México es uno de los países más peligrosos para la prensa con más de 90 periodistas asesinados y al menos 17 desaparecidos en los últimos 16 años. Distintas organizaciones internacionales como Reporteros Sin Fronteras (RSF), el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) y Artículo 19, por mencionar algunas, han expresado la urgencia de que existan garantías para quienes desempeñan esta labor además de que han insistido en las omisiones por parte del Estado mexicano en garantizar la integridad de comunicadores.
Es en este contexto que un grupo de periodistas ha decidido estrenar una casa-refugio para sus colegas que son acosados. La idea, explican, es que los reporteros que se sientan amenazados pero que por miedo o recelo decidan no pedir auxilio al mecanismo de protección gubernamental, tengan un espacio donde quedarse y recibir apoyo de compañeros y especialistas.
“Es una casa en donde nosotros queremos que estén con la alimentación, con todos los servicios, que estén seguros y que tengan acompañamiento psicológico”, explicó a la agencia AFP Judith Calderón, presidenta de la Casa de los Derechos de los Periodistas.
Ubicada en un lugar que la organización no quiere revelar y con capacidad para una docena de personas, esta inédita y modesta casa-refugio debería abrir sus puertas en las próximas semanas… pero ya tiene lista de espera.
“Precisamente porque los compañeros se sienten en confianza porque, por primera vez, hay una casa de periodistas para protegerlos” sin que tengan que solicitar ayuda a las autoridades que a veces son las agresoras, dice Calderón.
La Casa de los Derechos de Periodistas (CDP) fue fundada el 12 de agosto de 2010 con los propósitos de prestar apoyo, asesoría, acompañamientos y otras acciones necesarias para proteger la integridad y los derechos de los periodistas y comunicadores, cuando estos se encuentren en riesgo por el ejercicio de su profesión.Sus operaciones se iniciaron en febrero de 2011.
“El diseño que los fundadores le dieron a la CDP, son particularidades que la hacen diferente a otros organismos defensores de la libertad de expresión en México: el concepto integral de protección derivado del análisis de las vulnerabilidades para el ejercicio del periodismo en México; la amplitud del universo de personas para atender, y su alcance tanto geográfico, como de tareas de capacitación, incidencia y organización para beneficio de periodistas”, explica la organización en su página web.
De entre los más de 90 asesinatos de periodistas, 19 ocurrieron en Veracruz en los últimos seis años. De hecho, el último homicidio ocurrió en esta entidad, la más violenta de América Latina contra la prensa.
El reportero de nota roja Pedro Tamayo, fue privado de su vida el pasado 20 de julio en su casa pese a estar inscrito en el mecanismo de protección de ese estado. La familia asegura que policías estatales facilitaron su asesinato.
Como el Tamayo, quien se desplazó un tiempo a Tijuana pero, a su regreso, se le asignó una vigilancia esporádica de policías, otro caso, el de Rubén Espinosa marcó un antes y un después al tratarse del homicidio de un periodista en la Ciudad de México, hasta hace un año un lugar exento de estos crímenes.
El fotógrafo Rubén Espinosa se sentía hostigado por las autoridades de Veracruz y huyó sin protección a la capital mexicana, donde apareció asesinado en extrañas circunstancias junto a cuatro mujeres y sin que hasta la fecha la autoridades capitalinas hayan podido esclarecer el móvil del multihomicidio.
Aunque la Ciudad de México se consideraba un refugio para los periodistas dejó de serlo tras este asesinato el cual disparó todas las alarmas pese a que la Procuraduría sigue sin poder explicar si su asesinato fue por su actividad periodística o tenía relación con alguna de las cuatro mujeres asesinadas con él.
“El asesinato de Rubén fue una sacudida y aunque en las marchas en el DF hay muchas agresiones de policías a periodistas, la mayoría de los homicidios han ocurrido en los estados”, afirma Judith Calderón.
Mientras su organización termina de estudiar las medidas de seguridad que tendrá la casa-refugio, el caso de Espinosa saca a la luz la debilidad de las redes informales del gremio en casos de peligro.
El joven fotógrafo, que no quiso inscribirse al mecanismo oficial, salió de Veracruz sólo con apoyo de colegas que no tenían los medios o la estructura de protección del Estado.
Pero la administradora de la casa-refugio, la periodista y activista Sara Lovera, está segura que su proyecto funcionará: “no queremos más buenas voluntades ni que nos ayuden supuestos redentores”.
Con crímenes que nunca se resuelven por completo y agresores en libertad, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) coloca a México en el séptimo lugar del mundo en su Índice Global de Impunidad por detrás de países como Irak, Siria o Afganistán.
El gobierno mexicano lanzó en 2012 el mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y periodistas que ha protegido a 181 comunicadores con medidas que van desde entregarles un botón de pánico, asignarles escoltas, instalar cámaras en sus casas o darles refugio en otros estados. Veracruz creó su propio mecanismo también en 2012.
Los mecanismos son normalmente reactivos y “lo que va a garantizar protección es seguridad física más abatimiento de la impunidad (…) pero la impunidad persiste y eso es un mensaje claro de que, en cualquier momento, puede ocurrir una agresión mayor”, denuncia Leopoldo Maldonado, coordinador del área de protección de la ONG para la libertad de expresión Artículo 19.