El Poder Judicial del Estado de Aguascalientes enfrenta un rezago acumulado de 232 juicios de paternidad que se mantenían estancados desde hace aproximadamente seis años. Esta problemática comenzará a revertirse tras la firma de una declaratoria institucional, celebrada el pasado 8 de mayo, entre las autoridades procuradoras de justicia y el Poder Ejecutivo estatal.
La Magistrada Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, María José Ocampo Vázquez, destacó que, a partir de este acuerdo, la realización de las pruebas de ADN se financiará directamente con presupuesto público. Esta medida busca garantizar el derecho a la identidad de niñas, niños y adolescentes, eliminando la barrera económica que impedía el avance de los procesos legales para cientos de familias hidrocálidas.
“Llevábamos ya casi 6 años sin que se pudieran llevar a cabo en Aguascalientes, pero ahora el Poder Judicial las realizará con su propio presupuesto. Tenemos casi 250 pendientes y las que vengan el resto de este año y los subsecuentes” precisó.
Ocampo Vázquez atribuyó el rezago a la falta de presupuesto que se tenía para este apartado en el Poder Judicial, al retraso generalizado en los procesos institucionales y a factores externos como la pandemia por COVID-19, la cual acentuó las carencias antes mencionadas.
“Pedimos el histórico de las pruebas de paternidad y desde 2020 no se habían hecho; con COVID se atrasó mucho pero después de eso no hubo un recurso para poderlas realizar. La fiscalía tiene las máquinas, pero son especializadas y tienen otro fin, lo que provocó que algunos se desistieran de sus juicios” señaló.
Las pruebas de paternidad se utilizan en juicios relacionados con la paternidad, maternidad y filiación. Estos juicios pueden incluir el reconocimiento de paternidad, la desconocida paternidad, la responsabilidad financiera paternal y la resolución de conflictos entre padres.