Hasta hace nueve años, María nunca había tenido que contratar a un abogado, acudir a una junta de conciliación ni enfrentarse al entramado jurídico del sistema judicial mexicano. Todo cambió después de su divorcio.
El nombre real de María fue cambiado para proteger su privacidad y evitar su identificación. El testimonio y los hechos narrados corresponden a una persona real entrevistada para este reportaje.
En un principio, ella y su expareja lograron llegar a un acuerdo: mensualmente, él aportaría el 20% de su salario -equivalente a 3 mil pesos- para la manutención del hijo que ambos tienen. Sin embargo, con el paso del tiempo, el cumplimiento de esta obligación se volvió intermitente, hasta convertirse prácticamente en inexistente.
La historia de María no es un caso aislado. Es una situación que enfrentan cientos de mujeres que, después de una separación, deben recurrir a instancias legales para exigir que se cumplan las obligaciones de asistencia familiar.
Tan solo en Aguascalientes, entre enero y julio de este año se contabilizaron 190 denuncias por incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, de acuerdo con los registros oficiales. La cifra representa un incremento de 2.7% respecto al mismo periodo de 2025.
No obstante, la realidad es que las denuncias no necesariamente se traducen en una solución inmediata. María asegura que denunció el incumplimiento de la pensión alimenticia desde hace tres años y, hasta ahora, no ha logrado que la obligación sea aplicada directamente sobre la nómina del padre para que las aportaciones lleguen a ella.
El camino ha sido largo. Inicialmente, la demanda no pudo avanzar porque las autoridades no lograban localizar al acusado. Año y medio después se consiguió la notificación y, cuando parecía que el proceso comenzaría a avanzar con mayor rapidez, la burocracia terminó por mantenerlo prácticamente detenido entre entrega de documentos, entrevistas y tiempos de espera.
Mientras tanto, su hijo ya cumplió 12 años. A pesar de las dificultades, nunca le ha faltado comida, educación e incluso momentos de esparcimiento. ¿Cómo lo ha conseguido? Ni siquiera María sabe del todo cómo ha logrado sostenerlo durante estos años.
“El hecho de que yo me haya quedado con la custodia completa me perjudica en poder cumplir con un horario de trabajo y yo no puedo conseguir trabajo tan fácilmente. Han sido nueve años de mucho batallar porque, como mujeres somos las encargadas de ir a entregarlos, de recogerlos y de todas sus actividades, es imposible poder tener un trabajo fijo y bien remunerado y aparte que tengamos que estar sin el tema de la pensión porque no se autoriza o porque no procede. De verdad que es un poco ilógico que no exista ese apoyo o que no se libere de forma inmediata algo que es un derecho del menor, ¿no?”, narró.
Pero, ¿por qué ocurre esto? ¿Qué hace que exigir el cumplimiento de una obligación alimentaria pueda convertirse en un proceso de años? De acuerdo con la Lic. Anette Mejía, abogada especializada en materia familiar, con perspectiva de género y derechos humanos, existen múltiples factores que ayudan a explicar la complejidad de estos casos.
Uno de ellos, y que incide directamente en la lentitud de los procesos, es la carga de trabajo que enfrentan los juzgados familiares. Actualmente, Aguascalientes cuenta con apenas seis juzgados especializados en esta materia para atender una gran cantidad de expedientes. De acuerdo con la especialista, se estima que alrededor del 80% de los asuntos jurídicos que se tramitan en la entidad son de carácter familiar, una proporción que refleja la presión existente sobre estas instancias judiciales.
Y es que comprobar el incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar no es tan sencillo como pudiera parecer. Para acreditar ante un juez los pagos pendientes debe llevarse a cabo un procedimiento conocido como incidente de planilla de liquidación, mediante el cual se determina el monto que el deudor alimentario ha dejado de cubrir.
Incluso cuando existen evidencias del incumplimiento, la persona señalada conserva su derecho a defenderse y puede recurrir a distintas herramientas jurídicas, como ofrecer pruebas, presentar testigos o promover amparos. Esto puede extender todavía más los tiempos para que una resolución se concrete.
“Entonces es una demanda, después una contestación de demanda, el ofrecimiento de pruebas, desahogo de pruebas con sus relativas audiencias; por ello puede volverse un juicio extremadamente prolongado, porque además de que puede tomar a lo mejor un año o más, posteriormente el deudor alimentario tiene la posibilidad de ir a un amparo y el amparo puede tardar otro año. Entonces, por supuesto que es muy desmotivante para las mujeres que son acreedoras alimentarias” indicó la abogada.
A ello se suma el factor económico. Resulta paradójico que una mujer que busca hacer valer el derecho de su hijo a recibir una pensión alimenticia tenga que asumir el costo de contratar representación legal especializada, con honorarios que pueden ascender a decenas de miles de pesos. Para la especialista, esta situación termina convirtiéndose en una barrera adicional para quienes buscan recuperar los recursos que les corresponden.
“A veces la cantidad de dinero que ellas pretenden recuperar es el mismo que pueden gastarse en honorarios de abogados, porque la materia familiar no solamente se ha vuelto compleja para las partes involucradas, sino para nosotros como abogados. Entonces, sí se ha vuelto terriblemente desalentador el sistema judicial”, señaló Mejía.
En el caso de María, el acuerdo alcanzado tras el divorcio establecía que la pensión alimenticia tendría que actualizarse conforme a las modificaciones al salario mínimo. Por ello, actualmente el monto debería ser considerablemente mayor a los 3 mil pesos que fueron fijados inicialmente.
