EN 2016 el Partido Revolucionario Institucional perdió siete de nueve gubernaturas que se renovaron el 5 de junio pasado. Nunca el PRI había sufrido tal descalabro electoral en época alguna desde su creación como Partido Nacional Revolucionario, en 1929, o cuando adoptó las siglas que hoy lo distinguen, en 1946.
Ciertamente, a partir de 1989, cuando por primera vez en la república mexicana es electo y reconocido como tal un gobernador de la oposición en la persona de Ernesto Ruffo Appel, del Partido Acción Nacional, otros partidos políticos fueron acabando con la hegemonía política que distinguió al México gobernado por el PRI durante 70 años, hasta que esta fue encabezada, en 2000, por Vicente Fox Quesada, de Acción Nacional.
Aun con una mayoría en el Poder Legislativo, o precisamente porque afecta esa relación estrecha, dependiente, de los legisladores con la presidencia, el costo político que está pagando el PRI por esa sumisión a su primer priista del país lo está encaminando a una debacle.
Hoy, habiendo recuperado la presidencia de la república después de 12 años de ser oposición, los priistas están siendo repudiados por los mexicanos. Particularmente por la clase social más vulnerada, la principal perjudicada ante la pésima toma de decisiones del gobierno que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto, quien cuenta con el soporte de los legisladores de las cámaras alta y baja para hacer realidad sus proyectos y programas por más que vayan en perjuicio de la sociedad.
Ante la indignación, el sector de los marginados, que a pesar de programas asistencialistas, reformas estructurales y esquemas gubernamentales clientelares no pueden salir de la situación de precariedad en la que viven, se han unido otras comunidades, pequeñas y medianas empresas, académicos, comerciantes, empresarios, para manifestarse por cualquiera de los muchos frentes abiertos que tiene el gobierno federal en estos momentos: el alza del dólar frente al peso, el incremento en el precio de las gasolinas, el aumento en las tarifas eléctricas, la corrupción rampante, la creciente inseguridad integrada por secuestros, ejecuciones, extorsiones, drogadicción.
El presidente Enrique Peña Nieto está enviando a la ruina política al partido que sacó de la oposición para llevarlo —aun en la sospecha de ilegitimidad— a Los Pinos. Las decisiones que ha tomado, como la homologación del IVA, la reforma educativa, la energética y la fiscal, y la ausencia de certeza jurídica en casos de violencia de alto impacto, le han ganado el rechazo social, una baja considerable en su popularidad y, hace unos días, manifestaciones sociales que llegaron a la rapiña, el caos y la inseguridad social.
Efectivamente, Enrique Peña Nieto no es el mexicano más querido. Después de días de vacaciones (trascendió que dedicó horas a jugar golf), regresó a la residencia oficial para dar un mensaje a los mexicanos, que no debió satisfacerlo ni a él. No solo por haber sido redactado el discurso con un lenguaje poco claro, sino porque apeló a la retórica presidencial: defender lo indefendible que resultan sus medidas de presunta contingencia financiera. En este caso por el alza de las gasolinas, aunque no pidió perdón, se dijo dolorido, pidió comprensión, compartió la molestia y solicitó que fueran escuchados los motivos y las razones para tomar la determinación del alza en los combustibles, pero olvidó decir cuáles fueron los motivos, o sustentar las razones. Prácticamente sin información real, clara, transparente, entendible, digerible, el presidente solicitó que los mexicanos confiaran en él y aceptaran pagar más por las gasolinas, porque de lo contrario “serían aún más dolorosos los efectos y las consecuencias”. En la argumentación cantinflesca de Peña Nieto —limitado a pedir un acto de fe—, la indignación mexicana creció más.
Aborrecido por muchos que solicitan desde 2014 su renuncia, por otros que lo quieren fuera, aquellos que lo culpan de los males de este país y, en efecto, no dando muestras de solidaridad al tomar decisiones que resultan en el encarecimiento de los servicios y no en la austeridad republicana de un gobierno en época de crisis política y económica, la animadversión social hacia los priistas va en aumento.
Sin un plan que demuestre a los mexicanos que quienes enquistados en el presupuesto se han disminuido el sueldo, bajado las prestaciones, disminuido los privilegios, reducido los lujos de telefonía, transportación aérea, terrestre, marítima, pago de servicios personales, hotelería, alimentación, seguros privados de todo tipo; sin una política de austeridad real, de apretarse el cinturón, de disminuir la nómina, de transformar la estructura gubernamental para hacerla más eficiente con menos recursos y menos personas; sin un cambio verdadero que quite el mote de realeza de la política a quienes están para servir al pueblo, la credibilidad del presidente y de su partido va en picada, justo en el año en que habrá de iniciar, en los últimos meses, el proceso electoral para elegir presidente de la república en 2018.
Enrique Ochoa Reza, dirigente nacional del PRI, poco o nada puede hacer para sacar adelante a su partido en la circunstancia en la que hoy lo ubica el presidente de la república, sus comparsas legisladores, las sospechas de corrupción en los gobiernos de los estados y de excesos en las secretarías federales. No hay discurso que, sin ser acompañado de acciones ejemplares, pueda con esa andanada de desaciertos emitida desde el gobierno federal.
A la manifestación social ante la indignación por el aumento a las gasolinas se suma la irritación política de la sociedad crítica de este país, cuando previo a la excusa no otorgada por el aumento a los combustibles, el presidente Enrique Peña Nieto integró —oficialmente— de nuevo a su gabinete a Luis Videgaray Caso, precisamente el promotor de las reformas fiscal y energética que tanto han restado a los marginados recursos económicos de los mexicanos. El mismo que convidó a Los Pinos a Donald Trump cuando como candidato a la presidencia de los Estados Unidos atravesaba por un hoyo electoral, y le dio un aire de líder hacia dentro de su país. A él mismo lo nombró ahora secretario de Relaciones Exteriores, en lo que parece ser más entreguismo hacia el presidente de la unión americana electo que decisión para defender a los mexicanos en territorio nacional y en el extranjero. Con este nombramiento, Luis Videgaray se sale de la contienda por el gobierno del Estado de México, elección que será este año, y regresa a la palestra donde se lidiará por la candidatura del PRI al gobierno de la república.
Aun en el caos, en la presidencia de la república ya parece haber contendientes firmes, o lista corta del presidente Peña para seleccionar a su sucesor. Aparte del reintegrado Luis Videgaray aparecen: Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación; José Antonio Meade Kuribreña, secretario de Hacienda; y Aurelio Nuño Mayer, secretario de Educación Pública. Ninguno de los cuales goza de la popularidad que un candidato presidencial requiere.
Osorio no ha podido contener los fuegos de la manifestación social, ni disminuir los índices de la inseguridad, como tampoco ha controlado la política interna de México; Meade ha sido insensible ante la realidad de los mexicanos al determinar los aumentos a las gasolinas, a la energía eléctrica, entre otros, antes que idear un plan creativo para sacar adelante la administración pública sin sacrificar la seguridad social y económica de los gobernados; mientras que Nuño Mayer —famoso por aquel tropiezo gramatical— ha sido desconocido hasta por los maestros que emprenden una lucha ideológica, mediática y física en calles y ciudades contra la reforma educativa.
En este contexto, con estos contendientes, con este presidente, el futuro en 2018 del Partido Revolucionario Institucional parece inexistente.
O bien, mientras que el PRI tardó dos sexenios en recuperar el terreno perdido, a Peña Nieto le han bastado cuatro años para sumir de nuevo al partido en una derrota electoral imaginable desde los primeros días de 2017.