A MEDIADOS DE 2014la lluvia no llegaba a Mogótavo, una pequeña comunidad rarámuri en la Sierra Tarahumara, así que sus habitantes transportaban durante una hora tambos de agua a sus espaldas para regar los cultivos y saciar su sed. Después de esa sequía, los mogotovanos pidieron ayuda a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) para construir un sistema de agua en el pueblo. El proyecto —de cinco millones de pesos— se aprobó y la obra se inició. Pero a finales del año pasado, la CDI detuvo el trabajo alegando que la tierra que los rarámuris habitan desde tiempos ancestrales no les pertenece. La pasada Semana Santa, José Luis Palma, uno de los indígenas que hace dos años cargaba hasta 40 litros de agua aunque no supera el 1.50 metros de estatura, camina bajo el sol esperando que la lluvia llegue puntual con la misma necesidad que entonces.
Palma ha salido de su casa, una construcción de adobe de unos 15 metros cuadrados de dos estancias: una sirve como habitación matrimonial, la otra como una suerte de sala, cocina y cuarto para sus dos hijos. Ha cruzado la escuela primaria que es también albergue para los alumnos que no pueden recorrer a diario las largas distancias entre el colegio y sus comunidades. Luego ha subido por un camino empinado hasta la meseta de su pueblo, donde hay una de las vistas más privilegiadas de las Barrancas del Cobre, el epicentro turístico de Chihuahua. Desde aquí se aprecian gargantas pobladas de pinos y encinos, algunas más profundas que el Gran Cañón del Colorado.
Un padre y su hijo dan un paseo en una cuatrimoto acompañados de un guía. Se detienen unos segundos a disfrutar el paisaje. “Sólo vienen y se van rápido, no dejan nada”, se queja Palma sobre el nulo beneficio del turismo en la comunidad mientras enseña los nopales y demás cactus que forman la dieta local, normalmente acompañados de frijoles y, en ocasiones, de huevos revueltos.
A unos metros a vista de pájaro está el hotel Divisadero Barrancas. Entre las paredes blancas de esta construcción, al borde del precipicio, se han alojado algunos de los personajes más adinerados de México como Carlos Slim y Emilio Azcárraga, o expresidentes como Vicente Fox, Ernesto Zedillo y Carlos Salinas de Gortari. El hotel, inaugurado en 1973, fue la primera piedra de un complejo turístico en el que hoy proliferan los alojamientos y restaurantes. En el Parque de Aventuras Barranca del Cobre, el principal atractivo para los turistas, el tercer teleférico más largo del mundo transporta a 500 personas por hora. A la región acuden al menos unos 400 000 visitantes al año. El sistema de agua para Mogótavo, sin embargo, es solo un montón de piedras inútil.
La tradición cuenta que Mogótavo viene de “moho” (cabeza en rarámuri) porque en una batalla contra los españoles durante la Conquista, los tarahumaras dejaron una cabeza en este territorio como aviso a los extranjeros. Hay vestigios arqueológicos que datan la presencia de estas comunidades desde más de medio milenio y Mogótavo aparece en el censo del INEGI desde 1930. “Aquí vivieron mis abuelos y los abuelos de mis abuelos”, dice Palma. En 1988 la Sala Regional del Cuerpo Consultivo Agrario de Chihuahua negó a los rarámuris la dotación de tierras que habían pedido para que se reconociera su derecho de posesión. Uno de los argumentos que esgrimió es que no existía población en Mogótavo. En esa misma década de 1980, el gobierno vendió 1200 hectáreas de esas tierras a Ivonne Sandoval, propietaria del hotel Divisadero y exsecretaria de Turismo de Chihuahua, a 100 pesos el acre. Años después, en 1999, le vendería el resto de Mogótavo a su hermana, Odile. A pesar de “no existir”, Mogótavo parecía tener un notable valor comercial.
