La democracia no solo se pone a prueba el día de la elección. También se fortalece o se debilita mucho antes, cuando quienes aspiran a un cargo público deciden respetar o desafiar las reglas que garantizan una competencia equitativa.
Aunque el proceso electoral de 2027 aún no inicia formalmente, los ciudadanos ya observamos una creciente actividad política en distintos espacios públicos. Eventos masivos, promoción personalizada, estructuras de apoyo y campañas de posicionamiento comienzan a formar parte del paisaje cotidiano bajo distintas denominaciones. La pregunta es inevitable: ¿estamos frente a ejercicios legítimos de participación política o ante campañas adelantadas?
Más allá de los tecnicismos jurídicos, el principio que debe prevalecer es muy claro: la ley electoral existe para garantizar condiciones de igualdad entre quienes competirán por la confianza ciudadana. Su interpretación debe proteger ese propósito y no convertirse en un mecanismo para eludirlo.
Cuando algunos actores políticos encuentran formas de adelantarse a los tiempos legales, se genera una ventaja que termina afectando la equidad de la contienda. Las reglas dejan de ser las mismas para todos y, con ello, también se erosiona la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas.
Y existe otro elemento igualmente importante: el financiamiento. Toda actividad de promoción política implica recursos. Por ello, resulta indispensable que la ciudadanía conozca quién financia estos esfuerzos, de dónde provienen esos recursos, bajo qué figura jurídica operan y si cumplen plenamente con la legislación electoral. La transparencia no puede comenzar cuando inicia oficialmente una campaña; debe existir desde el primer momento en que se busca influir en la opinión pública.
Quien aspira a gobernar debe demostrar, desde el inicio, su compromiso con la legalidad y la rendición de cuentas. La confianza ciudadana se construye con congruencia, no únicamente con discursos.
En este contexto, las autoridades electorales enfrentan una responsabilidad fundamental. El Instituto Nacional Electoral, el Instituto Estatal Electoral de Baja California y los tribunales electorales deben actuar con oportunidad, aplicar la ley sin excepciones, establecer criterios claros para identificar actos anticipados de campaña y fiscalizar rigurosamente los recursos destinados a la promoción política. La certeza jurídica beneficia por igual a los partidos, a los candidatos y, sobre todo, a la ciudadanía.
Los mexicanos sabemos distinguir cuándo existe un verdadero proceso interno y cuándo, en los hechos, ya se desarrolla una estrategia de campaña. Los actos multitudinarios, la propaganda permanente y el posicionamiento público sostenido difícilmente pasan desapercibidos.
La fortaleza de nuestra democracia dependerá de que las reglas se apliquen con imparcialidad, independientemente del partido político, del cargo que se busque o del nivel de popularidad de quien aspire a ocuparlo. La ley debe ser igual para todos.
Las elecciones de 2027 representan una nueva oportunidad para fortalecer nuestras instituciones democráticas. Cuidar la equidad de la competencia y exigir transparencia en el origen y destino de los recursos no favorece a ningún partido en particular; favorece a México y a la confianza de los ciudadanos en sus procesos electorales. Porque una democracia sólida comienza mucho antes del primer voto: comienza cuando todos deciden competir bajo las mismas reglas y criterios.
La autora es contadora pública certificada y presidente de COPARMEX Tijuana
Nw