Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el de Claudia Sheinbaum Pardo, seha insistido con denuedo una idea que trató instalar en el sentido común: que en México se tenía “la democracia más cara del mundo” y el Instituto Nacional Electoral formaría parte de una supuesta “clase dorada” privilegiada por el presupuesto público. La frase fue eficazmente parroquial, sin embargo, políticamente impulsó la defensa del INE: “al INE no se le toca”. La falta de coincidencia de realidad y hechos muestra que los datos duros revelan otra historia. Cuando el discurso político se divorcia de la realidad material, se convierte en ideología en el sentido más estricto: una representación invertida del mundo, una fantasía que oculta las relaciones reales de poder. La ideología es “la cámara oscura” donde las imágenes aparecen al revés.
El análisis del gasto electoral entre 2019 y 2027 revela que el sistema electoral mexicano cuesta entre 0.2% y 0.4% del Presupuesto de Egresos de la Federación. Es decir, menos de medio punto porcentual del gasto federal total, incluso en los años de mayor actividad comicial. Aun en los años de mayor gasto, el presupuesto electoral representa menos de medio punto porcentual del Presupuesto de Egresos de la Federación.
En términos absolutos, el presupuesto conjunto del INE y el financiamiento a partidos ha oscilado entre 15.4 mil millones y 32.8 mil millones de pesos entre 2019 y 2026. Los incrementos más altos coinciden, como es natural, con los años de elecciones federales: 2021 (+64%) y 2024 (+62%). Y las reducciones más pronunciadas ocurren inmediatamente después: 2022 (-28.1%) y 2026 (-19.1%).
Los mayores incrementos se observaron en los años de elecciones federales, mientras que las mayores reducciones ocurrieron en los años posteriores. Este comportamiento no es excepcional: es exactamente lo que la literatura comparada en administración electoral describe como ciclos presupuestales naturales. En palabras de Pippa Norris, los sistemas electorales robustos requieren “picos de inversión en años electorales y estabilización en años intermedios”. México no es la excepción; más bien, es un caso típico.
Todo político y gobernante tiene el deber ético, la responsabilidad de hablar con la verdad. La narrativa: “clase dorada” no solo es imprecisa: es políticamente irresponsable, éticamente incalificable. En democracia, la palabra presidencial tiene efectos institucionales. Si se acusa sin sustento a una autoridad electoral de ser onerosa o privilegiada, se erosiona la confianza pública en el árbitro, se alimenta la sospecha y se debilita la legitimidad de los procesos electorales, como se hizo con insolvencia gubernamental.
La evidencia presupuestal muestra que el INE no es un órgano sobredimensionado, sino una institución que opera con un costo proporcional a su mandato constitucional: organizar elecciones universales, confiables, auditables y con altos estándares técnicos. La comparación internacional es contundente: los países con padrones nacionales, voto masivo y fiscalización exhaustiva, como Brasil, Canadá o Corea del Sur, presentan proporciones similares de gasto electoral respecto del presupuesto nacional.
Sin embargo, tenemos una impactante paradoja, la narrativa oficial se vuelve aún más contradictoria con el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2027. La jefa del Ejecutivo federal propone el mayor incremento de toda la serie histórica: +93.6%, para alcanzar 42.3 mil millones de pesos… el monto más alto de la serie analizada.
En denuncia pública que el INE era “caro” con 0.2% del presupuesto federal, ¿cómo justificar ahora un aumento que lo coloca en 0.4%? Si la institución era parte de una “clase dorada”, ¿por qué fortalecerla con el mayor presupuesto de su historia? Si la democracia mexicana era “la más cara del mundo”, ¿por qué incrementarla copiosamente?
La respuesta es simple: la narrativa nunca estuvo basada en datos, sino en estrategia política, en intenciones aviesas de control y poder. La fantasía ideológica intenta encubrir las condiciones reales; la crítica intenta revelarlas. La fantasía promete explicaciones simples; la realidad exige análisis histórico. La fantasía ofrece enemigos imaginarios; la realidad muestra estructuras y procesos.
Lo que SÍ muestran los números: El sistema electoral mexicano es barato en términos relativos: nunca superó 0.3% del gasto federal hasta 2026. Los incrementos responden a ciclos electorales, no a privilegios institucionales. La narrativa de la “clase dorada” fue insostenible frente a la evidencia presupuestal. El aumento proyectado para 2027 contradice el discurso oficial de los últimos 8 años.
La democracia cuesta. Pero cuesta poco. Y cuesta menos que la desconfianza, la polarización y la erosión institucional. En la lógica de una izquierda seria la verdad no es un lujo moral, sino una necesidad política. Sin verdad material, no hay praxis transformadora. Sin praxis, el pensamiento se vuelve retórica. Y sin pensamiento crítico, la acción se vuelve repetición.
En México, la democracia nunca ha sido cara; lo costoso ha sido sostener narrativas que no resisten el peso de los datos.