No creo que estemos frente a un simple comunicado sobre visas. Me parece que estamos viendo algo mucho más importante. A veces los grandes cambios geopolíticos comienzan con documentos que pasan prácticamente inadvertidos. El anuncio realizado por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, estableciendo restricciones migratorias para quienes apoyen o faciliten actividades de organizaciones terroristas de extrema izquierda puede ser uno de esos casos. Detrás de una decisión aparentemente administrativa podría estar naciendo una nueva doctrina de seguridad para Occidente.
Durante buena parte del siglo XX, el gran adversario de Estados Unidos fue el comunismo soviético. La política exterior, las alianzas militares y buena parte de la estrategia internacional giraron alrededor de contener su expansión. Con la caída del Muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética, ese paradigma desapareció y fue sustituido por otro. Después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, la prioridad pasó a ser el terrorismo internacional. Durante más de dos décadas, la seguridad occidental se concentró en impedir nuevos ataques, desmantelar redes extremistas y enfrentar a organizaciones capaces de actuar más allá de las fronteras nacionales.
Más recientemente apareció un nuevo enemigo: las organizaciones criminales transnacionales, particularmente aquellas vinculadas con la producción y distribución de fentanilo y otras drogas sintéticas que han provocado una crisis sanitaria sin precedentes en Estados Unidos. Sin embargo, el comunicado de Rubio parece anunciar una etapa distinta. Ya no se trata únicamente de combatir grupos terroristas o cárteles de la droga por separado. La amenaza comienza a definirse por la convergencia entre radicalización ideológica, violencia política, delincuencia organizada, financiamiento ilícito, propaganda y captura institucional.
Ese cambio de enfoque merece atención. El problema deja de ser exclusivamente una organización criminal o un grupo extremista. Lo que preocupa es la posibilidad de que ambos terminen actuando coordinadamente, apoyándose mutuamente y debilitando desde dentro a las instituciones democráticas. Cuando la violencia política encuentra respaldo económico en estructuras criminales, o cuando organizaciones delincuenciales descubren que pueden obtener protección mediante alianzas políticas, la naturaleza misma de la amenaza cambia.
Sería ingenuo ignorar que Marco Rubio es una de las figuras con mayores posibilidades de competir por la candidatura presidencial republicana en los próximos años. Es natural que cada uno de sus posicionamientos tenga también una dimensión política interna. Pero esa circunstancia no deslegitima el contenido de su mensaje. En política internacional ocurre con frecuencia que las campañas anticipan las doctrinas y que las doctrinas, tarde o temprano, terminan convirtiéndose en políticas de Estado. Descalificar un planteamiento únicamente porque quien lo formula tiene aspiraciones políticas sería un error de análisis.
Tengo la impresión de que el mundo está entrando en una nueva etapa de reacomodo estratégico. Ya no basta con hablar de un enfrentamiento entre Oriente y Occidente. Hoy parecen perfilarse tres grandes espacios. El primero está integrado por las democracias occidentales que, con todas sus imperfecciones, siguen defendiendo la economía de mercado, las libertades individuales, la alternancia en el poder y el Estado de derecho. El segundo gira alrededor de potencias autoritarias que privilegian el control político, la concentración del poder y una creciente influencia tecnológica y económica. El tercero está formado por países que intentan moverse entre ambos bloques, negociando con unos y con otros según sus intereses inmediatos.
México forma parte del primer espacio. No solamente por razones geográficas, sino porque su economía, su comercio, su seguridad y millones de relaciones familiares lo vinculan de manera irreversible con América del Norte. Precisamente por ello, cualquier redefinición de la doctrina de seguridad estadounidense terminará teniendo consecuencias para nuestro país.
Durante muchos años pensamos que el crimen organizado era, ante todo, un problema policiaco. Después comprendimos que también era un desafío para la seguridad nacional. Hoy el riesgo parece ser todavía mayor. La delincuencia organizada ya no busca únicamente controlar rutas de tráfico o mercados ilegales. En muchos lugares intenta influir en elecciones, financiar campañas, imponer candidatos, intimidar autoridades, controlar territorios y condicionar decisiones gubernamentales. El objetivo deja de ser solamente obtener ganancias económicas; pasa a ser también ejercer poder político.
La captura del Estado no siempre ocurre mediante un golpe militar. Con frecuencia avanza silenciosamente. Municipio por municipio. Elección por elección. Fiscalía por fiscalía. Contrato por contrato. Cuando ese proceso madura, las instituciones conservan su apariencia democrática, pero parte de sus decisiones ya no responde al interés público, sino a intereses criminales.
México conoce esa realidad mejor que la mayoría de los países. Existen regiones donde resulta difícil explicar la fortaleza del crimen organizado sin reconocer distintos niveles de corrupción, complicidad, tolerancia o sometimiento institucional. También existen evidencias de que organizaciones criminales han intentado influir en procesos electorales, presionar gobiernos locales y condicionar el ejercicio de la autoridad. La pregunta relevante ya no es si esos intentos existen. La verdadera pregunta es hasta dónde han llegado.
El fenómeno no es exclusivo de México. América Latina ofrece diversos ejemplos de instituciones debilitadas por la corrupción, la violencia y la penetración de organizaciones criminales. En algunos casos, esas estructuras han encontrado coincidencias tácticas con movimientos políticos radicales cuyo objetivo inmediato no siempre es fortalecer la democracia, sino conservar el poder. Esa convergencia, más que una coincidencia ideológica, constituye un problema geopolítico.
También conviene reconocer otro fenómeno. Durante décadas, buena parte de la agenda progresista contribuyó a ampliar libertades y a combatir discriminaciones que debían desaparecer. Sería injusto negarlo. Sin embargo, algunos sectores de esa nueva izquierda terminaron desplazando la defensa de las libertades hacia una política de identidades, agravios permanentes y confrontación social. En lugar de construir ciudadanos iguales ante la ley, comenzaron a clasificar a las personas en categorías enfrentadas entre sí. El resultado fue una polarización creciente que debilitó el debate público y facilitó la manipulación política.
Cuando esa narrativa se combina con gobiernos dispuestos a utilizar los recursos públicos para construir clientelas políticas, o cuando sirve para justificar la tolerancia frente a organizaciones violentas porque supuestamente representan una causa superior, el problema deja de ser ideológico. Se convierte en un asunto de seguridad para las democracias.
Quizá dentro de algunos años volvamos a leer el comunicado de Marco Rubio. No por las restricciones de visas, ni siquiera por las aspiraciones presidenciales de su autor. Lo haremos porque tal vez ahí comenzó a delinearse una nueva doctrina para Occidente. Una doctrina que entiende que las amenazas del siglo XXI ya no provienen exclusivamente de ejércitos extranjeros, organizaciones terroristas tradicionales o cárteles considerados de manera aislada, sino de la convergencia entre delincuencia organizada, radicalización ideológica, desinformación, financiamiento ilícito y captura institucional.
Si esa interpretación es correcta, el documento pasará a la historia por una razón distinta a la que hoy imaginan la mayoría de los analistas. Habrá sido el primer aviso de que Occidente decidió dejar de combatir amenazas separadas para enfrentar un fenómeno mucho más complejo: la alianza entre quienes pretenden destruir las democracias desde la violencia y quienes buscan capturarlas desde el poder.
@FSchutte
Consultor y analista