Con la reducción de mil 600 burócratas de la estructura gubernamental, así como ajustes al aparato burocrático que impactaron intereses de grupo, se consumaron los primeros tres meses de la administración del gobernador priísta Omar Fayad Meneses al frente del estado.
La primera dependencia de la que se anunció su desaparición fue la Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano (Sepladerym), la cual está en proceso
de liquidación.
A este anuncio siguieron la desaparición de coordinaciones regionales, oficina de las secretarías del Despacho del Gobernador, Privada, Particular, así como de la Coordinación General de Asesores, Dirección General de Asuntos Internacionales, la Representación de Hidalgo en el DF, entre otras.
También se crearon nuevos organismos, siendo los más relevantes las secretarías de Cultura y la de Transporte y Movilidad.
“He pisado muchos callos”, señaló Fayad Meneses al asumir públicamente los costos políticos de estas determinaciones.
En el combate a la corrupción que el gobernador ofreció emprender, se pusieron bajo lupa la entrega de 900 concesiones de taxi que se liberaron al finalizar la administración anterior, de las cuales al menos 50 ya fueron retiradas por presentar irregularidades.
Se mantienen, además, abiertas las investigaciones en el Sistema Estatal de Radio y Televisión, así como en la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo. Y los tribunales federales tienen pendiente de resolver el amparo que tramitó un particular contra la entrega de notarías que se hizo al finalizar la administración pasada.
Tras una prolongada espera, el mandatario finalmente presentó la semana anterior el plan de intervención del Tuzobús, el cual considera diversas adecuaciones, entre ellas retirar el carril confinado en las avenidas Juárez y Revolución, así como en la zona centro para mejorar el tráfico vehicular y la prestación del servicio a los usuarios.
El plan de intervención considera una ampliación y reducción de rutas alimentadoras, instalación de elevadores para adultos mayores y discapacitados, entre otras acciones.
Los primeros 120 días de Fayad Meneses también estuvieron envueltos en la polémica, generada por pronunciar discursos que fueron criticados y que le ameritó un llamado de atención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al considerar que el lenguaje empleado por el mandatario no era apropiado para dirigirse a mujeres indígenas de Acaxochitlán.
En los primeros tres meses de la administración está pendiente la revisión del contrato colectivo de trabajo de los agremiados al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo (SUTSPEEH), el cual finalizó el año sin una respuesta y tras un amague de los sindicalizados de manifestarse para exigir una respuesta.
Entre la base de trabajadores del gobierno del estado se especula de un posible segundo recorte de personal al iniciar el año; sin embargo, esto ha sido negado de manera oficial por las autoridades estatales.