No es de sorprender que los críticos del presidente estadounidense Donald Trump preparen una serie de demandas en su contra, entre ellas, una que habrá de presentarse este lunes en relación con su obtención de ganancias derivadas de sus relaciones de negocios en el extranjero, una posible violación a la prohibición constitucional de tales “emolumentos”. Sin embargo, estas demandas enfrentarán difíciles batallas en los tribunales.
El rechazo sin precedentes de Trump a separarse de sus negocios e incluso a revelar sus declaraciones de impuestos complica las cosas. Aunque a principios de este mes Trump dijo que entregaría el control operativo de su compleja red de negocios a sus hijos Eric y Donald Jr., él sigue siendo propietario del vasto laberinto de asociaciones y corporaciones. No ha hecho nada para separarse de esos bienes para evitar conflictos de intereses.
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Todos los presidentes desde Richard Nixon han hecho públicas sus declaraciones de impuestos. Trump se ha rehusado a hacerlo, mencionando una auditoría, actualmente en marcha, por parte del Departamento de Tesorería de Estados Unidos. Sin embargo, no ha ofrecido ni una sola prueba, como una carta rutinaria de auditoría, que pudiera respaldar su afirmación de que enfrenta dicho proceso. Y aun si esto es así, sería libre de hacer pública su declaración impuestos, aunque algunos abogados aconsejan a sus clientes que no lo hagan.
Sin embargo, nada de esto importa. Durante el fin de semana, Kellyanne Conway, asesora del Presidente, anunció que Trump no publicaría sus declaraciones de impuestos, con auditoría o sin ella. Afirmó que el público no tiene ningún interés en el tema, aunque en una encuesta realizada por el Pew Research Center se encontró que 60 por ciento de los encuestados deseaban que Trump publicara sus declaraciones. Este lunes, la Casa Blanca pareció dar marcha atrás una vez más, diciendo que el presidente publicaría sus declaraciones fiscales una vez que la auditoría hubiese concluido.
Los esfuerzos legales para hacer que Trump cumpla con la prohibición constitucional sobre regalos provenientes del extranjero enfrentan un difícil desafío. La cláusula constitucional sobre los emolumentos prohíbe que todos los funcionarios gubernamentales, no sólo el Presidente, obtengan ganancias de empresas extranjeras. Esta prohibición forma parte de una serie de dictados constitucionales que reflejan la preocupación de los fundadores de Estados Unidos de que la que en ese entonces era una joven democracia estadounidense pudiera ser perjudicada por potencias extranjeras. Otro de sus dictados sostiene que el presidente deberá ser un ciudadano nacido en el territorio estadounidense.
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Aunque una pequeña minoría de estudiosos afirman que la cláusula sobre los emolumentos no se aplica al Presidente, incluso aquellas personas que piensan que Trump está a salvo admiten que, al parecer, es el Congreso, y no los tribunales, el que está a cargo de regular lo que el presidente puede aceptar o no. Con el Congreso firmemente en manos de los republicanos, es difícil imaginar que cualquiera de las cámaras apruebe una resolución en la que se obligue a Trump a revelar sus activos en el extranjero, ya no digamos renunciar a ellos.
Sin embargo, unos cuantos estudiosos legales, entre ellos, Laurence Tribe, el renombrado catedrático de Leyes de Harvard, están impulsando su demanda. Dos antiguos zares de ética de la Casa Blanca, Norm Eisen y Richard Painter, que asesoraron a Barack Obama y a George W. Bush, respectivamente, han dicho que Trump viola la Constitución.
En diciembre pasado, Newsweek analizó con detalle la cláusula sobre los emolumentos y la manera en que Trump podría estar violándola o no.