De acuerdo con el comunicado del hospital al que fue trasladada, “la niña luchó por su vida por aproximadamente 72 horas, pero dada la gravedad de su cuadro clínico ha fallecido la madrugada de hoy “, informó el director del Hospital del Niño, Alfredo Mendoza.
La menor de edad fue declarada muerta tras una “falla multiorgánica con afectación del sistema renal, gastroinestinal y cardiocirculatorio”, y la fiscalía “determinó ampliar la imputación contra el padre y la madrastra por el delito de infanticidio, que tiene una pena máxima de 30 años de cárcel”, dijo el fiscal Edwin Blanco, por lo que el padre y la madrastra de la niña fueron enviados preventivamente a la cárcel.
En tanto, la hermana gemela de Abigail se encuentra en un centro de asistencia social, mientras la madre biológica intenta recuperarla.
Por su parte, el gobierno boliviana intervendrá en el proceso judicial para que “los autores de este horrendo asesinato reciban una sanción drástica”, anunció el secretario de Gobierno de Bolivia, Carlos Romero.
La Defensoría del Pueblo estableció el año pasado que en Bolivia se comente un promedio de 14,000 agresiones físicas, sicológicas y sexuales contra menores.
Colombia, conmocionada por violación y asesinato de menor
Una Colombia conmocionada por la violación y asesinato de una niña de siete años reflexionaba este miércoles sobre los crecientes números de violencia contra la infancia en el país, mientras el presunto autor del crimen era enviado a prisión.
En una audiencia que comenzó en la noche del martes y terminó en la madrugada de este miércoles, un juez ordenó prisión preventiva contra el arquitecto Rafael Uribe Noguera, de 38 años, mientras se realiza el juicio en su contra por el rapto, violación y asesinato de la niña Yuliana Samboní, confirmó la Fiscalía.
Uribe Noguera, miembro de una adinerada familia de Bogotá, es señalado de haberse llevado a la menor el domingo del humilde barrio Bosque Calderón Tejada, en el este de la ciudad, hasta un apartamento de su propiedad, ubicado en una zona cercana y donde fue encontrado el cuerpo de Samboní.
Después del crimen, el supuesto asesino fue ingresado en una clínica por sus familiares para que se recuperara de una supuesta intoxicación con alcohol y drogas. Tras recibir el visto bueno de los médicos, las autoridades trasladaron el martes a Uribe Noguera a los juzgados en medio de un gran despliegue de seguridad.
Decenas de personas protestaron con pancartas, silbatos y consignas afuera de la clínica de la que el arquitecto fue retirado por las autoridades con un chaleco antibalas y custodiado por una veintena de agentes, que finalmente le trasladaron a los juzgados en una tanqueta antidisturbios de la Policía.
“Por esos niños que han sido víctima, por los niños que han sido violados, abusados. Porque todo lo que usted le hace a un niño queda de por vida. Por eso estoy acá”, dijo Liz Blanco, una de las personas que manifestaron contra el crimen.
Cifras en aumento
Según los medios que acudieron a la sala de audiencias, Uribe Noguera fue señalado de los delitos de “feminicidio agravado, tortura, secuestro simple y acceso carnal violento”, cargos de los que se declaró inocente.
Este jueves, mientras el hombre esperaba su traslado a prisión, decenas de personas acompañaron el cortejo fúnebre de la menor en las calles de Bogotá, mientras llevaban globos blancos, coreaban “Yuliana, Colombia está contigo” y pedían la pena máxima de 60 años de prisión para el responsable del crimen.
El repudio por el caso alcanzó a todos los sectores de la sociedad, e incluso el presidente Juan Manuel Santos pidió que “todo el peso de la justicia caiga sobre el responsable”.
En el Congreso se han presentado en las últimas horas propuestas para endurecer los castigos contra violadores y asesinos de menores, que van desde la cadena perpetua -inexistente en Colombia- hasta la castración química.
Según el Instituto de Medicina Legal, Samboní murió por “asfixia por sofocación y estrangulamiento” y además “se pudo constatar con elementos suficientes que la menor fue objeto de abuso sexual”.
“Para octubre 31 teníamos más de 18,000 dictámenes a nivel nacional de estudios sexológicos forenses realizados sobre menores de edad en todo el país”, aseguró.
A su vez, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) indicó que en lo que va de año ha recibido “cerca de 35,000” llamadas por “denuncias de amenaza o vulneración de los derechos de niños y adolescentes”.