El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito en Guanajuato, resolvió por unanimidad pedir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ejerza su facultad de atracción sobre el Amparo Directo 51/2025, relacionado con el caso de Guadalupe Barajas Piña. Se trata del único proceso judicial derivado del hallazgo de una fosa clandestina en Salvatierra, donde en octubre de 2020 fueron localizados 81 cuerpos.
La resolución de la SCJN será determinante para definir si se confirma la única sentencia condenatoria obtenida por estos hechos o si el caso queda sin castigo, lo que familiares y colectivos advierten como un posible escenario de impunidad.
Hace más de cinco años se dió el hallazgo en el Barrio de San Juan, donde fueron encontrados los restos de decenas de personas desaparecidas. Desde entonces, familias del colectivo Ángeles de pie por ti han buscado que el sitio se convierta en un espacio de memoria para honrar a las víctimas. De las 81 personas localizadas sin vida, únicamente se han identificado a 65, la mayoría originaria de Salvatierra y de municipios aledaños.
La familia Barajas Piña señaló que su lucha comenzó con la desaparición de María Guadalupe Barajas Piña conocida como la maestra Lupita y se agravó con el asesinato de Francisco Javier, quien se convirtió en buscador y defensor de derechos de familias de personas desaparecidas. Y su homicidio estaría relacionado con su labor de búsqueda de su hermana.
María del Tránsito Piña Sánchez, madre de Guadalupe, denunció que, pese al acompañamiento de organizaciones civiles y organismos internacionales, los procesos judiciales continúan sin resoluciones definitivas. Entre las instancias que han dado seguimiento al caso mencionó a la Organización de las Naciones Unidas, la Comisión Europea y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Por su parte, el padre buscador Javier Barajas hizo un llamado a estas instituciones para que se pronuncien ante el Poder Judicial estatal y federal. La atracción del asunto por parte de la SCJN representa una oportunidad histórica para garantizar justicia.