Por Redacción | Nw Baja California
Tijuana, Baja California.- En el marco de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a Baja California, el debate sobre la seguridad pública volvió a colocarse en el centro de la agenda, no por anuncios espectaculares ni por balances triunfalistas, sino por la creciente distancia entre el discurso oficial y la realidad que perciben (y padecen) amplios sectores de la ciudadanía.
El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California (CCSPBC), encendió una alerta mediante un comunicado que expresa un enérgico reclamo que va más allá del protocolo político: la ausencia de espacios abiertos y reales de diálogo con la sociedad organizada durante la visita presidencial resulta preocupante en un estado que hoy se ubica entre los más golpeados por la violencia, la extorsión y la percepción de inseguridad en el país.
La inseguridad que no se diluye con estadísticas
En Baja California, las cifras oficiales pueden mostrar fluctuaciones, pero la percepción social permanece anclada en el miedo cotidiano señalo Roberto Quijano, Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California. La violencia de alto impacto como homicidios dolosos, desapariciones, secuestros, extorsión y cobro de piso, se ha normalizado en amplias zonas urbanas y rurales, particularmente en corredores estratégicos como Tijuana, Mexicali, Ensenada, Rosarito y el Valle de San Quintín.
Uno de los fenómenos más corrosivos es la escalada del cobro de piso y la extorsión, delitos que han mutado en mecanismos sistemáticos de control territorial. Comerciantes, transportistas, desarrolladores inmobiliarios y pequeños empresarios reportan amenazas constantes, pagos forzados y represalias, en un ambiente donde denunciar implica, muchas veces, exponerse a mayores riesgos ante la debilidad de las capacidades de investigación y protección institucional.
Fosas clandestinas: la más reciente herida abierta en el Valle de Mexicali
A escasas horas previas a la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum, la reiterada aparición de fosas clandestinas con un número creciente que superaba al medio día una veintena de cuerpos en el Valle de Mexicali, se ha convertido en uno de los símbolos más crudos de la crisis de seguridad y de derechos humanos que se vive en el estado. Cada hallazgo no solo confirma la magnitud del problema de desapariciones, sino que desnuda la insuficiencia de las estrategias de prevención, búsqueda y procuración de justicia, expreso Roberto Quijano.
Para colectivos de víctimas y organizaciones civiles, estos descubrimientos son la prueba de una violencia estructural que no ha sido contenida y que sigue avanzando al margen de discursos oficiales. La exigencia es clara: menos retórica y más coordinación efectiva entre federación, estado y municipios.
Desconfianza política y desgaste institucional
El contexto no es menor. A la crisis de seguridad se suma una disminuida confianza ciudadana en los gobiernos, alimentada por escándalos políticos recientes, disputas internas y señales de fragmentación dentro del partido morena, el partido oficialista en la entidad. Este desgaste institucional erosiona la credibilidad de cualquier anuncio en materia de seguridad y dificulta la construcción de consensos mínimos con la sociedad.
En ese escenario, el señalamiento del CCSPBC adquiere un peso particular: sin diálogo genuino, sin escucha activa y sin incorporación de la percepción ciudadana, las políticas públicas de seguridad corren el riesgo de convertirse en ejercicios administrativos desconectados de la realidad del territorio, señalo Roberto Quijano.
Seguridad con ciudadanía o seguridad simulada
El mensaje de fondo es contundente. La seguridad pública no se fortalece únicamente con despliegues, estadísticas o narrativas de control, sino cuando la autoridad escucha, integra y responde a la ciudadanía organizada. Ignorar esa premisa, especialmente en una entidad fronteriza como Baja California (clave para la seguridad nacional y la relación bilateral con Estados Unidos), implica profundizar la brecha entre gobierno y sociedad.
La visita presidencial deja así una pregunta abierta: ¿será Baja California un laboratorio de reconstrucción de confianza y seguridad con participación ciudadana, o continuará atrapada entre cifras oficiales y una realidad que, día a día, desmiente cualquier optimismo prematuro?
Por ahora, la respuesta sigue pendiente.Nw