El Congreso del Estado de Aguascalientes aún no ha solicitado formalmente la opinión del Instituto Estatal Electoral (IEE) respecto a la iniciativa que pretende retirar el registro o la acreditación estatal a los partidos políticos que mantengan vínculos con el crimen organizado o reciban recursos de procedencia ilícita.
Al respecto, la consejera presidenta del IEE, Clara Beatriz Jiménez, precisó que el Código Electoral vigente ya contempla medidas coercitivas contra los institutos y actores políticos que incurran en estas prácticas. Sin embargo, subrayó que la fiscalización de dichos recursos es una facultad que corresponde directamente al Instituto Nacional Electoral (INE).
“El uso de recursos ilícitos no especificados en la legislación, sí es sancionado por el Instituto Nacional Electoral (INE), que hasta este momento tiene esta facultad. Habrá que conocer la iniciativa, no conozco si redunda, pues no nos han consultado oficialmente” precisó.
Por su parte, el consejero Javier Mojarro Rojas recordó que, durante los procesos electorales, el IEE y el INE trabajan de manera coordinada en la ejecución de las sanciones correspondientes a este y otros supuestos. No obstante, los consejeros se dijeron abiertos a dar el visto bueno y analizar la propuesta que está próxima a votarse en el pleno.
“La fiscalización de los recursos para determinar tanto el origen como el uso, es un tema que, de acuerdo a las competencias, es exclusivo para el INE desde el artículo 41 de la constitución. Habrá que ver los términos de la iniciativa, pero esta tiene que ser armónica con la disposición existente” subrayó.
De acuerdo con la iniciativa, la pérdida del registro local aplicaría únicamente cuando exista una sentencia firme emitida por autoridad competente, y se compruebe responsabilidad institucional del partido político, ya sea por tolerancia, encubrimiento o beneficio derivado de actividades ilícitas.
El documento también establece que las sanciones incluirían la cancelación de prerrogativas estatales, la imposibilidad de participar en elecciones locales y la transferencia de activos adquiridos con recursos públicos al Instituto Estatal Electoral (IEE).