El caso de Rafael e Iñaki, los dos menores de edad denunciados por los cargos de lesiones y robo tras una riña con otros dos jóvenes, ya se encuentra en manos del Poder Judicial y podría resolverse por medio de la conciliación, confirmó el fiscal general del Estado de Aguascalientes, Manuel Alonso García.
El titular de la institución detalló que los cargos recaen sobre cuatro personas en total, incluyendo a dos adultos conocidos de los menores que los acompañaron en los hechos. Según las investigaciones de la fiscalía, los imputados presuntamente lesionaron con armas blancas a las víctimas y posteriormente les robaron un teléfono celular que después llevaron a vender.
“Estos jóvenes, junto con dos personas vinculadas a proceso, agreden a otros menores de edad, roban un teléfono celular, de hecho los agreden con armas blancas. En el contexto de la identificación identificamos a 4 responsables y judicializamos el caso y el juez los vinculó a proceso, pero es un delito que puede llegar a la mediación con la reparación del daño” detalló.
Alonso García descartó que se les esté fabricando un delito, luego de que familiares y allegados a los hoy detenidos se manifestaran acusando dicho supuesto, bajo el argumento de que los menores agredidos tenían influencias en el gobierno. El fiscal reiteró que los menores se deberán apegar a lo que sentencie el juez en caso de que no se logre una conciliación previa.
“Aquí no se inventó nada, hay una consecuencia de lo que llevaron a cabo y siempre lo hemos dicho, así como hay consecuencias para los delitos de alto impacto, hay consecuencias cuando hay menores lesionados o cuando hay robos. Si dejamos impunes hasta las faltas administrativas o los delitos menores, esto irá escalando” subrayó.
Respecto a la detención supuestamente arbitraria y posterior liberación del activista Carlos Darío, a quien presuntamente se le privó de la libertad tras haber participado en las manifestaciones contra las condecoraciones a Isabel Díaz Ayuso, el fiscal descartó los señalamientos de tortura que su familia vertió tras su liberación.
“Hay instituciones y mecanismos de control interno que conllevan a la investigación y cuando hay elementos de prueba o una relación, siempre se tendrá que judicializar. En este caso, nosotros no tenemos ninguna evidencia de que haya habido tortura” sostuvo.
Al respecto, confirmó que el integrante de la juventud comunista aún enfrenta el proceso por delitos contra la salud en libertad.