En Mogótavo viven 52 personas en 12 viviendas, todas ellas con alto grado de marginación. Ninguna tiene acceso a la electricidad o al drenaje. El grado de escolaridad es de 3.52, y el de analfabetismo, de 17.3 por ciento. Fotos: Nadia del Pozo y Felipe Luna
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El Chepe es un tren turístico que arranca en la estación de Los Mochis, Sinaloa, y en sus 652 kilómetros de recorrido cruza por la Sierra Tarahumara hasta llegar a El Divisadero, a pocos pasos de la entrada al Parque Barrancas del Cobre. Los pasajeros se suben a bordo con la promesa de que verán algunos de los paisajes más hermosos de México, como las cascadas Beaseachi, Piedra Bolada o el Valle de los Monjes, y al llegar a su destino conocerán el estilo de vida ancestral de los rarámuris. La primera parte de la promesa se cumple. La segunda se queda solo en lo simbólico: los carteles de promoción muestran a los “hombres de los pies ligeros”, como se conocen popularmente a los tarahumaras, pero la experiencia del turista se basa más en atravesar las barrancas en tirolina o hacer senderismo por la montaña. El mayor contacto con los indígenas se produce si alguien compra una pulsera, un sombrero o una cajita de palma de maíz en algún puesto. “Los artesanos ganan unos 100 o 200 pesos al día como mucho. A veces nada”, dice Enrique Parra, profesor de la primaria de Mogótavo. El Parque de Aventuras Barrancas del Cobre deja beneficios por unos 19 millones de pesos al año.
Para llegar hasta el parque por carretera se atraviesa Creel, el otro lugar de alojamiento de turistas en la sierra. En una rotonda donde se erige una estatua de un indígena se gira a la derecha para agarrar una serpenteante carretera que llega hasta El Divisadero. A unos tres kilómetros del cruce se sitúa un aeropuerto impoluto, que ha costado 50 millones de dólares, pero en el que no ha aterrizado ni despegado un avión por la oposición de los tarahumaras.
“El gobernador [César Duarte] lo patrocinó: va a traer más dinero que el ferrocarril. Están frenados ahorita”, dice el padre Javier Ávila, más conocido como Pato, un sacerdote y activista social que lleva viviendo 41 años en la Sierra Tarahumara. “Lo primero que hizo el gobernador fue poner la primera piedra. Me invitó a que fuera. ‘Señor gobernador, usted tiene la visión de una cara de la moneda. Si no conoce la otra le va a generar muchos conflictos’, le dije. Ya que tronó me busca y me busca. La última vez le dije que se sentara con la gente afectada”.
Con el auge del turismo en 1996, comenzó el plan maestro Barrancas del Cobre y se creó el fideicomiso con el mismo nombre, una alianza entre el Fondo Nacional de Turismo (Fonatur) y el gobierno de Chihuahua, que incluía la venta de terrenos para invertir, entre otras cosas, en la construcción de la nueva carretera de Creel hasta San Rafael, la electrificación de las zonas más visitadas, la privatización de El Chepey el teleférico. “Aquí en Creel hay una entrada llena de rocas, la elevación. Cuando empezó el plan turístico quisieron mandar un decreto para expropiar toda esa zona. Me dicen que había gente que ya decía: ‘Yo quiero este rinconcito’. Iban a hacer una zona residencial para todo el turismo. En Retosachi quieren hacer un campo de golf, ¿de dónde van a sacar aguas?”, dice el padre Pato.
Según un informe de Tierra Nativa, una ONG que defiende el derecho de los indígenas a su territorio, el fideicomiso ha invertido unos 200 millones de dólares en modernizar el turismo en la sierra de Chihuahua. Las comunidades indígenas se quejan de que nadie los ha escuchado en este proceso. “Los indígenas son violentados de diferentes modos. No falta el mestizo que, apegado a la ley, compra un certificado y tierras. Eso se da en todos los ejidos. Así son desplazados a las tierras más malas”, asegura un funcionario del CDI, que pide el anonimato por miedo a represalias en su trabajo. “Hay grandes proyectos como un pista de hielo en la Sinforosa [la barranca más profunda de la sierra]. Pero ellos (los indígenas) solo venden las artesanías y no tienen ningún beneficio”.
Mogótavo ha sido vendido una y otra vez a lo largo de décadas como si sus pobladores no existieran. Fotos: Nadia del Pozo y Felipe Luna
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Detrás de El Divisadero solo hace falta cruzar un pequeño monte para encontrarse en un paraíso en las alturas. Unos niños juegan al baloncesto en el patio de la escuela. Un hombre carga madera hasta su casa. Una mujer rarámuri, vestida con las ropas tradicionales de colores chillones: una falda rojo vivo, una blusa verde y un paliacate naranja, abraza a su bebé sentada en uno de los precipicios desde donde se avistan la profundidades de las barrancas.
