El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) podría representar a México la última buena oportunidad para resolver las crisis de descomposición por la que atraviesa el país. Sin embargo, la sociedad civil enfrenta con mayor fuerza, resistencias de la clase política para que el proceso se resuelva a favor de los mexicanos, advierten organizaciones.
Este año se realizarán los nombramientos en cinco de las instituciones que conforman el SNA, pero las organizaciones que impulsaron la creación de este sistema temen que al frente de dichas instituciones queden funcionarios que puedan blindar al gobierno federal en turno.
Una de las principales preocupaciones es que la elección de estos funcionarios no se realice con rigor para elegir a las personas más capacitadas, con mayor ética y honorabilidad, por ejemplo, la designación de Carlos Chaurand Arzate, -legislador del PRI durante 12 años y militante del partido- como presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), no resulta la persona más idónea al no tener la independencia necesaria, señaló Enrique Cárdenas Sánchez, director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).
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El Tribunal, es el encargado de imponer sanciones por faltas administrativas graves relacionadas con actos de corrupción, “fundamental para reducir la impunidad que prevalece frente al desvío de recursos, el enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencias y sobornos”, señalaron más de una veintena de organizaciones que firman una carta dirigida al presidente Enrique Peña.
“Si se partidiza el nombramiento de los jueces, a la hora de tener algún juicio habría un sesgo partidista, esto, limitaría la efectividad del sistema. O si el procurador anticorrupción no es una persona confiable también se va a obstaculizar el funcionamiento”, resaltó en entrevista para Newsweek en Español.
El temor, dijo Cárdenas Sánchez, es que quizá no se persiga a quien se debe perseguir.
En México ha quedado en evidencia que en todos los niveles de gobierno permean altos niveles de corrupción, gobernadores han vulnerado a sus estados para convertirse en virreyes sin ningún contrapeso, dijo.
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Cárdenas Sánchez al igual que otras 20 organizaciones de la sociedad civil, academia y empresarios, demandan transparencia en la elección de los integrantes del SNA.
Entre las peticiones de las organizaciones civiles que queda pendiente es el acceso y acompañamiento en los nombramientos de los funcionarios del SNA, pero durante las negociaciones han habido muchas resistencias, mencionó Cárdenas Sánchez.
Explicó que en los estados hay “varios personajes que están haciendo todo lo posible para obstaculizar el establecimiento de legislaciones anticorrupción de forma efectiva y transparente”.
Incluso, dijo, poco tiempo antes de dejar sus gobierno Javier Duarte y Roberto Borge, exgobernadores de Veracruz y Quintana Roo, respectivamente, trataron de hacer leyes para quedar blindados, en el caso de Puebla, Rafael Moreno Valle, fue quien nombró al fiscal anticorrupción.
Explicó que aunque el presidente Enrique Peña mandó una iniciativa al Senado de la República para que Raúl Cervantes no pase en automático como el Fiscal General de la República, su aprobación no es un hecho y la autonomía de la Fiscalía corre riesgos.
Desde la perspectiva de Cárdenas Sánchez falta una reingeniería completa de la propia Procuraduría General en su tránsito de conversión a ser una Fiscalía con contrapesos internos importantes, y que “el fiscal no se convierta en la persona más poderosa del país”.
Otras leyes pendientes que acompañan al SNA que también deberán discutirse en el siguiente periodo de sesiones son sobre: la ley general de archivos, de adquisiciones y otra más, de obra pública, mencionó Cárdenas Sánchez.
“Si no se resuelve este problema de fondo, en dos años vamos a tener un problema de corrupción muchísimo más severo”, resaltó.
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Los nombramientos de las instituciones que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) que se deben concretar son: el titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción; los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción; el Comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; el titular de la Auditoría Superior de la Federación; y los Magistrados de la Tercera Sección del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.