Algo está ocurriendo en México que no puede medirse únicamente contando cadáveres. Las cifras oficiales señalan una reducción importante de los homicidios dolosos: según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el promedio diario pasó de 86.9 en septiembre de 2024 a 42.2 en septiembre de 2026, una disminución reportada de 52 por ciento. Es un dato relevante y sería absurdo negarlo. Pero también sería irresponsable concluir que, por ello, el problema de seguridad mexicano está resuelto.
Ese promedio no mide todas las formas de violencia ni la influencia política que puedan ejercer los grupos criminales.
La violencia no siempre disminuye cuando deja de disparar. A veces simplemente cambia de forma.
México enfrenta hoy algo quizá más peligroso que una estadística elevada de homicidios: la penetración del crimen organizado en estructuras políticas, económicas y sociales. Ya no basta preguntarnos cuántas personas asesinan los grupos criminales. Tenemos que preguntarnos cuántas decisiones condicionan, cuántos territorios controlan, cuántos gobiernos intimidan y cuántas candidaturas pueden influir.
El proceso electoral 2026-2027 ya está en marcha. La jornada será el 6 de junio de 2027. Se renovarán las 500 diputaciones federales y estarán en disputa 17 gubernaturas, además de miles de cargos locales. El Instituto Nacional Electoral estima que se elegirán 20 mil 109 cargos en todo el país. En un entorno de instituciones debilitadas, fiscalías cuestionadas, policías municipales vulnerables y espacios de impunidad, la elección representa también una oportunidad para quienes buscan convertir poder criminal en poder político.
Durante años hemos hablado del riesgo de que los grupos delictivos impulsen candidatos propios. También debemos prevenir un riesgo menos visible: que actores políticos introduzcan, financien o toleren perfiles vinculados con organizaciones criminales en partidos adversarios para debilitarlos después. No afirmo que exista una estrategia general; planteo un escenario que instituciones y partidos deben prevenir.
Convertir al crimen organizado en instrumento de competencia política sería una forma particularmente perversa de disputar el poder.
Cuando un país llega a ese punto, la delincuencia deja de ser únicamente un problema de seguridad pública y se convierte en un problema de seguridad nacional y de supervivencia democrática.
No se necesita controlar todo un Estado. Basta controlar municipios estratégicos, policías locales, ministerios públicos, rutas económicas, elecciones y suficientes funcionarios capaces de garantizar impunidad.
El crimen organizado entiende algo que la política mexicana parece haber olvidado: el poder no consiste solamente en ocupar un cargo. También consiste en decidir quién lo ocupa.
La corrupción compra voluntades; la impunidad garantiza que resulte rentable. La violencia disciplina a quienes rechazan ambos mecanismos.
Ese triángulo (corrupción, impunidad y violencia) explica la capacidad criminal. Mientras el Estado persigue sicarios, las organizaciones buscan empresarios, policías, alcaldes, fiscales, operadores electorales y políticos. Unos aportan dinero o información; otros, protección y legitimidad.
La delincuencia moderna no pretende necesariamente destruir al Estado. Le resulta más útil asociarse con partes de él.
Ésa es quizá una de las principales amenazas para México.
La Presidente Claudia Sheinbaum tiene razón cuando reconoce los resultados obtenidos por el Gabinete de Seguridad, particularmente bajo la conducción operativa de Omar García Harfuch. Las detenciones, los aseguramientos, la destrucción de laboratorios y la reducción de determinados delitos deben reconocerse.
Pero detener criminales no será suficiente si, simultáneamente, seguimos produciendo instituciones susceptibles de ser capturadas por ellos. Ésa es la paradoja: podemos ganar operativos y perder municipios; detener capos y perder policías; decomisar toneladas de droga mientras una organización criminal consigue colocar a un presidente municipal. Incluso puede bajar el promedio nacional de homicidios mientras determinadas regiones permanecen sometidas a poderes paralelos.
La seguridad no se construye únicamente con policías y Fuerzas Armadas. Se construye con instituciones. México requiere ministerios públicos suficientes, profesionales y honestos; policías de investigación con capacidades reales; fiscalías independientes; jueces suficientes; sistemas penitenciarios que no estén gobernados desde dentro por delincuentes, y autoridades municipales capaces de resistir las presiones del crimen.
Sin todo eso, cada detenido puede ser sustituido y cada organización desarticulada puede recomponerse.
Hemos normalizado demasiado: candidatos asesinados, presidentes municipales amenazados, policías infiltradas, cobros de piso, comunidades en silencio y empresarios obligados a negociar su supervivencia. Una sociedad que normaliza la violencia termina también normalizando la pérdida de libertades.
El INE ha advertido que en algunas regiones grupos armados intimidan votantes, presionan para apoyar candidaturas y roban o destruyen material electoral. También reconoce la dificultad de detectar dinero ilícito en campañas.
La Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas del INE, instalada en septiembre, es un primer paso. La revisión es voluntaria y los partidos conservan la decisión final; debe respetar la presunción de inocencia, la confidencialidad y el debido proceso.
Los partidos no pueden limitarse a revisar expedientes judiciales: la falta de una sentencia no certifica honorabilidad. Deben revisar, con criterios verificables, el origen del financiamiento, redes empresariales y políticas, intereses económicos y vínculos propios de quienes aspiran a gobernar.
El crimen organizado ha aprendido algo elemental: resulta mucho más barato financiar una campaña que combatir durante años contra un gobierno. Y mucho más eficiente tener un funcionario propio que comprarlo después.
México todavía está a tiempo de impedir que esta relación avance. Pero primero debemos aceptar la dimensión verdadera del problema. La amenaza no consiste solamente en que los criminales quieran convertirse en políticos. También debemos prevenir que actores políticos descubran que los criminales pueden ser útiles para conservar, disputar o destruir poder.
Cuando ambas partes llegan a esa conclusión, desaparece la frontera entre delincuencia y política. Y cuando esa frontera desaparece, la democracia puede seguir celebrando elecciones mientras lentamente deja de ser democracia.
@FSchutte
Consultor y Analista