En este espacio inmenso cada casa se encuentra alejada una de otra: los rarámuris viven dispersos, cada familia en su rancho, algunos incluso siguen siendo seminómadas, y solo se juntan en su centro ceremonial para reuniones comunales o para celebrar fiestas como Semana Santa. La escuela primaria, donde estudian 95 niños, es el punto de reunión. Según el último censo del INEGI en 2010, en Mogótavo viven 52 personas en 12 viviendas, todas ellas con alto grado de marginación. Ninguna tiene acceso a la electricidad o al drenaje. El grado de escolaridad es de 3.52, y el de analfabetismo, de 17.3 por ciento Según la Red de Defensa del Territorio, que agrupa a ocho comunidades rarámuris, la población es mayor y llega a las 350 personas, algunas en viviendas que se sitúan monte adentro.
“Vienen a hacer censos, pero como es gente que no quiere caminar llegan a la carretera y se vuelven. No van a las casas donde vive la gente. No bajan a donde están”, señala el maestro Enrique Parra entre un montón de pupitres vacíos dentro del salón de clase.
A pesar de la escuela, la pequeña iglesia, las casas con techos de zinc y aluminio y los rarámuris que diariamente caminan entre las barrancas, Mogótavo ha sido vendido una y otra vez a lo largo de décadas como si sus pobladores no existieran. “Se vendió la mesa de Mogótavo, donde está la escuela, las casas, incluidos nosotros. Nos han vendido”, señala Miguel Parra, un habitante de 34 años, que ha sido el mayor activista en la lucha para que su pueblo vuelva a manos de sus habitantes.
En 2008 un grupo de inversores compró a Odille Sandoval una parte del terreno por 2.25 millones de dólares. Esto incluía la escuela, la iglesia y las 19 humildes casas de adobe. Sus habitantes no se enteraron de la transacción. El plan original de desarrollo —según el informe de Tierra Nativa— era construir un hotel de 220 habitaciones, 50 casas de lujo y un campo de golf.
Entre los compradores estaban cinco políticos y empresarios: Omar Bazán Flores, presidente de la Confederación de Organizaciones Populares; Ricardo Orvis Blake, diputado por Delicias; Jesús Alberto Cano, diputado federal por Sonora; el político Agustín Lopez Daumas y Ricardo Valles Alvelais, empresario y hermano del exsecretario de Turismo de Chihuahua, Héctor Valles. En 2010, como parte de este proyecto, se inició la construcción de un parque recreativo, subsidiado por el gobierno.
La empresa Soluciones Emprendedoras del Norte (SENSA) comenzó la construcción de terrenos de Mogótavo. La constructora es presidida por Bazán Flores, un político priista cercano al expresidente del PRI Manlio Fabio Beltrones quien, según las denuncias de los comunitarios, es quien está detrás de todo el proyecto.
“Manlio Fabio Beltrones fue inversionista a través de un prestanombres (Bazán) en 2008. José Reyes Baeza (exgobernador de Chihuahua), también. Ricardo Orvis Blake fue quien mandó suspender la obra de agua el año pasado para afectar a la comunidad. Hay muchos intereses detrás. Todo es muy oscuro. Llevan años buscando la forma de que la gente de Mogótavo se vaya”, denuncia Randall Gingrich, fundador de Tierra Nativa, quien asegura que todo este proyecto no tiene ningún interés para el desarrollo comunitario ni la convivencia real con los pueblos indígenas de la región. En el hotel Divisadero, donde una noche cuesta alrededor de 1500 pesos, sus dueños, que enfrentan un litigio con los habitantes de Mogótavo, promueven la visita a la comunidad rarámuri de San Luis de Majimachi por 285 pesos para “apreciar su sencilla forma de vida”.
