DONALD TRUMP tiene un problema que se remonta a 1787.
En la Convención Constitucional de Filadelfia, los delegados estaban en desacuerdo con respecto a muchos temas, en especial la esclavitud. Pero coincidían en que la nueva república era vulnerable a la subversión proveniente de países europeos que deseaban gobernar de nuevo el continente americano. “Las potencias extranjeras no serán espectadores inactivos”, dijo el delegado Alexander Hamilton en la convención. “[Estas] interpondrán su voluntad, la confusión aumentará y se producirá la disolución de la Unión”. Para evitar esa disolución, los Padres Fundadores de Estados Unidos prohibieron que cualquier funcionario gubernamental recibiera regalos de una potencia extranjera.
Esta prohibición es un gran problema para el presidente electo. Por ejemplo, diplomáticos extranjeros han dicho que planean hospedarse en el hotel de Trump en Washington, D. C. en lugar de hacerlo en los de sus competidores. Esto podría ser interpretado razonablemente como una especie de regalo que violaría la Constitución. Y si los hoteles de Trump en el extranjero reciben permisos de construcción, reducciones de impuestos u otras muestras de generosidad por parte de gobiernos extranjeros, esto también podría considerarse como el tipo de estipendio, salario o ganancia que prohibieron los Padres Fundadores de Estados Unidos.
El 30 de noviembre, Trump tuiteó que “se están redactando documentos legales que me excluyen completamente de las operaciones de negocios”. Y con un ímpetu digno de un showman, dijo que organizaría “una gran conferencia de prensa” con sus hijos el 15 de diciembre para dar más detalles. Lo que ocurrió después fue aún más extraño: la Oficina de Ética Gubernamental, un organismo independiente cuyo director fue nombrado por el presidente Barack Obama, respondió al multimillonario sarcásticamente con un tuit que decía: “¡A la OEG le alegra mucho que usted haya decidido diversificar sus negocios!”. Trump, desde luego, no ha dicho tal cosa. E independientemente de lo que anuncie este mes, pocas personas piensan que aplacará las preocupaciones constitucionales de demócratas y republicanos.
“La intención de los Padres Fundadores de Estados Unidos era impedir que los funcionarios gubernamentales estuvieran en deuda con gobiernos extranjeros”, señala Richard Painter, que estuvo a cargo del área de ética en la oficina del procurador durante el gobierno de George W. Bush. Piensa que los conflictos de intereses de Trump son tan profundos que, a menos de que se separe completamente de su empresa, el Colegio Electoral debería negarle la presidencia cuando sus miembros se reúnan el 19 de diciembre.
Trump no es el primer funcionario gubernamental atrapado por lo que los estudiosos del derecho denominan “la cláusula de los emolumentos”. El lenguaje que utilizaron los fundadores es todo un trabalenguas: “[N]inguna Persona que tenga a su cargo cualquier Oficina, Empresa o Fideicomiso deberá, sin el Consentimiento del Congreso, aceptar ningún presente, Emolumento, Cargo o Título, absolutamente de ningún tipo, por parte de ningún Rey, Príncipe, o Estado extranjero”. Históricamente, eso ha significado que los presidentes o funcionarios gubernamentales han tenido que declinar o entregar al Departamento del Tesoro cualesquier obsequios otorgados por una potencia extranjera. No es necesario hacer nada a cambio para que el regalo sea inconstitucional. Cuando el imán de Muscat (una ciudad de Omán) envió caballos y perlas al presidente Martin van Buren como un regalo inesperado, Marty no se quedó con ellos. El gobierno estadounidense vendió los caballos y depositó el dinero en la Tesorería; las perlas fueron exhibidas en el Museo Smithsoniano.
Existen muchos otros casos de prueba. El Departamento de Justicia determinó que un historiador gubernamental no podía recibir un pago por parte de una comisión histórica formada por el gobierno austriaco debido a que, bueno, se trataba de un gobierno. Pero a dos científicos de la NASA se les permitió ausentarse sin goce de sueldo y aceptar dinero de una universidad canadiense porque se consideró que la escuela era independiente de Ottawa. En 2009, el Departamento de Justicia determinó que el presidente Obama podría quedarse con el dinero que recibió con el Premio Nobel, como lo hizo Theodore Roosevelt y otros funcionarios gubernamentales antes que él, debido a que fue otorgado por una comisión independiente y no por el gobierno noruego.
Se espera que Trump deje de dirigir sus negocios, pero no que renuncie a la propiedad de ellos. Esto le permitiría seguir beneficiándose de regalos extranjeros. El presidente electo se ha quejado por los molinos de viento cercanos a su campo de golf en Escocia. Si el gobierno británico actúa a su favor, ello podría ser considerado como un regalo. De manera similar y según informes, Trump ha recibido importantes préstamos del Banco de China. Cualquier condonación de crédito por parte de un acreedor dirigido por un gobierno podría ser considerada como un regalo inconstitucional. “A menos de que su solución consista en vender el negocio fuera de la familia y colocar el producto de esa venta en un fideicomiso ciego, en realidad no está haciendo nada para resolver el problema”, señaló a finales de noviembre el grupo Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (Ciudadanos a favor de la Responsabilidad y la Ética en Washington).
La mejor manera en que Trump podría actuar, de acuerdo con Painter, el antiguo asesor de Bush, y Norm Eisen, el asesor especial de Ética de la Casa Blanca del gobierno de Obama, es que Trump venda su negocio, ya sea a través de una compra realizada por sus mismos trabajadores o de una oferta de acciones. Luego, el dinero podría ser colocado en un fideicomiso ciego más tradicional, manejado por un tercero. Como señaló recientemente The Wall Street Journal en un artículo editorial: “Los riesgos de la presidencia son demasiado altos como para que el señor Trump permita que su negocio familiar se convierta en un objetivo político diario”.
Sin embargo, si Trump no sigue este consejo, es probable que se salga con la suya. La Constitución pone al Congreso a cargo de aplicar la prohibición de los regalos, por lo que la Cámara y el Senado, ambos controlados por los republicanos, podrían concederle exenciones (técnicamente, también sería posible buscar una acusación con respecto a esta cuestión, lo cual es improbable, dadas las oportunidades de los demócratas de recuperar ambas cámaras en 2018).
Si se permite que Trump desacate la Constitución, ello sería una gran ironía. Como líder del movimiento birther, que propagaba la idea de que Barack Obama había nacido fuera de Estados Unidos, Trump exigió ver el certificado de nacimiento de Obama y anunció su creencia de que el presidente era un ciudadano legal apenas este otoño. La ciudadanía de nacimiento es uno de los requisitos para ser presidente, el cual fue establecido por los fundadores para limitar la influencia extranjera. Pero a Trump parece preocuparle menos la prohibición de los regalos, cuya intención es evitar la misma influencia; dedicó el año pasado a criticar a su rival, Hillary Clinton, por aceptar donaciones extranjeras para la Fundación Clinton. “Una secretaria de Estado —se lamentó— vendió su cargo… traicionando la confianza del público”. Es posible que los críticos acaben diciendo lo mismo acerca de él.
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Publicado en cooperación con Newsweek/ Published in cooperation with Newsweek