El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo exhortó al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a investigar el abuso cometido por elementos de la Policía Estatal en contra de dos mujeres menores de edad.
Las dos denunciantes dijeron a la organización no gubernamental que integrantes de la Fuerza Tamaulipas, nombre de la corporación de seguridad estatal, las detuvieron de manera arbitraria, las torturaron, abusaron sexualmente de una de ellas y amenazaron a ambas para que no presentaran una denuncia.
Una de las menores relató que fueron detenidas por las patrullas 907 y 908 de la corporación cuando ella y su compañera se trasladaban a bordo de una camioneta. Denunció que tras detener la marcha del vehículo en el que viajaban, dos de los elementos de seguridad pública las obligaron a descender a la fuerza para introducirlas sin ningún motivo a una de las unidades de la policía estatal.
La denuncia refiere que las menores fueron llevadas a una brecha donde una de las jóvenes fue agredida sexualmente, fotografiada e interrogada por uno de los agentes sobre el nombre del “comandante” para el que trabajaba; al responder la menor que no trabajaba para nadie, fue amenazada con ser entregada a un grupo criminal. Esa misma menor denunció haber sido abusada sexualmente por un oficial a quien los demás llamaban “comandante”, mientras que su compañera fue torturada por una agente de policía.
Las dos menores dijeron que tras los abusos sufridos fueron llevadas a instalaciones oficiales de la policía estatal donde fueron ingresadas a celdas separadas por supuestas faltas al bando de policía y buen gobierno. Ahí, les tomaron fotografías de sus lesiones para después pedirle sus datos y llamarla a un familiar.
El Comité dijo que la menor que denunció la agresión sexual “fue ingresada a las celdas de la policía estatal, a disposición de un juez calificador, quien de manera omisa, ni le proporcionó ningún tipo de ayuda por la agresión sexual que fue objeto, limitándose a imponerle una multa de trescientos pesos, pasando por alto los derechos que como menor tiene”.
“Ambas mujeres refieren que como consecuencia de estos hechos su estado se ha alterado, al grado de no poder dormir, han dejado de comer, sufren pesadillas recordando las agresiones que fueron objeto, despertando angustiadas, y cada vez que observan una patrulla de la policía estatal… comienzan a temblar y sienten mucho miedo, optando por no salir de la calle y permanecer en sus respectivos domicilios”, indica la denuncia.
Es por ello, que el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo pidió que se proteja la integridad de las menores así como de las familias durante el tiempo en el que se lleven a cabo las investigaciones-
De igual forma se pidió suspender de manera inmediata al personal de la policía estatal involucrado y evitar que deserten o puedan sustraerse de la acción de justicia “como ha sucedido en anteriores ocasiones”.
Se pidió al gobierno del estado solicitar a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas dar seguimiento a la denuncia y estar atenta de los “operativos” y “detenciones” que realiza el personal de la policía estatal.
Asimismo se exigió una investigación administrativa en contra del personal de seguridad pública municipal incluyendo al personal médico, de custodia, jueces calificadores y demás funcionarios superiores que permitieron el ingreso a una celda de la menor abusada sexualmenre sin seguir los protocolos internacionales para el tratamiento de víctimas de este delito, de tortura y detención arbitraria “soslayando en todo momento el principio de presunción de inocencia”.