Además de Mogótavo, otras siete comunidades se han levantado para exigir su derecho al territorio, a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado. Fotos: Nadia del Pozo y Felipe Luna
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En marzo pasado, representantes de varias comunidades indígenas se ataviaron con ropas típicas, agarraron sus tambores y danzaron enfrente del Palacio de Gobierno de Chihuahua para recordar a Ernesto Rábago Martínez, el abogado que asesoraba al ejido de Baqueachi hasta que fue asesinado en el despacho que compartía con su esposa. Los dos defendían los derechos de los rarámuris sobre sus tierras, los dos habían sido amenazados. Estela Ángeles Mondragón había ganado un juicio contra un grupo de ganaderos que habían expropiado tierras de forma ilegal. Antes de que el 2 de marzo de 2010 varios hombres sin identificar mataran de dos tiros a Rábago, su hija había recibido un balazo y el despacho del matrimonio había sido incendiado con dos cocteles molotov. “Esto es un asunto de tierras, una venganza”, dijo la viuda hace seis años.
Rábago se convirtió en uno de los nueve activistas y defensores de los derechos humanos que desde 2010 han sido asesinados en Chihuahua, el estado de México con el mayor número de homicidios de este tipo. El hostigamiento a los indígenas, así como a quienes apoyan su causa, son una constante. Además de Mogótavo, otras siete comunidades —Huitosachi, Bacajípare, Choréachi o Pino Gordo, Coloradas de la Virgen, Mala Noche, Bosque de San Elías-Repechike y Tehuerichi— se han levantado para exigir su derecho al territorio, a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado. Sus habitantes —3604 personas, incluyendo a Mogótavo— han denunciado despojo de territorios, tala ilegal, imposición de megaproyectos forestales, turísticos, mineros y de infraestructuras que incluyen el aeropuerto, carreteras y gasoductos. Algunos de los procesos jurídicos que han interpuesto llevan más de 50 años en tribunales sin respuesta. Desde 2013 Procampo desconoce y discrimina a estas comunidades. En todas se han denunciado amenazas y violencia. La Red de Defensa de Territorio, que en marzo pasado acudió al Senado a exigir soluciones, sostiene que ha habido asesinatos a miembros líderes indígenas en Choréachi y Coloradas de las Vírgenes, además de amenazas de desalojo físicas y verbales en Huitosachi, Mogótavo y Bosque de San Elías-Repechike.
Isela González, directora de la organización Alianza Sierra Madre, sostiene que el despojo de tierras a los indígenas es uno de los mayores problemas que afectan la región. “Es el poder fáctico. Estamos en los tribunales con gente que ha querido ejercer un cacicazgo tanto en una comunidad como en la otra. Hemos tenido algunos triunfos en los tribunales, como con las suspensiones de permiso de explotación forestal, pero igualmente muchos territorios se ocupan de facto”, señala en sus oficinas en la capital Chihuahua.
A esto se suma la violencia del crimen organizado. La propia González no puede volver a la sierra desde hace dos años. “En julio de 2012 me dicen que si sigo yendo me van a mandar a los sicarios. Y en una tierra de sicarios no es poca cosa”. Dos de sus compañeros fueron asesinados por trabajar en la defensa del territorio rarámuri. Otra más fue amenazada y desde entonces vive con medidas cautelares. En la sierra, uno de los lugares de mayor cultivo de amapola y marihuana en el país, es constante la presencia de grupos armados —alternativamente pueden ser sicarios, narcotraficantes, paramilitares, militares y policías— que desplazan a los habitantes para hacerse de sus terrenos. Las autoridades pocas veces llegan a estos pueblos que suelen estar a varias horas de las ciudades. Incluso organismos oficiales, como la CDI, tienen que pedir permiso en los retenes de los narcotraficantes para visitar las comunidades.
Desde 2007, cuenta González, la guerra contra las drogas impulsada por el presidente Felipe Calderón rompió la convivencia en la región entre los grupos criminales y los habitantes. Los cultivos de amapola y marihuana pueblan desde hace décadas la sierra, pero en los últimos años los sicarios invadieron las comunidades, reclutaron a varios indígenas, los amenazaron, y en algunos casos los mataron. “Lo que se está viviendo en la sierra es una invasión y un desplazamiento masivo. Es un quítate tú para ponerme yo, y si no te quitas, te mato. Hay una convivencia de todos con todos (crimen y autoridades) y lo que menos importa es el ciudadano”, dice Alma Chacón, integrante de Contec, una asociación que nació como consultoría técnica para la agricultura y se convirtió en defensora de los derechos humanos por las constantes violaciones que sufren los habitantes de la sierra.
