Más de 100 organizaciones exigieron la renuncia del procurador general de la República, Raúl Cervantes, para evitar que asuma la titularidad de la nueva Fiscalía General, ya que consideraron que su cercanía con el presidente Enrique Peña Nieto no le permitiría una actuación “ética y parcial” en la impartición de justicia.
La nueva Fiscalía General de la República (FGR) será un órgano autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio. El artículo 102 de la Constitución mexicana determina que dejará de ser parte del gabinete presidencial y será un funcionario independiente con una duración de 9 años a partir de su designación.
La Fiscalía no ha iniciado operaciones porque el Congreso aún no expide las leyes reglamentarias para su funcionamiento. Sin embargo, la ley estipula que cuando se lleve a cabo la conversión, el procurador será en automático, el nuevo fiscal general.
En ese contexto, representantes de un centenar organizaciones civiles dijeron, en una rueda de prensa, que el Senado de la República no ha efectuado su deber de contrapeso del Poder Ejecutivo tras aprobar sin un mínimo debate a Raúl Cervantes, quien fue propuesto por el presidente Peña Nieto.
Juan Francisco Torres Landa, secretario general de México Unido contra la Delincuencia explicó que el motivo del reclamo ciudadano es exigir al Senado de la República que explique por qué avaló y respaldó a Cervantes pese a que no cumple con el perfil ético que requiere la Fiscalía.
“En Estados Unidos la última vez que se votó por un cargo similar al del Fiscal General a los senadores les tomó 167 días deliberar, mientras que en México lo hicieron en 167 horas”, dijo.
“Una decisión así no se puede hacer al palomeo, en decir: ahí va nuestro cuate y tampoco se puede hacer a puerta cerrada al margen de la ciudadanía”, mencionó.
De acuerdo con Torres Landa, el procurador Raúl Cervantes carece de los elementos de nitidez ética para encabezar la Fiscalía General por tener una relación cercana al gobierno en turno.
La politóloga y analista, Denise Dresser, dijo este día que es “verdaderamente vergonzante que ante una petición ciudadana que exige saber porque votaron como votaron los Senadores y ninguno se interese por responder”.
Dresser dijo que para que la Fiscalía sirva debe contar con un diseño constitucional que permita seguir cargando con años de mal desempeño e investigaciones poco creíbles, pues debe estar obligada a funcionar y rendir cuentas adecuadamente.
La única senadora que acompañó la rueda de prensa fue Layda Sansores quien se dijo altamente preocupada por el futuro de la Fiscalía.
En tanto, en redes sociales se difundió una campaña bajo el lema #FiscalCarnal que acompaña la demanda de las organizaciones civiles. Además, en Change.org, México Unido Contra la Delincuencia inició la petición #SinCuotasniCuates para que Cervantes se comprometa a renunciar antes de ser fiscal.
La petición señala: “México requiere de una Fiscalía General capaz de dar confianza a la ciudadanía, que goce de legitimidad y autonomía frente al poder legislativo y ejecutivo. La designación de quien se convierta en el primer Fiscal debe ser el producto de un amplio escrutinio y debate público, que permita conocer las trayectorias de los candidatos respectivos”.
El procurador también es primo hermano del actual consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos y de Alfredo Castillo Cervantes, actual director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte en México (Conade), quien fungió como Comisionado de Seguridad en Michoacán.