Aguascalientes figura entre las 25 ciudades del país donde se ha convocado a una marcha pacífica el próximo 1 de agosto para manifestar el rechazo a un convenio de colaboración en materia hídrica firmado entre la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) de Chihuahua y la Agencia Israelí de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Mashav), en el contexto del genocidio en la Franja de Gaza.
La convocatoria ha sido difundida principalmente a través de redes sociales. En el caso de Aguascalientes, se invita a las personas interesadas a concentrarse a las 9:30 horas en la Glorieta del Quijote, desde donde partirá un contingente rumbo a Plaza Patria. De acuerdo con la información compartida por los organizadores, la movilización será de carácter pacífico y no estará encabezada por alguna organización en particular, sino por personas voluntarias que se ofrecieron a coordinar la actividad.
La jornada nacional ha sido promovida en TikTok por la creadora de contenido “Amiga Mágica” (@amigamagica), quien ha impulsado el lema “Mi casa no será Gaza”, con el que busca visibilizar el rechazo a la colaboración entre instituciones mexicanas e israelíes y expresar solidaridad con la población palestina.
En los videos con los que promueve la movilización, la activista sostiene que el convenio podría abrir la puerta a la privatización del agua y acusa que la agencia israelí con la que se firmó el acuerdo ha participado en proyectos que han contribuido al despojo de recursos hídricos de la población palestina. Bajo esa premisa, llama a rechazar cualquier tipo de colaboración con instituciones israelíes.
¿Qué está pasando en Chihuahua?
El origen de las movilizaciones se remonta a 2023, cuando la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) de Chihuahua firmó un Plan de Cooperación con la Agencia Israelí de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Mashav). Aunque el contenido íntegro del acuerdo no ha sido hecho público, autoridades chihuahuenses han señalado que está enfocado en la transferencia de tecnología para el sector agrícola y que su vigencia se extenderá hasta 2027.
No obstante, el colectivo Salvemos los Cerros ha cuestionado la legalidad del convenio al sostener que no fue registrado ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ni ante la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID). De acuerdo con la organización, ello contravendría los artículos 6 y 9 de la Ley sobre la Celebración de Tratados, que establecen la obligación de registrar ante la Cancillería los acuerdos institucionales de carácter internacional.
Además de los cuestionamientos jurídicos, el colectivo ha expresado su preocupación por el modelo técnico contemplado en el convenio. En particular, señala que los procesos de ósmosis inversa propuestos para el tratamiento del agua no responden a las condiciones geográficas e hidrológicas de Chihuahua. En su lugar, la organización plantea que la estrategia debería centrarse en la protección de las zonas de recarga de acuíferos, así como en una reconversión de las actividades agrícolas e industriales para reducir la presión sobre el recurso hídrico.