La presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, Alma Delia Camacho Patlán, informó que los juzgados mixtos especializados en violencia de género operan actualmente bajo un modelo limitado y con “carga cero”. Explica que su permanencia y expansión dependerán de las condiciones presupuestales y de resultados.
En entrevista, explicó que estos órganos jurisdiccionales fueron diseñados para atender exclusivamente los asuntos que la Fiscalía General del Estado judicialice en materia de violencia contra las mujeres, mientras que el resto de los delitos continúa su trámite en los juzgados tradicionales.
“Estos juzgados mixtos empezaron con carga cero. Es decir, que cuando la Fiscalía empiece a judicializar entran a los juzgados mixtos estos delitos que están relacionados con violencia contra las mujeres; los demás siguen en la justicia normal”, señaló.
La magistrada precisó que, por ahora, el modelo se mantiene en cuatro municipios del estado y no hay planes inmediatos para ampliarlo debido a restricciones presupuestales derivadas de la Ley de Disciplina Financiera.
“Las cuestiones presupuestales no nos permiten la ley de disciplina financiera aumentar un personal más del 3%”, explicó.
También, comentó que esta limitante impide ampliar la estructura del Poder Judicial a corto plazo.
Indicó que la implementación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares representa un reto adicional que concentra la prioridad institucional, debido a su fecha límite de entrada en vigor en abril de 2027.
“Si usted me preguntara, necesitamos mucho personal, el problema es que la ley de disciplina financiera nada más nos permite el 3%. Estamos hablando que si quisiéramos unas 65 plazas… mínimo se necesitan 65, pero necesitábamos como 400 plazas para poder implementar el Código Nacional”, expuso.
Camacho Patlán señaló que, bajo estas condiciones, los juzgados mixtos permanecerán en su etapa actual durante 2026 y 2027, sin expansión a otros municipios en el corto plazo.
“No quiero dar falsas expectativas, efectivamente van a quedar en estos cuatro”, afirmó.
La funcionaria estatal añadió que, si el modelo demuestra eficiencia operando con recursos limitados, se podría evaluar una segunda etapa de expansión hacia 2028.
“Si podemos trabajar con un mínimo de personas, podríamos intentar ver para 2028 la implementación de la segunda etapa”, indicó.
Respecto a la reforma judicial y su implementación, la magistrada explicó que el Poder Judicial trabaja en la armonización normativa y en la reorganización institucional para cumplir con los nuevos lineamientos federales.
Finalmente, señaló que cualquier discusión sobre derechos laborales o jubilaciones dentro del sistema judicial corresponde al Congreso del Estado, al ser la instancia facultada para reconocerlos o modificarlos en la legislación secundaria.