Más de 470 mujeres han sido atendidas por violencia vicaria en León

El Instituto Municipal de las Mujeres (IMMujeres) en León ha brindado más de 470 atenciones a mujeres que enfrentan violencia vicaria el año pasado y lo que va de 2026, una problemática que impacta directamente su bienestar emocional al utilizar a hijas e hijos como medio de agresión.

De acuerdo con cifras del propio instituto, 364 de estas atenciones se registraron durante 2025, mientras que en los primeros meses de este año ya suman 112 mujeres que han solicitado apoyo ante este tipo de violencia.

La atención se realiza bajo un esquema integral que incluye acompañamiento legal, psicológico y social, con el objetivo de garantizar la protección de las víctimas y apoyarles en la reconstrucción de su vida. A través de trabajo social, orientación jurídica y atención emocional, se busca que las mujeres recuperen su estabilidad y fortalezcan su entorno familiar.

La directora de Atención Integral a las Mujeres, Celia Arellano González, señaló que esta forma de violencia ha existido por años, pero recientemente ha comenzado a visibilizarse. 

“La violencia vicaria ya no es invisible; hoy la nombramos y reconocemos la complejidad que viven estas mujeres”, afirmó.

Indicó que, en muchos casos, esta violencia se presenta junto con otras problemáticas, como la económica o patrimonial, e incluso el incumplimiento de obligaciones alimentarias. 

Además, la funcionaria municipal dijo que para atender estos casos, el IMMujeres mantiene disponible la Unidad Mujer a Salvo, con servicio las 24 horas, además de líneas telefónicas y canales digitales para brindar apoyo inmediato a quienes lo requieran. 

“Nuestro propósito es que recuperen su tranquilidad y fortalezcan el vínculo con sus seres queridos mediante un acompañamiento que protege y orienta”, agregó.

Finalmente, aseguró que la atención también se ve reflejado en el ámbito legal, ya que recientemente la violencia vicaria fue tipificada como delito autónomo en Guanajuato, con sanciones que van de tres a siete años de prisión, además de multas y posibles restricciones en derechos de custodia.