La administración municipal del puerto intervino en abril el contrato de alumbrado público de la ciudad y suspendió los pagos a la empresa concesionaria —que opera 44 mil luminarias bajo un modelo de ahorro energético validado por la CFE, auditado por PwC y registrado ante la SHCP— sin que el Congreso del Estado haya emitido dictamen. El caso ocurre semanas antes de la revisión del T-MEC y en el centro del Plan México, la apuesta federal por atraer inversión privada al sector energético.
El 1 de abril de 2026, mientras el gobierno federal anunciaba en conferencia de prensa la llegada de decenas de miles de millones de dólares en inversión privada al sector energético, el Ayuntamiento del puerto de Veracruz hacía lo contrario: intervenía el contrato de alumbrado público de la ciudad mediante una figura de requisa cuya legalidad se encuentra en disputa, y suspendía los pagos a la empresa concesionaria. Desde entonces, Wardenclyffe Veracruz Puerto opera 44 mil 535 luminarias sin recibir un solo peso de remuneración contractual.
El expediente, que involucra capital europeo, una obligación financiera registrada ante la Secretaría de Hacienda y cuatro administraciones municipales que nunca lo objetaron, descansa ahora en el Congreso del Estado de Veracruz sin dictamen. El silencio institucional contrasta con el ruido que el tema empieza a generar fuera del país.
“La empresa continúa prestando el servicio sin haber recibido pago conforme al contrato desde el inicio de la actual administración.”
EL MODELO QUE NADIE CUESTIONÓ DURANTE NUEVE AÑOS
El contrato tiene una arquitectura inusual para el sector público mexicano: opera bajo un modelo ESCO —Energy Service Company—, en el que la empresa concesionaria solo cobra si genera ahorro energético verificable respecto a la línea base de consumo del municipio. En términos simples: si la luminaria no ahorra, la empresa no cobra. Si ahorra, el municipio comparte ese beneficio económico con el concesionario. El plazo corre hasta mayo de 2033.
El esquema, que lleva en operación desde 2017, fue validado técnicamente por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), auditado por PricewaterhouseCoopers (PwC) al momento de su constitución, revisado por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS) y registrado en el padrón de obligaciones financieras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Los pagos no se realizaban con presupuesto directo del municipio: se canalizaban a través de un fideicomiso en la fiduciaria Multiva, con cargo a las participaciones federales.
Cuatro administraciones municipales de tres partidos distintos mantuvieron el contrato en operación sin objeción formal alguna. La quinta decidió intervenirlo.
En el proyecto participa también capital europeo: la empresa Airis, multinacional española con más de tres décadas de trayectoria en el mercado internacional de tecnología, forma parte de la inversión. Ese detalle —que el contrato no es solo un asunto local— adquiere especial relevancia en el contexto diplomático y comercial del momento.
LA REQUISA: UN INSTRUMENTO EN DISPUTA
La figura utilizada por el Ayuntamiento para justificar la intervención del contrato es la requisa. En términos jurídicos, la requisa es una medida excepcional del Estado para asumir temporalmente la operación de un servicio estratégico ante situaciones de emergencia o interés público urgente. Su uso en un contrato de alumbrado público —cuyo servicio, según consta en la documentación, ha funcionado sin interrupciones durante nueve años— resulta cuando menos discutible.
La disputa no es semántica: de la naturaleza jurídica de la intervención depende si el municipio está facultado para suspender los pagos, si la empresa tiene derecho a indemnización y si la SHCP y la fiduciaria Multiva quedan obligadas a actuar. El Cabildo escaló el caso al Congreso del Estado, que al cierre de esta edición no ha emitido dictamen. La administración municipal tampoco ha difundido una postura pública.
El Congreso del Estado mantiene el expediente sin resolución. El municipio no ha emitido postura pública. La empresa sigue operando.
PLAN MÉXICO Y LA CONTRADICCIÓN QUE NADIE NOMBRA
El caso de Veracruz no ocurre en el vacío. Ocurre en el centro de una de las apuestas más ambiciosas del gobierno federal: el Plan México, la estrategia de atracción de inversión privada al sector energético con la que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum busca movilizar alrededor de 56 mil millones de dólares, a razón de 1.4 pesos de capital privado por cada peso público.
Desde enero, la Secretaría de Energía ha reportado más de setenta propuestas de proyectos público-privados. Empresas como BlackRock, Grupo México, Copenhagen Infrastructure Partners y Cox Energy han firmado acuerdos para ampliar la generación y reforzar la red eléctrica nacional. El empresario Carlos Slim, en su conferencia de prensa anual, anunció inversiones por unos 5 mil millones de dólares para 2026 y declaró no estar preocupado por la certeza jurídica para los inversionistas en México.
Sin embargo, mientras esas declaraciones circulaban, una empresa con capital europeo que operaba un contrato de eficiencia energética con todas las validaciones institucionales del caso —CFE, PwC, ORFIS, SHCP— veía intervenido su contrato y suspendidos sus pagos sin resolución. La contradicción entre el discurso federal y la práctica municipal es, en sí misma, una señal para los inversores que evalúan el riesgo-país.
LA MIRADA INTERNACIONAL QUE MÉXICO NO PUEDE IGNORAR
El debate sobre certeza jurídica en México lleva meses generando eco más allá de la frontera. Medios de referencia como El País, de España, y La República, de Colombia, así como la agencia Bloomberg, han seguido de cerca el clima de inversión en el país. El informe de clima de inversión del Departamento de Estado de Estados Unidos señala al sector energético entre los de mayores dudas regulatorias.
El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), con sede en Washington, ha advertido que la reforma judicial mexicana introdujo incertidumbre sobre el cumplimiento de los contratos. La salida del mercado mexicano de Iberdrola —la eléctrica española que en su momento fue uno de los mayores inversores privados en energía en el país— ha sido citada reiteradamente como ejemplo de ese entorno cambiante.
La revisión del T-MEC está prevista para julio de 2026. En ese contexto, un contrato con capital europeo intervenido por una administración municipal, sin dictamen del Congreso estatal y con pagos suspendidos, es exactamente el tipo de caso que los negociadores comerciales rastrean.
LO QUE SIGUE Y LO QUE NO SE HA DICHO
La definición del expediente corresponde, en primera instancia, al Congreso del Estado de Veracruz. Pero el caso involucra al menos tres instancias federales: la Secretaría de Hacienda, ante la que está registrada la obligación financiera; la fiduciaria Multiva, que administra el fideicomiso de pagos; y, de forma indirecta, la CFE, que validó técnicamente el contrato.
La empresa concesionaria, Wardenclyffe Veracruz Puerto, ha informado que continúa operando el sistema. Es decir: 44 mil 535 luminarias del puerto siguen encendidas, el servicio no se ha interrumpido, pero la empresa que lo presta no cobra. Nueve años después de que el contrato comenzara a operar, su futuro depende de una resolución que no llega.
Mientras tanto, el Plan México necesita que los inversores crean que sus contratos se respetan. Veracruz, por ahora, les ofrece un argumento en sentido contrario.
CLAVES DEL CASO
› Contrato ESCO firmado en 2017, con vencimiento en mayo de 2033.
› 44 mil 535 luminarias en operación; empresa sin pago desde inicio de la administración actual.
› Validado por CFE, PwC y ORFIS; registrado ante la SHCP; pagos a través de fideicomiso Multiva.
› Capital europeo: participa Airis, multinacional española con más de 30 años en tecnología.
› Expediente en el Congreso del Estado de Veracruz sin dictamen. Municipio sin postura pública.
› Revisión del T-MEC prevista para julio de 2026.
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