Debido al incumplimiento en el pago de un millón 524 mil 512 pesos a dos expolicías municipales detenidos en operativos de 2009 por supuestos vínculos con la delincuencia organizada, quienes a la postre fueron liberados por un juez federal tras no demostrar su culpabilidad, el ayuntamiento de Pachuca está a un paso legal de ser embargado.
Héctor Rodríguez Ensástiga, uno de los abogados de los elementos, quienes pasaron cuatro y cinco años en prisiones federales al ser señalados por presuntamente operar para el cartel de los Zetas en Hidalgo, afirmó que la alcaldía que encabeza Yolanda Tellería Beltrán no cumplió un acuerdo público de pago por 450 mil pesos, pactado en diciembre de 2016, para cada demandante.
El gobierno local, explicó, debió realizar el primer pago, a cada uno, por 150 mil pesos el pasado 31 de enero; posteriormente erogaría 75 mil pesos mensuales hasta cubrir el monto en mayo de 2015. De esta manera, el erario municipal, del cual alegan falta de solvencia, hubiera ahorrado 624 mil 521 pesos.
Tras no concretar la formalización del acuerdo con el ayuntamiento panista, los otrora elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Pachuca exigen el cumplimiento de sentencia emitida el 2 de julio de 2015 por un tribunal federal y cuyo último resolutivo se efectuó el 11 de octubre de 2016, por un monto de 762 mil 256 pesos para cada uno. Asimismo, ser reinstalados en la corporación.
Los casos forman parte de los expedientes 315/2014 y 220/2014, en cuyas demandas contra edil, síndico procurador y titular de Seguridad Pública municipal los exuniformados requieren el pago de salarios caídos desde la segunda quincena de 2009, además de compensaciones relativas a “bono o Subsemun”, servicio médico, despensa, aguinaldo, vacaciones y prima vacacional hasta la fecha: es decir, por 88 meses al cierre de 2016. Ambos ganaron amparos.
Además de ellos, existen otros dos casos, con la misma sentencia, en recurso de revisión, explicó.
Rodríguez Ensástiga advirtió que, por no cumplir la sentencia de pago dictada por un juez federal, el gobierno de Tellería Beltrán está incurriendo en un delito federal y podrían proceder penalmente.
De acuerdo con el abogado, la administración de Pachuca no se comunica con la defensa desde el 20 de enero pasado. Recordó que antes de esa fecha mantenía las negociaciones con José Luis Mora, del área jurídica del ayuntamiento, y con Jorge Camacho, el segundo del titular.
“Ya nunca nos llamaron, nos evaden, y ya simple y sencillamente no quieren dar ninguna explicación de esta situación (…) Tenemos que embargar”, dijo.
Por ello, sostuvo, desde ese día solicitaron ante el Tribunal Fiscal Administrativo de Hidalgo el cumplimiento de la sentencia, que ordena el pago de 762 mil 256 pesos para cada exefectivo capitalino, que hasta el momento de su detención, en septiembre de 2009, estuvieron bajo el mando de Roberto Terán Contreras, entonces secretario de Seguridad de Pachuca.
Para cubrir el pago, explicó, embargarían recursos federales del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), antes Subsidio para la Seguridad en los Municipios (Subsemun).
De acuerdo con lineamientos para el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios, publicados el 25 de enero pasado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), Pachuca recibirá 15 millones 764 mil 58 pesos del Fortaseg este año.
“Ellos cuentan con este subsidio, sí lo pueden pagar”, insistió, pues afirmó que así se lo hizo saber el jurídico.
“El último argumento, que fue por parte de la secretaria de la presidenta municipal, es que no estaba liberando el dinero el tesorero del municipio, no dándome ninguna explicación”, agregó.
Las autoridades tienen cinco días a partir de que el Tribunal Fiscal les notifique el requerimiento (que –dijo– pudo haber salido ayer) para cumplir con la sentencia. De no hacerlo, comenzarán con el proceso administrativo de embargo a la alcaldía.
Este proceso, que se pude efectuar en un solo día, calculó, tardaría unos 15 días después de la solicitud.
Además del proceso de inconformidad por incumplimiento en el Tribunal Fiscal, la defensa de ambos expolicías promovió dos amparos: uno en el juzgado cuarto de distrito (expediente 78/2017) y otro en el segundo de distrito (62/2017).
“El secretario de Seguridad, la presidenta municipal y el síndico procurador, que son los demandados, están incurriendo en un delito federal, que vamos a hacer una denuncia en su momento por incumplimiento de sentencia. Ya es una sentencia que no pueden dejar de cumplir”, sostuvo.
El defensor afirmó que hay otros 32 exelementos con juicios contra la alcaldía en procesos: algunos en desahogo de pruebas, audiencia de ley y otros, cuya sentencia no fue favorable, en revisión.
Rodríguez añadió que, si la alcaldía cumple el pago requerido, podrían negociar montos menores en próximas sentencias, así como no solicitar reincorporaciones.
“Yo creo que tenemos que ir por todo (el monto) en dos (casos), a menos que los clientes decidan un arreglo; es un poco difícil. De los otros (32) sí (es posible negociar).
“Lo tenemos todavía (margen), pero no hay acercamiento, eso es la molestia de ellos (los clientes), que les le engañó de alguna forma. Si existe algún acercamiento podríamos platicar, pero si no, tendríamos que seguir hasta sus últimas consecuencias”, advirtió.
ELEAZAR ALETARGÓ
Para librar la demanda de más de 30 expolicías municipales, el exedil Eleazar García Sánchez ofreció 20 mil pesos a cada uno.
“Eleazar García se cerró de manera definitiva y sólo propuso de 20 a 24 mil pesos para cada uno de los elementos, sin reincorporación”, afirmó el abogado.
Pese a la omisión de pago del exalcalde priísta a los exelementos, Rodríguez sostuvo que no podría proceder contra él, pues ya no es autoridad.
“Quizá tengamos que mandar llamar al expresidente municipal para efectos de algunos testimonios a declaración en cuanto que ya se les había requerido”, dijo.
En dos operativos efectuados el 24 de junio y 14 de septiembre de 2019, elementos de la Policía Federal detuvieron a 124 miembros de Seguridad estatal y municipal, a quienes acusaron de trabajar para los Zetas; la mayoría ha sido liberado por no acreditar su culpabilidad.
En el caso de los exoficiales de Pachuca, que laboraban en la corporación durante la administración del entonces edil Francisco Olvera, el defensor dijo que sólo se les suspendió, más nunca fueron dados de baja. Además, no se les dio derecho a ser oídos y vencidos en juicio interno, por lo que, insistió, tienen derecho a reincorporarse y solicitar indemnización.