En la sierra, uno de los lugares de mayor cultivo de amapola y marihuana en el país, es constante la presencia de grupos armados que desplazan a los habitantes para hacerse de sus terrenos. Las autoridades pocas veces llegan a estos pueblos. Fotos: Nadia del Pozo y Felipe Luna
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Mogótavo, el pueblo que no existía, se puede convertir en un gran complejo hotelero y, a la vez, en punto clave para trasladar gas natural hasta el puerto de Topolobampo, en Sinaloa. En 2012, la Comisión Federal de Electricidad asignó a una filial de TransCanada la construcción de un gasoducto de 524 kilómetros. Las obras comenzaron sin consultar a las comunidades indígenas (aunque el Convenio Sobre Pueblos Indígenas obliga a ello), y solo dos años después los representantes de la empresa llegaron a la comunidad para informar a los habitantes de lo que estaban haciendo aquellos trabajadores que habían llegado a sus tierras. Una vez más, los habitantes de Mogótavo denunciaron que sus tierras parecen ser de todo el mundo, menos de ellos.
Desde la compra de su comunidad, los mogotovanos han sido presionados para abandonar el territorio. Les han ofrecido comprar sus viviendas por unos 20 000 pesos o trasladarlos a otra zona de las barrancas. “Intentaron reubicar a la mitad de las familias, 19, que viven en la mesa. En ese entonces empezamos a buscar asesoría externa de la comunidad”, apunta Miguel Parra, un hombre de pelo lacio negro que sujeta en una coleta. Detener la construcción del sistema de agua es el ejemplo más reciente de las presiones a las que son sometidos los pobladores para que tengan que irse.
Las ocho comunidades que integran la Red de Defensa del Territorio han interpuesto al menos 12 recursos judiciales, entre demandas y amparos, en contra de la explotación forestal, los desplazamientos y exigiendo el reconocimiento de sus territorios. En el caso de Mogótavo se demandó la nulidad del fideicomiso, de los títulos y el reconocimiento legal de la comunidad. Los pobladores buscaron asesoría legal y apoyados por Tierra Nativa consiguieron un amparo para impedir el desarrollo turístico de su hogar. El Tribunal Agrario y el Corte de Distrito ordenaron suspender la destrucción de los terrenos tradicionales. “Mogótavo fue sometida a un proceso fraudulento para entregar el terreno a personas que no lo habitan. Ha habido un complot de las instancias de gobierno e inversionistas para despojar a la comunidad y desarrollar sus terrenos”, indica Randall Gingrich.
Un punto de acuerdo solicitó hace un par de años que la Contraloría General de la Federación y la Comisión Nacional de Derechos Humanos investiguen los actos y procedimientos de la Secretaría de la Reforma Agraria —que vendió originalmente los predios— en la venta de los terrenos a las hermanas Sandoval. De demostrarse que los terrenos fueron vendidos ilegalmente, los contratos de compraventa serían anulados.
Ante la posibilidad de un futuro diferente, las comunidades rarámuris han intentado organizarse para hacer un turismo sustentable y evitar la explotación de sus tierras, cuenta Miguel Parra. El poblado de Urique es famoso por la carrera tarahumara, donde cada año participan miles de corredores nacionales y extranjeros junto con los rarámuris, reconocidos por sus capacidades para recorrer largas distancias. Los paisajes, los pueblos coloniales y las opciones de aventura podrían dar un beneficio económico a las comunidades indígenas, que buscan que se les reconozca como habitantes de la región y, a su vez, ser integrados en un plan de desarrollo turístico y no solo depender de la venta de sus artesanías de palma.
“Desde la comunidad pensamos que debe implementarse un turismo sustentable. Que no nos exploten. Nosotros somos como un producto ahí. Somos corredores y es lo que venden, la imagen. El turismo industrial es así, no conoces a fondo a las personas. Si hubiera contacto directo a lo mejor sería para bien, pero tenemos que tener cuidado. Tiene que haber un balance. Se puede hacer una buena planeación, una educación que nosotros nos podamos dar a nosotros mismos. Que sepamos cómo queremos hacer nuestra vida”.