La procuradora de los Derechos Humanos de Guanajuato, Karla Gabriela Alcaraz Olvera, informó que la policía municipal de León acumula 74 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos durante el año, la cifra más alta entre las corporaciones de seguridad pública de Guanajuato.
De los señalamientos, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado (Prodheg) emitió 13 recomendaciones, pero únicamente tres han sido cumplidas.
Alcaraz Olvera detalló que las 13 recomendaciones fueron aceptadas por las autoridades municipales; sin embargo, solo tres reportan cumplimiento, equivalente al 23 por ciento.
El resto permanece en proceso de atención, debido a que algunas resoluciones son recientes y requieren acciones específicas, como iniciar procedimientos disciplinarios, capacitar a los policías involucrados y, en ciertos casos, reparar el daño a las víctimas.
Alcaraz Olvera señaló que, después de León, Celaya, San Miguel de Allende e Irapuato son los municipios con mayor número de quejas contra sus policías.
FSPE registran 75 quejas y tres recomendaciones
Respecto a las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), la procuradora reportó 75 quejas iniciadas durante este año y tres recomendaciones por posibles vulneraciones a derechos humanos.
Precisó que las autoridades estatales aceptaron las tres resoluciones. Algunas ya fueron cumplidas, mientras que otras continúan en proceso. Detalló que entre los hechos denunciados se encuentran detenciones arbitrarias, afectaciones a la integridad física y casos relacionados con privaciones de la vida.
Al referirse al caso de San Felipe, en el que familiares denunciaron posibles irregularidades en la intervención de policías, la funcionaria estatal indicó que la Prodheg mantiene abierta una investigación y que aún no cuenta con elementos para calificar los hechos como una ejecución extrajudicial.
“Nosotros lo estamos investigando, no te puedo decir en efecto que es una situación de ejecución extrajudicial”, puntualizó.
La titular de la Prodheg aclaró que el organismo documenta las posibles violaciones a derechos humanos y solicita que se inicien los procedimientos disciplinarios correspondientes, pero son las autoridades administrativas las que determinan las sanciones para los servidores públicos.
Finalmente, la titular de la Procuraduría aseguró que mantiene un programa de capacitación para integrantes de las corporaciones de seguridad, enfocado en el respeto a los derechos humanos durante sus intervenciones.