La solicitud de Rubén Rocha Moya de una nueva licencia, ahora por tiempo indefinido, trasciende el trámite administrativo: revela una práctica política que utiliza las normas para administrar costos y eludir responsabilidades. El episodio obliga a examinar tres deterioros vinculados, constitucional, legal y político, y a preguntarnos cómo recuperar la virtud de la política cuando la responsabilidad pública parece cada vez más negociable.
La primera fractura es constitucional: la licencia indefinida convierte la norma en utilería. La temporalidad del cargo, diseñada para garantizar la continuidad institucional, se manipula para suspender responsabilidades sin extinguirlas; así, la Constitución deja de operar como marco de integridad y se transforma en instrumento para administrar el riesgo político. La norma ya no ordena la conducta: la conducta ordena la norma. Ese desplazamiento concentra el cinismo denunciado: la ley se respeta solo en la medida en que permite evitar el escrutinio.
La segunda fractura es legal. Una licencia indefinida sustituye la razón jurídica por una lógica de maniobra. La ley exige motivación, congruencia y claridad; sin embargo, este tipo de decisión comunica lo contrario: si aumenta la presión, me retiro; si disminuye, regreso; si cambia, suspendo mi presencia. De ese modo, la ley deja de servir a la responsabilidad pública y se convierte en un mecanismo de gestión reputacional. Cuando se utiliza para evitar la evaluación, deja de operar como Derecho y funciona como táctica.
La tercera fractura es política y, a mi juicio, la más grave: la depredación del Estado. En la tradición de pensamiento que Jesús Reyes Heroles desarrolla al dialogar con Mirabeau, la política no consiste en preservar al hombre de poder, sino en someter su energía, su ambición y su cálculo a una obra de Estado subordinada al interés nacional. Aquí ocurre lo contrario: la política deja de ser servicio público y se reduce a supervivencia personal; las instituciones protegen al gobernante en vez de proteger a la República. La licencia indefinida es funcional a esa inversión porque suspende la responsabilidad sin resolverla: mantiene la condición de gobernador con licencia y conserva la estructura de poder, pero difiere el costo moral y político. Cuando el Estado se acomoda a la conveniencia de una persona, la razón política degenera debido a poder. Es la política entendida como botín, no como deber.
La política mexicana ha normalizado un doble estándar: uno para los adversarios y otro para los aliados. El Derecho se interpreta “a modo camarada”. La igualdad ante la ley se erosiona. La confianza pública se desgasta. Y la ciudadanía aprende, con dolorosa claridad, que la responsabilidad constitucional es negociable cuando conviene al poder.
¿Cómo regresarle a la política su valor y su virtud? La respuesta no es moralista. Es institucional. La virtud política comienza por recuperar la responsabilidad constitucional. México necesita un régimen de responsabilidad pública que no dependa de mayorías coyunturales, que no se reduzca a sanciones administrativas y que no permita que la licencia sea un refugio. La responsabilidad debe ser exigible, no optativa.
Ese régimen debería fijar plazos y efectos jurídicos claros para las licencias, exigir una motivación pública suficiente y establecer controles independientes que impidan utilizarlas para conservar poder sin rendir cuentas. Sin esas garantías, el llamado a la responsabilidad corre el riesgo de permanecer en el terreno de la exhortación.
La virtud política también exige reinstalar la ética republicana como estándar público. No se trata de moral privada, sino de una obligación vinculada al ejercicio del poder: transparentar todo aquello que jurídicamente pueda hacerse público y explicar las decisiones que afectan la confianza ciudadana. La confianza no se presume; se demuestra. Ante acusaciones graves, la transparencia no es cortesía, sino deber.
La virtud política requiere, además, reconstruir una razón de Estado democrática. Su finalidad no es proteger al gobernante, sino proteger la Constitución, la integridad institucional, la seguridad nacional, la hacienda pública y la dignidad del ciudadano. Cuando alguno de esos bienes se sacrifica para preservar a quien gobierna, ya no estamos ante una razón de Estado, sino ante una razón de poder. Esa diferencia define la salud de la República.
La virtud política exige rehabilitar la verdad como criterio de legitimidad. La licencia indefinida es, en ese sentido, la suspensión de la verdad: un espacio donde nada se afirma, nada se niega y todo se pospone.
El regreso de Rocha Moya, su salida posterior y la licencia indefinida no deberían cerrarse con la frase “México lo exoneró”. Deberían abrir una discusión más profunda: ¿qué significa gobernar cuando la confianza pública ha sido severamente cuestionada?
El Derecho puede permitir el regreso; el voto puede explicar el mandato; la política puede justificar la decisión. Pero la ética republicana exige convencer a la sociedad.
Ese es el desafío que México necesita: demandar el Estado desde las unas 2027.