México y Estados Unidos viven hoy una paradoja política difícil de ignorar.
Mientras Washington endurece su estrategia contra los cárteles mexicanos, sus redes financieras y los funcionarios presuntamente vinculados con el crimen organizado, el gobierno mexicano parece concentrar buena parte de su energía en fortalecer el control político interno, debilitar los contrapesos institucionales y ampliar su influencia sobre el espacio público y el debate nacional.
No es una discusión menor. Para Estados Unidos, el crimen organizado mexicano dejó hace tiempo de ser únicamente un problema de narcotráfico. Hoy forma parte de su agenda de seguridad nacional. El tráfico de fentanilo, la migración irregular, el lavado de dinero, la corrupción política y la violencia transnacional han convertido a México en un asunto estratégico para Washington.
No resulta casual que la administración estadounidense haya endurecido su discurso y anunciado acciones cada vez más severas contra organizaciones criminales y contra quienes, desde la esfera política o financiera, pudieran brindarles protección. El mensaje es claro: la mayor amenaza para la estabilidad regional no proviene únicamente de los sicarios, sino también de las estructuras de poder que les permiten operar con impunidad.
Ese contraste adquiere una dimensión aún mayor cuando se observa la narrativa del secretario de Estado, Marco Rubio, quien ha sostenido que Estados Unidos debe enfrentar no solamente a las organizaciones criminales transnacionales, sino también a los regímenes autoritarios que, directa o indirectamente, terminan convirtiéndose en espacios de protección para actividades ilícitas, corrupción o expansión de intereses estratégicos contrarios a las democracias occidentales.
Puede compartirse o no esa visión de la política exterior estadounidense. Lo que resulta imposible ignorar es la contradicción que aparece al observar lo que sucede dentro de México.
Mientras Washington habla de fortalecer instituciones, perseguir redes criminales y contener gobiernos autoritarios, México parece recorrer el camino inverso.
La desaparición de organismos constitucionales autónomos, el debilitamiento de los mecanismos de transparencia, la incertidumbre sobre la independencia futura del Poder Judicial, la creciente concentración política y los intentos por ampliar la regulación sobre los contenidos difundidos por los medios de comunicación dibujan un panorama que merece una profunda reflexión.
Las democracias modernas no dependen únicamente de celebrar elecciones. Dependen, sobre todo, de la existencia de instituciones capaces de limitar al propio poder. Cuando esos límites desaparecen, la democracia comienza lentamente a vaciarse de contenido.
Uno de los ejemplos más preocupantes es la reforma sobre el denominado “derecho de las audiencias”. En teoría, proteger a las audiencias parece un objetivo legítimo. Nadie podría oponerse a promover información veraz o mecanismos eficaces para combatir la desinformación.
El problema aparece cuando conceptos deliberadamente ambiguos permiten que el Estado termine interviniendo en los contenidos editoriales.
Cuando un gobierno comienza a decidir qué información resulta aceptable, cuál debe corregirse y cuál puede generar sanciones, estamos entrando en el terreno de lo que yo llamo una mordaza intelectual.
La censura del siglo XXI rara vez consiste en cerrar periódicos. Es mucho más sofisticada. Basta generar suficiente incertidumbre jurídica para que periodistas, empresarios, académicos y comunicadores practiquen la autocensura. El efecto termina siendo exactamente el mismo.
Resulta paradójico que mientras se impulsa un supuesto fortalecimiento del derecho de las audiencias, desde la propia tribuna presidencial se emitan descalificaciones públicas contra medios de comunicación y ciudadanos. Se invita a no consumir determinados espacios informativos y, en ocasiones, se formulan señalamientos sobre personas específicas antes de que exista una resolución judicial definitiva. La presunción de inocencia deja de ser un principio jurídico para convertirse en una excepción política.
Lo afirmo también desde la experiencia personal. Hace años fui objeto de una intensa campaña de desprestigio en diversos medios de comunicación, derivada de una evidente venganza política. Finalmente, un Tribunal Colegiado concluyó que jamás debí haber sido imputado. Sin embargo, aquella experiencia no disminuyó mi convicción sobre la importancia de la libertad de expresión; por el contrario, la fortaleció. Precisamente porque conozco el enorme daño que puede provocar una información falsa, sigo convencido de que la solución no consiste en otorgar mayores facultades al gobierno para controlar el debate público. La respuesta debe encontrarse en la responsabilidad ética del periodismo, en el derecho de réplica, en la aplicación imparcial de la ley y en el fortalecimiento de una ciudadanía capaz de distinguir entre información y propaganda.
La inteligencia artificial añade una complejidad inédita. Hoy es posible fabricar videos, audios e imágenes prácticamente indistinguibles de la realidad. Las noticias falsas pueden propagarse en cuestión de minutos. Sin duda, el Estado debe actualizar su legislación para enfrentar esos riesgos. Pero una cosa es combatir la manipulación informativa y otra muy distinta permitir que el poder político determine qué puede decirse y qué no.
Existe otro hecho que merece atención. Recientemente se conocieron cuestionarios aplicados a estudiantes de educación básica en los que se solicita información sobre el patrimonio de sus hogares: automóviles, televisores, computadoras y diversos bienes familiares. Es posible que dichos instrumentos tengan objetivos estadísticos o académicos perfectamente legítimos. Sin embargo, en un contexto donde la confianza institucional se encuentra profundamente erosionada, resulta indispensable ofrecer absoluta transparencia respecto del uso, resguardo y finalidad de esos datos. La confianza ciudadana no se exige; se construye.
También la política exterior mexicana comienza a mostrar contradicciones difíciles de explicar. El gobierno mexicano ha expresado opiniones sobre procesos políticos en algunos países de la región. Sin embargo, cuando Daniel Ortega terminó por eliminar en los hechos la competencia democrática en Nicaragua, la respuesta oficial fue invocar el principio de la autodeterminación de los pueblos y la no intervención. La doctrina Estrada constituye uno de los grandes legados de la diplomacia mexicana y merece preservarse. Pero conviene formular una pregunta elemental: ¿cómo puede un pueblo ejercer su derecho de autodeterminación cuando deja de tener la posibilidad real de elegir libremente a sus gobernantes? La autodeterminación no consiste únicamente en impedir la injerencia extranjera. También supone que los ciudadanos puedan decidir periódicamente quién ejerce el poder. Cuando esa posibilidad desaparece, el concepto pierde buena parte de su contenido democrático.
Mientras tanto, México continúa enfrentando una de las crisis de seguridad más profundas de su historia contemporánea. Los cárteles controlan territorios, infiltran instituciones, desplazan comunidades, extorsionan empresas y mantienen una capacidad económica que desafía al propio Estado.
Ese debería ser el centro del debate nacional. No la concentración del poder. No la desaparición de contrapesos. No el debilitamiento de las instituciones independientes. No la expansión de mecanismos que terminen limitando la libertad de expresión.
La fortaleza de una democracia no se mide por la capacidad del gobierno para controlar el discurso público. Se mide por su capacidad para tolerar la crítica, garantizar la independencia de sus instituciones y someter el ejercicio del poder a límites efectivos.
Mientras Estados Unidos parece convencido de que el mayor riesgo regional proviene de la convergencia entre crimen organizado, corrupción y autoritarismo, México corre el riesgo de recorrer un camino que debilite precisamente los instrumentos democráticos necesarios para enfrentar esa amenaza.
Porque la historia enseña una lección constante: los gobiernos no comienzan a parecerse a los regímenes autoritarios cuando encarcelan periodistas. Empiezan a parecerse cuando dejan de aceptar que el poder también debe tener límites
@FSchutte
Consultor y analista