Las leyes de un país no caen del cielo, son creación de seres humanos defectuosos que se valen de procesos políticos defectuosos.
Los líderes políticos exitosos son conscientes de esta realidad y tratan de operar dentro de estas limitaciones. Sin embargo, quienes las ignoran, corren el riesgo de crear conflictos sociales muy perjudiciales.
Y ese es el riesgo que corre la presidencia Trump con su nueva estrategia para implementar legislaciones inmigratorias en Estados Unidos, las cuales perfiló en una serie de memorandos emitidos con la rúbrica del general John Kelly, el nuevo secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).
La versión abreviada de los memorandos y la explicación ulterior que ofreció DHS, este miércoles, es la siguiente: que la ley es la ley, y que será aplicada. Se acabó la “discreción de la fiscalía” como la que solía utilizar la presidencia Obama para deportar a criminales convictos, al tiempo que dejaba en paz a las madres solteras indocumentadas y a los entrenadores de Pequeñas Ligas. Ilegal significa ilegal, y si estás en Estados Unidos ilegalmente, serás expulsado. ¿Hay algo de esto que no entiendas?
No obstante, lo que el secretario Kelly y la presidencia Trump no logran entender es que el cumplimiento riguroso de las leyes inmigratorias estadounidenses –muchas de ellas, obsoletas desde hace medio siglo o más, y a menudo mal redactadas, por principio de cuentas- no es una medida que goce de apoyo general en este país.
El acuerdo que existe desde, al menos, mediados de la década de 1990 (fortalecer la frontera para desalentar el ingreso ilegal y retirar a los inmigrantes ilegales que representen una amenaza auténtica, a la vez que se deja en paz a los buenos trabajadores) ha sido sin duda complicado, pero ha funcionado tolerablemente bien. Y ha reflejado con toda exactitud la ambivalencia del país.
La legalización general no recibió suficiente respaldo público, pero tampoco lo ha tenido la campaña para la deportación masiva dirigida contra los 11 millones de migrantes ilegales de Estados Unidos, muchos de los cuales han estado aquí desde hace décadas.
De estas dos opciones, las encuestas sugieren que el mayor apoyo es para la legalización. El presidente Obama intentó aprovechar ese respaldo para persuadir al Congreso de aprobar una reforma extensa de las leyes inmigratorias del Estados Unidos, incluida la legalización. Y estuvo a punto de lograrlo en 2013, cuando obtuvo un voto bipartidista 68-32 en el Senado.
Incluso trató de ganar los votos de los republicanos insistentes en la observancia puntual al escalar el número de deportaciones a niveles récord de más de 400,000 al año, lo que valió el apodo de “Deportador en jefe” entre los defensores de la inmigración.
Obama también actuó por su cuenta implementando, mediante una orden ejecutiva, el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), a fin de proporcionar un estatus legal temporal, y premisos de trabajo, a quienes entraron ilegalmente en Estados Unidos siendo menores de edad.
Si bien podría argumentarse que abusó de su autoridad ejecutiva, Obama protegió a la clase de migrantes no autorizados que movía a mayor compasión: los niños que llegaron al país con sus padres. Hasta ahora, Trump no ha mostrado la disposición de quebrantar esa orden, sin duda consciente de la indignación que desataría.
Tras el fracaso de su esfuerzo en el Congreso, Obama intentó llegar más lejos: emitió la orden Acción Diferida para Padres de Ciudadanos Estadounidenses (DAPA, por sus siglas en inglés), la cual habría conferido protecciones similares a los progenitores de niños nacidos en Estados Unidos.
Desde el punto de vista político, se extralimitó y muy pronto condujo a una demanda legal respaldada por 26 estados. Un juez de Texas bloqueó la implementación, y cuando la decisión fue confirmada por la corte de apelaciones y por una Suprema Corte dividida, la presidencia Obama desistió.
El mandato de Obama terminó casi donde comenzó, con esfuerzos continuos para fortalecer la observancia de las leyes en la frontera, y con una política de deportación centrada en criminales graves.
Pero ahora, la presidencia Trump, procediendo con el mandato más miope imaginable, ha decidido que los estadounidenses están listos para la medida radical de una observancia legal más estricta. Y los memorandos que suscribió el secretario Kelly demuestran una audacia pasmosa. Entre los puntos más relevantes:
* DHS pretende contratar 10,000 nuevos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), casi duplicando el tamaño de la dependencia responsable de arrestar y expulsar a los inmigrantes ilegales.
* La presidencia pretende casi eliminar la “discreción de la fiscalía”. En vez de ello, “todos cuantos violen la ley de inmigración” enfrentan ahora la probabilidad de ser expulsados si son descubiertos por las fuerzas de la ley.
* DHS pretende contratar otros 5,000 agentes de la Patrulla Fronteriza con la finalidad de “detectar, rastrear y arrestar eficazmente a todos los extranjeros que entren ilegalmente en Estados Unidos”. Nadie que, de verdad, conozca la región de la frontera, creería que semejante tasa de detención de 100 por ciento es remotamente racional.
* DHS pretende combatir a los refugiados procedentes de los países centroamericanos que componen el violento Triángulo Norte, quienes hoy llegan a la frontera en cifras casi equivalentes a los ingresos ilegales procedentes de México. Por ejemplo, DHS amenaza con rastrear y perseguir a los padres radicados en Estados Unidos que contraten contrabandistas para librar a sus hijos de las amenazas que encaran en América Central.
Esto es solo una muestra de las medidas propuestas, todas las cuales prometen una represión extensa contra quienes se encuentran ilegalmente en Estados Unidos, y un esfuerzo mucho más agresivo para mantener fuera no solo a quienes intenten entrar ilegalmente en el país, sino también a quienes tratan de huir de la violencia y la persecución.
Lo que garantizan los memorandos de Kelly es una resistencia generalizada. Por suerte, hay muchos obstáculos. El Congreso tiene que asignar los fondos enormes que hacen falta para financiar el costoso escalamiento que ha propuesto Kelly. Por otro lado, el gobierno requerirá de muchos más jueces de inmigración y será difícil cubrir esa necesidad rápidamente.
Los gobiernos estatales y los grupos por los derechos civiles desafiarán esas medidas en las cortes. Los agricultores que dependen del trabajo de los inmigrantes, protestarán. Las ciudades que son hogar de la mayoría de los inmigrantes no autorizados del país, ofrecerán resistencia; igual que las fuerzas policiacas que deben trabajar con las comunidades de inmigrantes y las iglesias que, por convicción religiosa, dan asilo a los migrantes.
Juntos, disponemos de muchas maneras de resistir a un gobierno federal más grande y más agresivo, que se muestra decidido a aplicar las fallidas leyes inmigratorias del país al pie de la letra.
“La ley es la ley” es un eslogan ostentoso. Pero no refleja la realidad política del problema de la inmigración. Los presidentes del pasado aprendieron la lección. Trump también la aprenderá.
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Publicado en cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek