El gobierno de Aguascalientes podría estar frente al siguiente gran descalabro jurídico y financiero, después de perder el predio donde hasta 2015 se encontraba la Villa Charra, por la probable pérdida de los terrenos donde se construyó el Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA).
También la Policía Federal Preventiva (PFP) está en riesgo de tener que indemnizar o devolver el predio donde se construyó el su sede en el estado, pues el Tribunal Unitario Agrario ordenó al gobierno de Aguascalientes, a la Policía Federal y a la asociación civil Casa del Maestro Jubilado indemnizar a 48 ejidatarios por la ocupación ilegal de 14.2 hectáreas del Ejido Ojocaliente, sobre las que se construyeron Instituto de Educación (IEA), el Instituto Estatal de Seguridad Pública (IESPA), la Casa del Maestro Jubilado y el cuartel de la PFP.
Aún no se calcula el valor de la indemnización, pues se espera que el Tribunal Superior Agrario dicte sentencia en el juicio de revisión que los afectados promovieron, solicitando que los terrenos les sean devueltos sin las instalaciones que se erigieron sobre éstos. Si en última instancia los tribunales fallan a favor de los ejidatarios, las administraciones estatal y federal que estén en funciones cuando se emita la resolución deberán demoler esos inmuebles y entregar los terrenos limpios.
Conflicto añejo
El 28 de noviembre de 2013, ejidatarios de Ojocaliente demandaron la restitución de los derechos colectivos de 14.2 hectáreas de uso común, sobre las que están construidas las oficinas del IEA, el IESPA, la PFP y la Casa del Maestro Jubilado.
En mayo de 2016, el Tribunal Unitario Agrario reconoció esos terrenos como propiedad de los 48 ejidatarios vivos, pero negó la devolución de los predios al considerar que son usados como de utilidad público, y ordenó indemnizar al Ejido con el equivalente al valor de los predios actualizados a la fecha.
No se ha realizado el avalúo de los terrenos porque se promovió ante el Tribunal Superior Agrario un juicio de revisión, cuya sentencia se espera a finales de agosto. Los ejidatarios argumentan que si bien las oficinas albergan instituciones públicas y/o dan servicios públicos, no son bienes de utilidad pública y por lo tanto pueden ser reubicadas.
Cualquiera que sea el sentido de la resolución, incluso en tercera instancia (juicio de amparo), el gobierno que esté en funciones lleva las de perder. Si se determina procedente la restitución de la posesión de los predios, deberá demoler el IEA y el IESPA y regresar los predios al Ejido Ojocaliente. Lo mismo tendrán que hacer la Policía Federal y la asociación civil que administra la Casa del Maestro Jubilado.
Si se mantiene firme la indemnización, los ejidatarios estiman que deberán recibir alrededor de 300 millones de pesos, por el incremento natural del valor de la tierra en los últimos 30 años y por la plusvalía que los terrenos adquirieron con la apertura del Centro Comercial Espacio, en 2015.
Decretos que ‘se comieron’ la tierra
Los terrenos en conflicto fueron expropiados por el gobierno del estado en marzo de 1984, cuando el gobierno de Rodolfo Landeros Gallegos realizó la tercera de cinco expropiaciones al Ejido Ojocaliente.
Sin embargo, miembros del Comisariado Ejidal aseguran que las construcciones comenzaron desde antes y que, desde entonces, acudieron a la Secretaría General de gobierno para manifestar su inconformidad. Afirman que ninguna administración los tomó en cuenta y que, por evitar problemas, decidieron actuar por la vía judicial 30 años después.
Cuitláhuac López Flores, abogado que lleva el caso, insiste, planos en mano, en que esos predios no formaron parte de ninguno de los cinco decretos expropiatorios emitidos entre 1966 y 1992 sobre el Ejido Ojocaliente.
“Se hizo en 2012 un estudio técnico jurídico para, con base en él, poder ejercitar la acción ante el Tribunal Agrario y ante dicho tribunal fuimos a dirimir la controversia (…) Los decretos expropiatorios son un acto jurídico. Hay una resolución, luego de la resolución hay una diligencia de posesión y deslinde a favor de quien se expropia, hay un plano definitivo de expropiación. Los documentos jurídicos, desde nuestro punto de vista son muy claros: esta superficie no fue expropiada, de derecho no fue expropiada, estamos convencidos”, señala tajante.
Si, como se espera, la sentencia del juicio de revisión se emite en agosto, el proceso tendrá que reponerse en segunda instancia. Después, todavía quedaría el Tribunal Colegiado de Circuito para promover un amparo si alguno de los involucrados no queda conforme con la resolución. Pero desde el punto de vista del abogado, los ejidatarios tienen la razón:
“Dicen que es parte de la expropiación y que hubo un error en el caminamiento de la expropiación, situación que no puede ser porque por eso se levantó el plano y ahí está la resolución expropiatoria. No sabemos si fue alguna ocupación previa que pensarían expropiar después… No sabemos, solo sería adivinar. La verdad jurídica es que no se ha segregado la superficie controvertida del ejido, que es propiedad del ejido como tierras de uso común y que está ocupado por terceros ajenos al ejido sin mediar acto jurídico alguno, esa es la única verdad”.
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