La iniciativa conocida como Ley 3 de 3, impulsada desde hace años como un mecanismo para fortalecer la transparencia en el servicio público, continúa sin avanzar en el Congreso de Aguascalientes, donde aún se encuentra en revisión su viabilidad dentro del marco electoral.
El presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, Emanuelle Sánchez Nájera, explicó que el principal punto de discusión ha sido la forma en que originalmente se planteó la propuesta, la cual, dijo, generó complicaciones jurídicas.
“Cuando fue presentado por el tema electoral es que tenía una cuestión que jurídicamente rebasaba todos los límites; en una integración de una plantilla, por ejemplo, para alcaldes… con uno solo que hubiera fallado en la de 3 de 3, el planteamiento era que se cayera toda la fórmula”, detalló.
De acuerdo con el legislador, este diseño fue considerado excesivo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que frenó su avance en ese momento.
“Esto se consideró a todas luces excesivo y la corte no lo pudo validar. Esa fue la razón por la que en su momento no avanzó porque estaba, digamos, desproporcionada”, señaló.
No obstante, el propio diputado reconoció que, más allá de las supuestas fallas técnicas, el fondo de la iniciativa sí es pertinente, aunque hasta ahora no se haya concretado en la entidad.
“Yo creo que sí se debe de incluir. Creo que es importante que se avancen estos controles para quien pretende ostentar un cargo público, pero estaba mal planteado”, afirmó.
La propuesta, impulsada desde 2016 por organizaciones como Transparencia Mexicana y el Instituto Mexicano para la Competitividad, busca obligar a los candidatos a presentar sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses como requisito para competir por un cargo público.