiales de policía locales”, dice Gitis. Kelly escribe que, en su nuevo esfuerzo de deportación, DHS quiere “maximizar la participación de las jurisdicciones estatal y local”. Pero con las limitaciones de tiempo y recursos, las fuerzas de policía se verían forzadas a abandonar sus prioridades en otros esfuerzos.
Por otra parte, también resultaría muy costoso encerrar a todos los inmigrantes que detengan los agentes de ICE y la Patrulla Fronteriza. Los memorandos de Kelly instruyen a ICE y al Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza a “destinar todos los recursos disponibles para expandir, al máximo posible, sus capacidades y aforos de detención en o cerca de la frontera con México”. Sin embargo, los centros de detención existentes –eminentemente, viejas cárceles readaptadas y operadas por contratistas privados- ya exceden el máximo de 34,000 internos que fijó el Congreso. En octubre,The Wall Street Journal informó que ICE retenía a más de 40,000 personas. Y firmar contratos con más operadores de prisiones privadas no resultará barato. El contrato de 2014 que la presidencia Obama suscribió con la Corporación de Correccionales de Estados Unidos para administrar una instalación en Dilley, Texas para albergar el aluvión de familias de centroamericanas que cruzan la frontera, tendrá un costo de mil millones de dólares a lo largo de cuatro años.
En su solicitud presupuestal para el año fiscal de 2017, DHS calculó que cada adulto internado en uno de esos centros para detención de inmigrantes costaba un promedio de 126.46 dólares diarios; y en este momento, los inmigrantes permanecen detenidos un promedio de 30 días. No obstante, el memorando de Kelly resalta la necesidad de expandir las detenciones a corto plazo. Y según Phil Wolgin, director ejecutivo del equipo de políticas de inmigración en el centro de estudios liberal Center for American Progress, varios de los cambios de política descritos en el memorando facilitarán que el gobierno acelere las deportaciones.
Entre otras medidas, DHS amplía la elegibilidad para la llamada “deportación acelerada”, mediante la cual un inmigrante indocumentado puede ser expulsado del país sin siquiera comparecer ante un juez.
“Bajo la política actual… la deportación acelerada solo podía usarse con personas que eran detenidas a 100 millas [160 kilómetros] de la frontera y dentro de los 14 días posteriores a su ingreso en el país”, explica Wolgin. Pero los nuevos memorandos establecen que, ahora, el proceso de deportación puede aplicarse a cualquiera “incapaz de demostrar que no ha estado en Estados Unidos, continuamente, durante dos años”, agrega Wolgin. Eso brinda a la presidencia Trump un medio para evitar algunos de los obstáculos más costosos, como encerrar a miles de personas en centros de detención durante varias semanas.
Con todo, Wolgin señala que no se eliminan los costos de transportar a los detenidos a sus países de origen. Según el Centro de Investigaciones Pew, solo cerca de la mitad de los inmigrantes indocumentados que se encuentran en Estados Unidos procede de México. Eso significa que casi la mitad de los inmigrantes indocumentados que detenga el gobierno tendrán que regresar a sus países de origen en vuelos chárter. En un informe de 2015, Gitis calculó que el costo de transportar a todos los inmigrantes indocumentados que no regresen a su patria por cuenta propia ascendería a más de 11 mil millones de dólares. Con base en los cálculos de Gitis, el envío de apenas 1 millón de personas a sus países de origen tendría un costo superior a mil millones de dólares.
Cuando presente su presupuesto anual –que según la Casa Blanca será publicado a mediados de marzo-, Trump tendrá que describir con más detalle cuánto pretende gastar en su proyecto de observancia de las leyes de inmigración durante el próximo año. También se espera que responda algunas de estas interrogantes durante su discurso ante el Congreso, la semana próxima. No obstante, proponer programas nuevos y costosos, y obtener fondos para implementarlos, son dos cosas muy diferentes. Tal vez los republicanos del Congreso estén deseosos de demostrar su postura firme en el tema de la inmigración, pero los conservadores fiscales, sobre todo en la Cámara de Representantes, difícilmente aprobarán un incremento enorme del presupuesto federal para cubrir este tipo de medidas. Sumar miles de millones de dólares al presupuesto de Seguridad Nacional, solo para deportar inmigrantes indocumentados, seguramente provocará una disputa entre los republicanos despilfarradores y los demócratas, quienes objetarán con argumentos sociales y morales.
Pese a esto, Wolgin añade que las limitaciones presupuestales no tranquilizan a los inmigrantes, temerosos de ser deportados. “Aunque no consigan el dinero”, dice, “parece que harán todo lo posible para escalar la observancia legal”.