El Congreso de Aguascalientes aprobó una reforma al Código Penal y a la Ley de Educación del Estado para proteger a maestros, directivos y personal administrativo frente a amenazas, intimidaciones, hostigamiento y acusaciones sin sustento.
La diputada Lucía de León Ursúa explicó que la iniciativa nació a petición del propio magisterio, la cual fue revisada junto con representantes sindicales y posteriormente respaldada por legisladores de distintas fuerzas políticas.
La reforma establece penas de uno a tres años de prisión para quienes amenacen, intimiden o coaccionen a personal educativo durante el ejercicio de sus funciones. Además, endurece las sanciones por actos de hostigamiento y contempla castigos cuando se utilice a menores de edad para dañar o intimidar a docentes, directivos o trabajadores de las escuelas.
La legisladora aclaró que la intención no es impedir que padres de familia o estudiantes denuncien posibles irregularidades, sino garantizar que exista una investigación adecuada antes de aplicar cualquier medida contra un trabajador de la educación.
“Es para que no se les vulneren sus derechos, que primero se investigue debidamente como debe de ser y ya una vez que haya una investigación, entonces se lleve a cabo el proceso que corresponda”, señaló.
Entre los cambios aprobados también se incorpora el principio de presunción de inocencia en los procedimientos de atención a denuncias y se busca evitar sanciones anticipadas, separaciones arbitrarias del cargo o exposiciones públicas sin que existan elementos suficientes.
“Aquí es importante recalcar que no se trata de vulnerar los derechos de los niños o de los jóvenes, ni mucho menos de prohibir que los padres de familia opinen o hagan lo que deban hacer. Se trata de que se haga el debido proceso correctamente”, sostuvo.
La diputada sostuvo que la reforma busca dar certeza tanto a estudiantes como al personal educativo, evitando que una acusación sin pruebas pueda afectar la reputación, el empleo o la trayectoria profesional de un maestro.
“Lo que se busca es que realmente esté fundada y sustentada cualquier declaración o señalamiento que se haga en contra de un maestro o de cualquier persona que trabaje dentro de un centro educativo”, concluyó.