“Baja California tiene una crisis política que se convirtió en crisis de seguridad nacional”, advierte el legislador panista tras la segunda filtración de audios de Marina del Pilar Ávila Olmeda con presuntos interlocutores estadounidenses.
El diputado federal César I. Damián Retes, del Partido Acción Nacional (PAN), exigió este martes a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, separarse del cargo mientras enfrenta las investigaciones derivadas de la filtración de audios que la vinculan con presuntos intermediarios de agencias estadounidenses de seguridad y justicia. De no atender la solicitud, anunció que impulsará un juicio político en su contra ante la Cámara de Diputados.
“Que pida licencia como lo hizo Rocha Moya, para que resuelva su situación en privado y no durante su mandato, en horario laboral y con el dinero de los bajacalifornianos, y en caso de no escuchar las exigencias ciudadanas, impulsaré juicio político en el Congreso de la Unión”, planteó el legislador.
ANTECEDENTES: DOS FILTRACIONES EN MENOS DE UN MES
El expediente de los audios. La controversia se originó el 22 de junio de 2026, cuando el columnista Héctor de Mauleón dio a conocer en El Universal una primera grabación en la que una voz atribuida a la gobernadora dialoga con un intermediario y un traductor sobre la posibilidad de resolver, con ayuda de abogados y en el propioconsulado estadounidense en Tijuana, los “términos” de eventuales sanciones y cargos en su contra. Marina del Pilar reconoció la autenticidad de esa conversación, aunque rechazó haber pactado “acuerdos en lo oscurito” con Washington y sostuvo que se trató de gestiones legales para atender la revocación de su visa, ocurrida en mayo de 2025, la misma suerte que corrió su entonces esposo, Carlos Torres Torres, hoy investigado por presunto narcotráfico y lavado de dinero.
El lunes 13 de julio, el mismo columnista difundió un segundo audio, esta vez con un interlocutor identificado como asesor externo del FBI, en el que la mandataria expresa su disposición a “hablar de todo” y a compartir información de las mesas de seguridad estatales a cambio de detener un eventual proceso de cargos o extradición. El gobierno de Baja California confirmó la existencia de la charla, pero la calificó como “fragmentos de una conversación privada” sostenida con personas que no acreditaron formalmente representar a autoridades de Estados Unidos.
Sobre esta segunda grabación, Damián Retes señaló que la nueva pieza confirma que la gobernadora mintió respecto a sus contactos con agencias de Estados Unidos, lo que a su juicio constituye “traición a la patria”, toda vez que —afirmó— la mandataria ha entregado información sin notificar a la presidenta ni sujetarse a un esquema formal de colaboración y coordinación binacional, lo que representa además un problema de seguridad nacional que ha encendido señales de alerta tanto en el gobierno federal como al interior de MORENA.
“Lo que queda claro con estos nuevos audios (que Marina del Pilar ya confirmó que son reales) es que ahora en México tenemos el cartel de los sapos y que la gobernadora, en su desesperación, ofrece información privilegiada a la que tiene acceso al presidir la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) con tal de salvarse.”
El diputado panista sostuvo que, por esa razón, Ávila Olmeda debe separarse de inmediato de la presidencia de la Conago.
“NARCO SERIE” Y RETIRO DE VISAS EN BAJA CALIFORNIA
Damián Retes recordó que Baja California es la entidad donde más visas han sido canceladas por autoridades estadounidenses a funcionarios públicos: la propia gobernadora, la diputada federal Aracely Brown, la senadora con licencia Julieta Ramírez, la diputada local Alejandra Ang (encargada de la revisión de cuentas públicas) y la alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante, lo que —dijo— configura lo que calificó como un “narco serie” que se vive en el estado.
El legislador acusó también a Marina del Pilar y a Carlos Torres de haberse coludido con la delincuencia organizada y de diversificar actividades ilícitas más allá del huachicol y el contrabando, entre ellas la designación de Ismael Burgueño en la presidencia municipal de Tijuana, a quien atribuyó el otorgamiento irregular de licencias utilizadas, según su dicho, para extorsionar a empresarios, emprendedores y trabajadores desde el propio Ayuntamiento.
“Mientras tanto las familias son las que más sufren y pagan la crisis de inseguridad; por ello, en Acción Nacional exigimos pida licencia y que considere lo que está ocurriendo como traición a la patria”, finalizó Damián Retes. Nw