JEFF SESSIONS, el hombre preseleccionado para convertirse en el próximo fiscal general de Estados Unidos, tiene una historia complicada en la guerra contra las drogas. Solo pregúntenle a Stephanie Nodd. Aun cuando ella nunca fue arrestada con narcóticos, la policía la detuvo en 1990 por una participación menor con una banda de cocaína en crack en Mobile, Alabama. Sessions era el fiscal federal del Distrito Sureño del estado por entonces, y su oficina enjuició a Nodd, una madre soltera de 23 años de edad en su primer delito, a quien sentenció a treinta años tras las rejas. Sus cuatro hijos pequeños tuvieron que crecer sin ella.
Unos veinte años después, Sessions cambió el curso de la vida de Nodd otra vez con un apretón de manos en un vestidor a 1600 kilómetros de distancia de Mobile. En marzo de 2010, Sessions, entonces senador menor de Alabama, junto con su colega republicano Orrin Hatch, debatió un acuerdo espontáneo después de encontrarse con el demócrata Dick Durbin en el gimnasio del Senado antes de su ejercicio matutino, recordó Durbin en la audiencia de confirmación de Sessions el 10 de enero.
El acuerdo era remediar una infame ley de drogas de 1986 con una gran disparidad en sentencias para los traficantes de cocaína en crack y en polvo. A alguien con solo cinco gramos de crack se le exigía recibir la misma sentencia que alguien en posesión de 500 gramos de cocaína en polvo, una proporción de cien a uno. La ley también establecía sentencias mínimas obligatorias para niveles varios de posesión de crack, razón por la cual Nodd recibió tantísimo tiempo tras las rejas. La ley de sentencias fue una respuesta a la epidemia de crack que asoló comunidades afroestadounidenses marginales. Por entonces, muchos pensaban que las sentencias duras eran la mejor disuasión contra el crimen. Más bien, diezmaron todavía más esas comunidades y entramparon a miles de delincuentes de poca monta en su mayoría jóvenes y negros.
El acuerdo al que llegaron Sessions y Durbin reducía esa proporción de 18 a 1, no tanto como querían los partidarios de una reforma, pero más de lo que habían propuesto los republicanos. El presidente Barack Obama suscribió el proyecto de ley ese agosto. “A los internos, abrumadoramente afroestadounidenses, se les quitaron miles de años de prisión a causa de nuestra acción conjunta para acabar con esta injusticia”, señaló Durbin en la audiencia de Sessions.
Aun así, Nodd languideció en la cárcel. La nueva ley solo abordaba casos nuevos; no hizo nada por quienes cumplían décadas bajo las antiguas directrices. Eso se daría después, cuando funcionarios decidieron aplicar la ley retroactivamente a su caso, disminuyéndole seis años a su sentencia, con la oposición de Sessions.
Esa oposición y su subsiguiente obstrucción a otras reformas a las sentencias le ha dado a Sessions una reputación, apropiadamente, de línea dura en la justicia penal. Los demócratas, grupos de derechos civiles, profesores de derecho y otros se oponen vigorosamente a su nominación, expresando su preocupación por su historia de discriminación racial y acciones contra la inmigración. Pero su historial sugiere un enfoque más matizado del crimen y castigo, por lo menos, del que algunos le acreditan. Mientras el congreso considera su nominación este mes, sus partidarios y algunos promotores de reformas dicen que su pasado es evidencia de que él podría estar abierto a aceptar futuras acciones de reformar la justicia penal. Sin embargo, como lo subrayaron los demócratas en la audiencia de Sessions, sus posturas confusas en casos como el de Nodd motivan preguntas reales sobre su compromiso con la justicia equitativa.
“NO PODEMOS ESPERAR MÁS”
Hace más de quince años, mucho antes de que los problemas con las sentencias mínimas obligatorias y la sobrepoblación carcelaria inspiraran un movimiento de conservadores fiscales, cristianos y progresistas para controlar el sistema, Sessions fue de los pocos en el congreso que plantearon el problema. Su proyecto de ley inicial proponía reducir la proporción del crack a la cocaína en polvo para propósitos de sentencias de veinte a uno, y buscaba disminuir los castigos obligatorios para quienes tuvieran solo participaciones menores en el narcotráfico. Como lo señaló Sessions en su audiencia de confirmación, el Departamento de Justicia de George W. Bush se opuso a la iniciativa: “Me enfrenté a mi propia administración republicana”.
Cuando Sessions introdujo la legislación en el Senado, en 2001, reconoció que la ley de 1986 había fracasado en detener la epidemia de crack. Y aun cuando negó que los castigos desproporcionados fueran explícitamente discriminadores, sugirió que “deberíamos escuchar a gente justa e imparcial que argumenta que estas sentencias recaen más frecuentemente en afroestadounidenses”.
Pasaron otros nueve años antes de que el gobierno de Estados Unidos siguiera este llamado. Para entonces Obama había sucedido a Bush en la Casa Blanca y los demócratas controlaban el congreso. Sin embargo, Sessions ya sonaba más escéptico con respecto a la reforma a las sentencias, y aun cuando el senador reconoció que los castigos a la cocaína en crack eran injustos, se opuso firmemente a aplicar retroactivamente los cambios a la ley de sentencias, con lo que negó una liberación adelantada a gente como Nodd. En una carta de 2011 a la Comisión de Sentencias de Estados Unidos, la cual sopesaba esa decisión, Sessions y otros 12 miembros republicanos del Congreso parecían estar especialmente agitados por las reformas a las sentencias que la comisión había hecho en 2007, sin aprobación del Congreso. Señaló que los internos liberados adelantadamente como resultado tuvieron un índice de reincidencia similar que otros criminales. Es evidencia, argumentó, de que la liberación adelantada “meramente pone a los criminales de vuelta en la acción más rápido”.
