Mediante un decreto publicado el pasado 17 de julio, el Gobierno Federal dio a conocer la eliminación de la Comisión Nacional de Zonas Áridas (CONAZA); posteriormente, el 3 de enero de 2026, se anunció el cierre de las sedes en Aguascalientes de la Procuraduría Agraria y del Registro Agrario Nacional, informó el dirigente del Frente de Lucha Campesina, Manuel Medina Ortega.
Ambas decisiones, criticó el líder campesino, dejan sin certeza jurídica a más de 182 ejidos y 3 comunidades indígenas del estado, quienes, aunado a la reubicación del Tribunal Agrario desde mayo de 2024, enfrentan cada vez mayores dificultades para la resolución de sus conflictos, muchos de ellos relacionados con presuntos despojos, estafas o engaños.
“Aguascalientes es de los que más merece la atención de CONAZA, porque estamos en punto rojo dentro del plano nacional por el estrés hídrico, entonces ellos llevaban distintos programas, como aviones, ollas captadoras de agua, bordos y elementos para la captación de lluvia y rehabilitación de mantos freáticos” señaló.
En este sentido, Medina Ortega acusó al actual Gobierno Federal de dar continuidad a políticas de corte neoliberal que, afirmó, se arrastran desde la administración de Carlos Salinas de Gortari, con el objetivo de desmantelar al campo mexicano mediante la eliminación de instituciones, programas y recursos que respaldan al sector primario del país.
“Dejó de dar servicio la procuraduría agraria y el registro agrario nacional; este último es como el registro civil de las personas, lleva el registro de las parcelas de todos los ejidos, entonces, todos los juicios están parados porque siempre nos piden la constancia de hechos parcelarios o cualquier otro documento” lamentó.
Aunado a ello, el dirigente lamentó que ya comienza a percibirse un desánimo generalizado entre el gremio campesino, integrado en su mayoría por personas de la tercera edad, quienes cada vez muestran menor respaldo a los amparos, movilizaciones o recursos legales que buscan revertir estas medidas, mismas que consideran un detrimento directo a sus derechos agrarios.