A este incumplimiento se suman, según relata María, episodios que considera humillantes por parte de su expareja. A través de mensajes, asegura, él condicionaba el pago a que ella se lo solicitara “de buena manera” o, en otras ocasiones, realizaba depósitos incompletos. Para la especialista, este tipo de conductas pueden constituir violencia económica, al utilizar el dinero como una herramienta para mantener el control sobre la expareja incluso después de concluida la relación.
“Es una manera de seguir controlando a las mujeres a partir del dinero. Muchas mujeres buscan el divorcio porque hay un control económico que se traduce en ‘no te dejo trabajar, dependes de mi proveeduría, pero la proveeduría te la doy cuando me presentes los tickets’. Muchas mujeres se divorcian por eso para poder hacer una vida en libertad y poder generar sus propios medios económicos. Sin embargo, cuando deciden divorciarse, ya cargan con ellas hijos e hijas y entonces siguen viviendo aquello que vivieron en el matrimonio, porque es una manera de perpetuar esa violencia” explicó.
Poco queda por hacer más allá de esperar una resolución cuando ya se ha presentado una denuncia y el procedimiento se encuentra en curso. No obstante, consciente de que buena parte de la solución depende del funcionamiento del Poder Judicial, la defensora considera importante que las mujeres que atraviesen por una situación similar tomen algunas previsiones desde el momento en que se establece la obligación alimentaria.
Entre sus principales recomendaciones se encuentran:
- Fijar una garantía: Desde el momento en que se firma un convenio de divorcio, establecer algún mecanismo que permita garantizar el cumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar y, en caso de incumplimiento, hacer efectiva la garantía de manera más inmediata. Entre las alternativas que plantea se encuentran garantías inmobiliarias o sobre cuentas y nóminas bancarias.
- Buscar una representación legal ética: Debido a la complejidad y, en ocasiones, a la prolongación de estos procedimientos, algunos abogados pueden abandonar los casos antes de que concluyan. Por ello, considera fundamental contar con una representación legal ética, responsable y comprometida con dar seguimiento al proceso hasta sus últimas consecuencias.
Asimismo, la especialista pone sobre la mesa la necesidad de que el Poder Legislativo consulte a quienes trabajan cotidianamente con estos casos, con el objetivo de identificar posibles modificaciones a la legislación que dificulten el incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar.
Entre los temas que considera necesario analizar se encuentra la relación entre el cumplimiento de la pensión alimenticia y el derecho de convivencia con los hijos. Explica que actualmente ambos aspectos se tramitan de manera independiente, por lo que un padre puede mantener contacto y convivir con sus hijos aun cuando no cumpla con la obligación de contribuir económicamente a su manutención.
En casos como el de María, esto puede ocurrir gracias a la propia voluntad de la madre, quien en ocasiones prefiere no involucrar a los menores en los conflictos entre sus padres y permite que mantengan una relación con su progenitor pese a que este no aporta para su manutención.
“En los juzgados no se vincula de ninguna manera la convivencia que un padre pueda tener con su hijo respecto de si paga o no paga pensión alimentaria. A mí me parece que es un tema que deberíamos de empezar a estudiar si lo vinculamos o no. Porque un padre que no pasa dinero a su hijo, con todo respeto, me parece que no puede decir que ama a su hijo. No solamente no puede decir que ama a su hijo y que es un padre responsable, sino que está cometiendo violencia en su contra; aunque a quien quiera afectar sea la madre, está cometiendo violencia contra ese menor”, planteó.
Por su parte, María considera que existen al menos tres aspectos que deberían atenderse para evitar que otras familias atraviesen por una situación similar: agilizar los procesos de notificación, para evitar que transcurra tanto tiempo antes de que una demanda pueda avanzar; establecer mecanismos que permitan hacer más eficiente el cobro de las pensiones alimenticias adeudadas y generar alternativas para que las mujeres puedan acceder a defensa legal gratuita cuando no cuentan con los recursos para contratar un abogado particular.
Mientras tanto, su hijo tiene ya 12 años. En su corta vida ha tenido que enfrentar cambios de escuela, mudanzas y distintas limitaciones económicas derivadas de una situación que ha estado marcada por el incumplimiento de su padre. Pese a ello, María se muestra satisfecha de haber podido salir adelante y, sobre todo, de acompañarlo durante su crecimiento.
“Han sido altas y bajas y creo que se ha acomodado y yo he hablado mucho con él respecto a eso. A veces hay, a veces no hay, y lo importante es que estemos juntos. Comida, te juro que jamás le ha faltado porque no sé de dónde lo encuentre, pero lo encuentro. Entonces, realmente yo lo veo bien. Lamentablemente, creo que los hacemos madurar antes de tiempo porque les exponemos la situación y ‘esto es lo que hay y se acabó’, ¿no? Pero al final del día yo te digo, veo un niño de 12 años que tiene la capacidad de entender y que disfruta lo que tiene” mencionó.
María mantiene la esperanza de que finalmente se haga justicia. Busca que se reconozca y pague el adeudo acumulado de manera retroactiva y que, hacia adelante, quede establecido el descuento automático de la pensión directamente de la cuenta o nómina del padre, para evitar que el cumplimiento vuelva a depender de su voluntad.
Por ahora, después de años de trámites, espera, gastos y dificultades, solo le queda esperar.