Al final, la Comisión de Sentencias ignoró las reprimendas republicanas y citó la ley como una base para la liberación adelantada de más de 7700 internos federales que cumplían sentencias extensas por delitos de drogas de poca monta. Nodd fue una de ellos. Ella dejó la cárcel en 2012, con 21 años tras las rejas. “Fue como si hubiera crecido en la prisión”, dice a Newsweek. Mientras, sus hijos crecieron en el mundo exterior. Para cuando ella fue liberada, ellos eran adultos.
¿UNA ALIANZA NO TAN OSCURA? El senador Jeff Sessions es correctamente visto como alguien de línea dura en la justicia penal. Pero algunos partidarios de las reformas dicen que su pasado es evidencia de que él podría estar abierto a compromisos. FOTO: MARK WALLHEISER/GETTY
“SOLO ESTAMOS LASTIMANDO A LA GENTE”
Al entrar en los últimos dos años del periodo de Obama, muchos esperaban que el Congreso finalmente llegara a un acuerdo sobre un paquete de leyes de la justicia penal que abordaría todo, desde una reforma adicional a las sentencias por drogas hasta tratamiento para salud mental y abuso de sustancias para los internos, y modernizar los programas de reingreso. Sessions se opuso a casi todas estas propuestas. “Hemos aprendido de la manera dura que una porción sustancial de los criminales que son liberados de prisión regresarán al crimen y victimizarán a más gente”, advirtió a sus colegas del Comité Judicial el año pasado. Las preocupaciones por la justicia, al parecer, han dado paso al miedo.
Los partidarios de la reforma a las sentencias argumentan que la justicia penal puede ser tanto justa como dura. “Hay estados en todo el país que están reduciendo sus poblaciones carcelarias, ahorrando dinero, reduciendo el crimen”, dice Molly Gill, directora de asuntos legislativos federales de Familias Contra los Mínimos Obligatorios, un grupo de defensa. “Ciertamente, el encarcelamiento tiene algo de impacto en reducir el crimen, pero no es la bala de plata que Jeff Sessions espera que sea”. Con el índice actual de encarcelamiento en Estados Unidos —el más alto del mundo— “ni siquiera obtenemos beneficios marginales”, argumenta ella. “Ahora solo estamos lastimando a la gente y a las familias”.
Muchos republicanos han abrazado esos argumentos. Uno de los primeros estados en llevar a cabo una reforma importante a las sentencias fue Texas, y los principales copromotores de las propuestas de reforma a la justicia penal incluyen al senador Mike Lee, de Utah (partidario fiel del Partido del Té), y el veterano senador Chuck Grassley, de Iowa, un republicano tradicional de la ley y el orden.
Sin embargo, Sessions no ha sido influenciado por el éxito de las reformas en estados republicanos como Texas o su estado natal, Alabama. Pero mucha de su resistencia parece ser una reacción a lo que ve como una extralimitación de la administración de Obama, moviéndose demasiado lejos y demasiado rápido. Sessions se ha opuesto especialmente a medidas de la rama ejecutiva para liberar prisioneros existentes (como Nodd) adelantadamente, en vez de aplicar cambios a las sentencias solo a casos futuros. Sessions explicó en su audiencia que él se oponía a aplicar retroactivamente su ley de 2010 porque “muchos de estos fueron casos de aceptación de culpabilidad para reducir sentencias y tal vez no hayan sido motivados enteramente por los mínimos obligatorios”. Pero también reconoció que no estaba consciente de que alrededor de 5000 delincuentes de crack todavía cumplían sentencias bajo la antigua proporción de cien a uno en las sentencias criticadas como injustas.
“Todo lo que pedí —dijo Durbin en la audiencia— es permitirles como individuos el solicitar al juez, al fiscal, al Departamento de Justicia, que sus sentencias puedan ser consideradas. Eso es algo a lo que usted se opuso”. Sessions respondió que ese es un paso que debe dar el Congreso. “Yo acataré toda ley que ustedes aprueben”, dijo.
Gill y Holly Harris, directora ejecutiva de la Red de Acción de Justicia de Estados Unidos, una coalición de partidarios liberales y conservadores de la reforma, piensan que los conservadores quizá busquen esos tipos de leyes en el nuevo Congreso. Gill dice que el interés bipartidista en aprobar la reforma a la justicia penal sigue siendo fuerte, y añade que Grassley ha hecho del asunto un tema central de discusión. Lee, quien ha seguido presionando por la reforma a las sentencias, dio una respuesta concisa cuando se le preguntó si el apoyo de Sessions para acabar con la disparidad en las sentencias a la cocaína en crack le dio esperanzas de que él podría ganarse a su colega republicano: “Por supuesto”.
Nodd, la exinterna, está menos cómoda con saber que Sessions apoyó la ley de 2010, aun cuando esta finalmente llevó a su liberación adelantada de la cárcel. Su tiempo en prisión fue demasiado largo de todas formas, dice, y no entiende cómo su senador pudo reconocer que la ley era injusta y no apoyar el aplicarla a más personas como ella, quienes han sufrido a causa de eso. “Aprendí de mi error”, dice, pero ello no “tomó 21 años”.
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Publicado en cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek