Las principales amenazas externas que enfrentan las empresas que operan en México son la corrupción de las autoridades, los ataques a la cadena logística y los episodios de extorsión, revela la séptima edición del Informe de Seguridad Empresarial eleborado por laAmerican Chamber of Commerce of Mexico (AmCham/Mexico).
Para el informe de AmCham, una organización que agrupa 1400 empresas, que representan cerca del 70 por ciento de la inversión extranjera directa del país, se aplicó un cuestionario a presidentes, directores Generales y CEOs de los corporativos así como a los responsables directos del área de seguridad.
El 56 por ciento de las empresas que respondió la encuesta es de capital extranjero; el 28 por ciento son empresas nacionales que operan sólo en México, y el 13 por cientos son empresas mexicanas con operaciones en el extranjero.
El informe identifica a los estados de Tamaulipas, Estado de México, Michoacán, Ciudad de México, Nuevo León, Guerrero, Jalisco, Veracruz, Sinaloa y Coahuila como los de mayor dificultad para sus operaciones en materia de seguridad.
A nivel local, Reynosa en Tamaulipas, Ecatepec en el Estado de México, Iztapalapa en la Ciudad de México, Monterrey en Nuevo León, Morelia en Michoacán, Guadalajara en Jalisco, Acapulco en Guerrero, Veracruz, Torreón en Coahuila y Culiacán en Sinaloa aparecen en la lista de los diez municipios más desafiantes en materia de seguridad.
Otro de los hallazgos del estudio presentado este día refiere que el 63 por ciento de los encuestados considera que el nivel de seguridad de su empresa se ha mantenido igual con respecto al año anterior; el 25 por ciento percibió mayor seguridad y el 12 por ciento consideró menor seguridad en comparación al año previo.
Un dato destacado en el informe es que entre los entrevistados que declararon una mejora en las condiciones de seguridad de su empresa, el 83 por ciento lo atribuyó a las medidas implementadas por su propia organización y sólo un 12 por ciento a los esfuerzos hechos por las autoridades federales.
“Estas estadísticas muestran que el sector privado se ha visto obligado a incrementar sus medidas internas, para mejorar las condiciones de seguridad en las que operan”, refirió AmCham/Mexico.
Los mismos resultados indican que aquellas empresas que reportan un deterioro en las condiciones de su seguridad, lo relacionaron al aumento de los delitos y a la corrupción en el país, indicadores que han permanecido constantes durante las últimas tres ediciones.
En cuanto a los incidentes más comunes que enfrentan las empresas, el informe detecta a la extorsión virtual, el robo, los ataques a la cadena logística, las agresiones contra empleados, la intrusión de instalaciones, así como las manifestaciones, bloqueos y disturbios sociales como las más comunes, con más de cinco episodios por año para cada uno de ellos.
Los mismos datos indican que los actos de extorsión virtual presentaron un crecimiento del 10 por ciento en comparación con el periodo anterior. La intrusión de instalaciones pasó de un 13 a un 29 por ciento en 2015.
Para enfrentar las amenazas externas, el 39 por ciento de las empresas incrementó sus medidas de seguridad a partir de recursos propios; el 30 por ciento notificó a las autoridades y un 14 por ciento prefirió la contratación de consultores externos.
Una tercera parte de las empresas consultadas indicó que, adicionalmente a su inversión inicial, destinan menos del 2 al 10 por ciento al mantenimiento de medidas de seguridad. Únicamente el 6 por ciento dijo gastar por arriba del 10 por ciento de su presupuesto.
Pese a los datos antes expuestos, el 62 por ciento de las empresas aseguró no haber reducido sus inversiones durante 2015 debido a problemas de seguridad, una de las cifras más altas obtenidas en la historia del informe.
De hecho, únicamente 10 empresas dijeron haber reubicado sus operaciones dentro del país por motivos de seguridad, dejando los estados de Tamaulipas, Ciudad de México, Guerrero y Chihuahua, para ubicarse en Querétaro, Yucatán, Puebla, Oaxaca y Nuevo León.
Pese a ello, el 68 por ciento de las empresas aseguró no haber desinvertido en México por razones de seguridad.
Únicamente seis empresas, mayoritariamente dedicadas a la minería, industria farmacéutica, alimentos y bebidas, fabricación de componentes para la industria ferroviaria y tecnología, que operaban en Nuevo León, Estado de México, Tamaulipas, Jalisco y Campeche trasladaron sus operaciones a Estados Unidos y Canadá.