En Aguascalientes, legisladores locales presentaron un paquete de iniciativas para dar respaldo constitucional y legal a las estancias infantiles, así como establecer previsiones presupuestarias anuales para apoyar su funcionamiento. Actualmente, operan 66 centros de este tipo en la entidad, de acuerdo con la información difundida por el grupo legislativo.
La diputada Laura Ponce Luna informó que la propuesta busca incorporar el acceso a las estancias infantiles como un derecho en la Constitución estatal. El planteamiento también contempla establecer en la legislación la asignación de recursos anuales para estos espacios, sujetos a la disponibilidad presupuestaria.
La iniciativa forma parte de un paquete que incluye una reforma constitucional y modificaciones a la Ley de Desarrollo Social y a la Ley de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil de Aguascalientes.
Por su parte, el diputado Humberto Montero de Alba presentó las propuestas de reforma a las dos leyes secundarias, con el objetivo de incorporar las estancias infantiles a la política estatal de desarrollo social y facilitar el acceso a sus servicios para madres y padres que trabajan, estudian, se capacitan o buscan empleo.
El paquete también plantea fortalecer las condiciones de operación de estos centros mediante acciones de equipamiento, adecuación de instalaciones, seguridad, supervisión, accesibilidad y capacitación del personal.
De acuerdo con los legisladores que impulsan las iniciativas, la propuesta busca dar continuidad a la política estatal de atención infantil y establecer mecanismos de evaluación, transparencia y verificación de resultados.
Ponce Luna señaló que las estancias infantiles permiten a las familias contar con espacios de cuidado y desarrollo para niñas y niños, al tiempo que facilitan que madres y padres puedan incorporarse al mercado laboral o continuar con sus estudios.
La legisladora también recordó que, según el planteamiento presentado, en Aguascalientes operan 66 estancias infantiles desde que en 2019 dejó de funcionar el esquema federal de apoyo a estos centros.
Las iniciativas fueron presentadas por integrantes de los grupos parlamentarios del PAN y Mixto, así como legisladores de otras fuerzas políticas en el caso de las reformas a las leyes secundarias. Para que las medidas propuestas se conviertan en obligaciones legales, deberán seguir el procedimiento legislativo correspondiente.